- El PP está buscando todos los resquicios dentro de lo legalmente posible para esquivar la aplicación de la reforma educativa del Gobierno español, dirigido por el socialista Pedro Sánchez. Ayer concretó por dónde va a ir la estrategia: las comunidades autónomas en las que gobierna adelantarán el plazo de inscripción del próximo curso para no les afecte que la reforma, que también se conoce como Ley Celaá por el apellido de la ministra de Educación. La estratagema para esquivar la ley la anunció ayer mismo el presidente del PP, Pablo Casado. “Allí donde gobierna el PP (Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León y Galicia), las familias podrán seguir eligiendo libremente el centro educativo de sus hijos, público o concertado”, dijo Casado tras su visita a la empresa de distribución farmacéutica Hefame en Murcia. El líder del PP añadió que hará todo lo posible, dentro del marco competencial autonómico, para que le Ley Celaá no afecte a la libertad de las familias, la calidad educativa y la vertebración del sistema estatal de educación. Como ya es habitual, la punta de lanza de la estrategia será la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, a la que podría seguir Murcia.
El PP ha impulsado toda una ofensiva en contra de esta ley, con una recogida de firmas y el anuncio del recurso ante el Tribunal Constitucional. También ha dicho que la derogará cuando vuelva al gobierno. Ahora utiliza el truco del plazo de inscripción, y lo adelanta en un momento en el que todavía quedan nueve meses para que arranque el curso 2021-2022. Lo que quiere hacer es llevar la delantera a la ley, que todavía no ha entrado en vigor, y de esa manera permitir que los padres y madres que hagan la inscripción ahora se puedan acoger a la normativa anterior, la que en estos momentos sigue siendo de aplicación a la espera de que entre en funcionamiento la norma de Celaá. El PP quiere evitar que se apliquen los preceptos sobre la educación concertada, la opción de pasar de curso con suspensos, y la eliminación del castellano como lengua vehicular.
Casado dijo que las comunidades que tengan lengua cooficial, como Galicia, “mantendrán el castellano como lengua vehicular, al igual que el gallego”. Además, se añadirá el inglés para pasar “del bilingüismo al trilingüismo cordial”. “No vamos a permitir la merma en la calidad educativa”, añadió también en referencia a que se pueda pasar de curso con asignaturas suspensas. “Las autonomías del PP pretenden seguir fomentando la cultura del esfuerzo y la competitividad”, dijo. Confirmó que acudirá al Constitucional y a Europa cuando se apruebe la ley.
