- El control absoluto que se reserva el Gobierno español en el reparto de los fondos europeos ha desatado una ola de protestas entre las comunidades autónomas, y lo ha abocado por primera vez a rectificar sus planes. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha visto forzada a retirar el reglamento que le aseguraba el mismo número de votos que a las comunidades (19) y le garantizaba, además, el voto de calidad para el desempate, de manera que su criterio siempre iba a resultar victorioso. En la conferencia sectorial que se constituyó ayer para abordar el reparto, el Gobierno Vasco anunció su rechazo al plan, pero fue una queja generalizada, protagonizada también por comunidades del PP, algunas socialistas como la valenciana y Castilla-La Mancha, y Catalunya. Ante la protesta y sin llegar a votarlo en la conferencia sectorial, Montero anunció que retira el plan y presentará otro borrador, lo que supone abrir un resquicio a una colaboración y escucha que no ha existido hasta la fecha.
La situación comenzaba a ser muy preocupante y exigía una rectificación profunda a juicio del Ejecutivo vasco. En la conferencia sectorial constituida ayer por la ministra con los gobiernos autonómicos, el consejero Pedro Azpiazu le trasladó su rechazo al reglamento. La ministra se reservaba tantos votos como las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y el voto de calidad. Para el Gobierno Vasco, denigra a las comunidades. Desde una actitud colaborativa, Azpiazu propone una vía alternativa que además ya existe: que se imite el reparto de los fondos europeos Feder, donde el Estado decide el destino del 35%, pero el restante 65% lo deciden las instituciones vascas con su propio plan operativo. Azpiazu planteó que el Estado y cada comunidad firmen un acuerdo para el periodo 2021-2026, que cada territorio pueda tomar decisiones y que el destino de los fondos se adapte mejor a su realidad, haya cooperación y exista una gobernanza colaborativa real.
El Gobierno Vasco esgrime el borrador de la Unión Europea sobre el reglamento del fondo de resiliencia MRR, que menciona en su considerando 16.f la relevancia del papel de las regiones para una ejecución más rápida y eficaz. Ese reglamento se va a aprobar en el Parlamento Europeo en febrero, y lo que planteaba el Estado español se situaba en abierta contradicción. Además, esta es una demanda generalizada, también desde comunidades del PP, que piden llevar el asunto al Consejo General de Política Fiscal y Financiera o incluso una queja a Europa. La soledad del Gobierno de Sánchez lo abocaba a rectificar, aunque está por ver en qué dirección lo hace. El Gobierno Vasco está preocupado también por que el Estado quiera guiar las inversiones hacia el turismo o el comercio, cuando Euskadi quiere realizar una apuesta por la industria, el hidrógeno verde y el coche eléctrico. Aspira a captar 5.700 millones, sobre un total de casi 60.000 activados desde Europa para luchar contra las consecuencias del virus. El propio lehendakari había enviado una carta a Sánchez para que atendiera los proyectos vascos. Este asunto es vital para el PNV y estuvo en las conversaciones presupuestarias porque el dinero transformador es el que vendrá de Europa.
El debate se produjo en la sesión de constitución de la conferencia sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el foro que tendrá que canalizar la colaboración entre el Estado y las autonomías. Azpiazu rechazó la aprobación de su reglamento porque no recoge "un modelo de cogobernanza real y efectivo". Ofreció su colaboración a Montero para poder articular una "verdadera y genuina colaboración y no una dinámica unidireccional en la que el papel de las comunidades autónomas quede reducido a un mero ejecutor de unas decisiones adoptadas por el Gobierno central sobre competencias propias". También trasladó su queja por la tardanza en convocar la cita y por lo difícil que está resultando conocer el mecanismo, "como si de una yincana se tratara". Azpiazu esgrimió como argumentos el borrador europeo que señala a los gobiernos locales como "socios importantes en la implementación de las reformas y las inversiones, y que han ser convenientemente consultadas e implicadas, de acuerdo con el marco nacional legal", e incluso el real decreto ley 36/2020 que aboga por "la gobernanza multinivel territorial propia del sistema español de Estado de las autonomías". El Gobierno Vasco también rebate a Montero que el MRR no sea plurianual. La ministra pretendía ejecutar todas las partidas en 2021, cuando el fondo abarca hasta 2026. También le discutió a la ministra que el MRR no se regionalice, es decir, que pretenda que el reparto no sea por comunidades, sino por áreas de actuación.
Azpiazu plantea que el Estado y cada comunidad "firmen un acuerdo para la totalidad del periodo 2021-2026, de forma que cada comunidad pueda decidir e incidir con esos recursos en la aceleración y transformación de sus ámbitos estratégicos". "No podemos perder este tren", alerta. Para Lakua, de entrada, han fallado las formas, porque la cita llega tarde, ya en enero. El reglamento les había llegado tan solo hace unos días. Azpiazu pide una mayor colaboración y una cogobernanza real.
"Hay que activar una colaboración genuina, no una dinámica unidireccional"
Consejero de Hacienda
