- El Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscalía que informe sobre la querella presentada por Izquierda Unida y el PCE contra el rey Juan Carlos y otras personas por 13 presuntos delitos a raíz de las revelaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein en una conversación con el excomisario José Villarejo. La Sala de lo Penal del Supremo ha dado traslado al Ministerio Público para que informe “sobre competencia y contenido de la querella formulada” después de que sus impulsores hayan depositado la fianza de 12.000 euros que les exigió para ejercer la acción popular, según informó IU en un comunicado.

Se trata de una ampliación de la querella que esos partidos ya presentaron y que el Supremo archivó el pasado año después de que la Audiencia Nacional hiciera lo mismo en una de las piezas del caso Villarejo, denominada Carol, en la que estaba imputado el excomisario. La querella, presentada por IU, PCE y el foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas, afecta además a Sayn-Wittgenstein, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, Villarejo y los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga.

Los querellantes se apoyaron en las grabaciones realizadas por el excomisario Villarejo a Corinna, en las que ésta daba a entender que Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza, que la usó como testaferro en un terreno en Marruecos y que cobró comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca, en Arabia Saudí.

En la ampliación de la querella, los partidos han incluido nuevos hechos conocidos como la regularización fiscal de 678.393 euros que el rey emérito presentó ante la Agencia Tributaria o supuestos movimientos de dinero a través de paraísos fiscales. Consideran que los hechos, que ellos vinculan con 13 delitos, deben investigarse por tratarse de supuestos delictivos que habrían traspasado “el periodo de inviolabilidad”. Los presuntos delitos incluyen cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.

La Fiscalía del Supremo tiene abiertas tres diligencias sobre el rey emérito: Una, sobre una supuesta cuenta en Suiza presuntamente atribuida al monarca y el posible cobro de comisiones por las obras del AVE a La Meca (Arabia Saudí); otra sobre el uso de tarjetas opacas (a la que afecta la regularización fiscal); y una tercera que fue incoada a raíz de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Acusación. IU afirma en su denuncia que existen evidentes “indicios de actividades ilícitas relatados y documentados en ordinales anteriores que como mínimo se remontan al año 2002, siendo las conductas descritas concatenadas las unas con las otras, teniendo como nexo de unión la conducta de Juan Carlos de Borbón a la hora de recibir pagos o dádivas por parte de países extranjeros sin que se haya dado cuenta durante todo este tiempo a la Hacienda Pública española de la percepción de estos pagos ni de la existencia de cuentas, inversiones o instrumentos financieros en las que se han ido depositando millonarias cantidades de dinero”.