- Después de que el Tribunal Supremo revocara el pasado 4 de diciembre el tercer grado que la Generalitat había concedido en julio a los presos del procés, las cárceles catalanas avalan de nuevo el régimen de semilibertad para los nueve líderes soberanistas, lo que les permitiría salir a diario y regresar al centro penitenciario solo a dormir de lunes a jueves. La decisión no puede hacerse efectiva hasta que sea ratificada por el Departamento de Justicia del Govern, que dispone de un plazo máximo de dos meses para hacerlo y que desvincula de la agenda electoral. Sin embargo, los reclusos del 1-O vaticinan que esta posición será nuevamente tumbada por los tribunales, por lo que piden “concentrar esfuerzos” en la amnistía, ni siquiera en los posibles indultos que manejaría Moncloa y que tampoco serían una realidad antes de la cita con las urnas aunque esta se demore hasta mayo.
En Lledoners, los técnicos de las juntas aprobaron por unanimidad conceder el tercer grado a los Jordis, quienes cumplieron hace ya un año una cuarta parte de su condena, y por mayoría en el caso de los exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull. También por mayoría, la junta de Wad Ras respaldó este escenario para la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell, mientras que en la cárcel de Puig de les Basses la decisión de conceder el régimen abierto a la exconsellera Dolors Bassa fue apoyada por todos los miembros del equipo técnico. Una vez entre en vigor, la Fiscalía tendrá oportunidad de recurrir la clasificación penitenciaria de los presos, primero ante los juzgados de vigilancia penitenciaria y, en última instancia, ante el Supremo, así como pedir su suspensión mientras no haya una decisión judicial firme.
Ya lo hizo con el tercer grado que el pasado julio las cárceles propusieron por unanimidad para los nueve reclusos, un fallo que tuvo el visto bueno de los juzgados de vigilancia, pero que hace mes y medio tumbó el Supremo por considerar ese régimen “prematuro”, en un auto que también acordaba revocar la flexibilización penitenciaria mediante el artículo 100.2 que se concedió a los líderes independentistas al poco de empezar a cumplir condena. La Sala criticó la actuación de las juntas de tratamiento por, de alguna manera, invalidar la pena impuesta. El secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó, destacó ayer que las juntas han puesto la resolución del Supremo “en un plato de la balanza” y, en el otro, las “nuevas circunstancias”: que los presos han cumplido medio año más de pena y han tenido más tiempo para observar la “conveniencia” del tercer grado.
Además, apuestan por el régimen abierto que hace seis meses concedieron a los presos del procés, cuando la mayoría de ellos tienen cumplida una cuarta parte de la condena -los Jordis, Forn y Rull-, y a mediados del próximo mes de febrero lo habrán hecho todos. “Las juntas hacen su trabajo y lo hacen en base a propuestas técnicas”, de forma “absolutamente independiente y rigurosa”. A su juicio, “nadie tiene dudas razonables” de que, si dependiera del Govern, ninguno de los políticos presos habría entrado en prisión, por lo que sería “injusto y malintencionado” cargar contra los profesionales penitenciarios.
El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, pronosticó que este tercer grado “será efímero y no es la solución de nada”. “Ningún chantaje de Estado nos hará renunciar a los derechos fundamentales porque la única manera de poder salir verdaderamente en libertad es vivir en un país libre: amnistía, retorno de los exiliados y fin de la represión”, valoró.
Ante la Eurocámara. El Parlamento Europeo podría decidir en primavera si levanta la inmunidad a los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí después de comparecer ayer por separado y a puerta cerrada ante la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara para mostrar su punto de vista sobre el suplicatorio. Los líderes soberanistas declararon que el Supremo no tiene competencia para juzgarles, planteamiento que comparte el Tribunal de Apelación de Bruselas, que rechazó la euroorden contra el exconseller Lluis Puig. A su entender, el caso es una “persecución política” por parte de España y resaltaron que el delito de sedición por el que se les reclama no está tipificado en otros países de la UE.
