- Un informe del Foro Social Permanente que recoge las reflexiones de siete víctimas de ETA sobre el terrorismo y la memoria constata el rechazo de estas personas a los recibimientos públicos a expresos de la banda, los ongietorris, aunque también la demanda de algunas de ellas para que se proceda a una “normalización” de la política penitenciaria aplicada a estos reclusos. El informe, que recoge las aportaciones realizadas por siete víctimas de ETA en un encuentro celebrado el pasado mes de septiembre en Donostia, fue entregado ayer por los portavoces del Foro Social, Agus Hernán y Tasio Arrizabalaga, a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria.
Las personas que participaron en aquel encuentro, y cuyas reflexiones se recogen en el informe son Josu Elespe, hijo de Froilán Elespe, concejal del PSE en Lasarte-Oria asesinado en 2001; Iñaki García, hijo de Juan Manuel García, delegado de Telefónica en Gipuzkoa y asesinado en 1980; María Jauregi, hija de Juan María Jauregi, gobernador civil de Gipuzkoa (PSE) asesinado en 2000; Gorka Landaburu, periodista que sufrió un atentado en 2001; Maixabel Lasa, viuda de Juan María Jauregi, gobernador civil de Gipuzkoa (PSE) asesinado en 2000; Alberto Muñagorri, herido de gravedad por una bomba en 1982; y Naiara Zamarreño, hija de Manuel Zamarreño, concejal del PP en Errenteria asesinado en 1998.
Tras la entrega del informe, Tasio Arrizabalaga repasó algunas de las reflexiones planteadas por estas victimas en la jornada celebrada el pasado 11 de septiembre en la capital guipuzcoana. De esa forma, explicó que aunque estas personas valoraron positivamente la actual situación tras la desaparición de ETA, lamentaron que “la resolución de las consecuencias del ciclo de violencias ha dejado de ser prioritario para la mayoría de la sociedad vasca”.
Además, aseguró que “todas” las víctimas que participaron en el encuentro coincidieron en que todavía quedan trabajos pendientes, como la construcción de “una memoria inclusiva que reconozca todas las violaciones de derechos humanos”, que se garantice el reconocimiento a todas las personas que han sufrido violencia, tanto las que la han padecido por parte “del Estado”, como las víctimas de ETA “que faltan” por reconocer.
Otra de las conclusiones extraídas de aquella jornada es la consideración de que es necesario “normalizar” la política penitenciaria actual y esclarecer los casos de violencia o terrorismo por parte de ETA “y también del Estado” que aún quedan pendientes de resolver.
“Las víctimas también consideran necesario normalizar la actual política penitenciaria”
Portavoz del Foro Social
