- La legislatura que acaba de comenzar en Euskadi será la del “reconocimiento y reparación” de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, “sin equidistancias, sin equiparaciones y sin paralelismos”, pero también “sin exclusiones”. Así lo afirmó ayer la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, quien aseguró que “el futuro solo puede ser un futuro con memoria”, una memoria abierta e inclusiva, sin odio ni rencor, para la convivencia. En una comparecencia en el Parlamento Vasco para desgranar sus objetivos de la legislatura, hizo hincapié en la “acción coordinada” dentro de su departamento, donde “cada área tiene su propia personalidad con múltiples espacios de intersección”, pero también con los tres poderes implicados en la “lucha contra todas las discriminaciones” -el legislativo, el ejecutivo y el judicial-, así como con la sociedad civil.

Ante representantes de todos los grupos parlamentarios, Artolazabal avanzó medidas concretas para el próximo cuatrienio como la puesta en marcha de un Plan Estratégico de Convivencia y Derechos Humanos, en el que todas las víctimas serán “una prioridad”, tanto las de ETA como las de los GAL, el Batallón Vasco Español y de otros grupos terroristas de la extrema derecha, así como los damnificados por el terrorismo yihadista, todo ello, insistió, “sin equidistancias y sin exclusiones”. Precisó que el Ejecutivo vasco actuará “desde la firme convicción de que la sinrazón y la violencia de ETA ha supuesto durante décadas la más flagrante violación de los derechos humanos en este país”. Eso sí, gestionará sus políticas sin “cerrar los ojos a ninguna vulneración de derechos” y con firmeza en la defensa de “todos los derechos para todas las personas”.

El gabinete de Iñigo Urkullu seguirá desarrollando la Ley vasca de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, y actuará con “beligerancia” frente a la vulneración de derechos básicos. Tras reconocer la labor del Consejo Vasco de Participación de Victimas del Terrorismo, que “está llamado a desempeñar un papel muy relevante en esta legislatura en la conexión entre víctimas y sociedad”, la consejera aseguró que se impulsará la Ley de reconocimiento y reparación a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas policiales, en el tramo comprendido entre 1978 y 1999, tras las sentencias del Tribunal Constitucional que han tumbado sendos recursos del PP y Ciudadanos contra la misma. Recordó a su vez que el Gobierno vasco tiene previsto aprobar en la presente legislatura la Ley de memoria histórica y democrática de Euskadi.

Beatriz Artolazabal anunció medidas concretas como la creación de un espacio expositivo en la sede del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora; la renovación del proyecto expositivo del Museo de la Paz en Gernika, y la puesta en marcha de un Centro Memorial del 3 de marzo en Gasteiz. Durante su intervención hizo mucho hincapié en el papel de Gogora, entidad dirigida por Aintzane Ezenarro, que “está llamada a consolidarse como el centro de referencia de la memoria en Euskadi”.

También se refirió al futuro traspaso de la competencia de prisiones a Euskadi, que abrirá la puerta a un modelo que “pondrá el acento en la reinserción social” e impulsará prácticas “restaurativas” y el acceso a los derechos sociales. Artolazabal se mostró por ello partidaria de un modelo penitenciario “más humanizado y respetuoso con los derechos humanos”.

La consejera consideró que la memoria debe ser elemento de cohesión y no de división, por lo que rechazó entrar “en el rifirrafe, en la polémica, en la tentación del uso partidista o en el uso de la memoria como arma arrojadiza”. En la posterior intervención de los grupos, en lo que a la bancada de la oposición se refiere, la portavoz del PP, Laura Garrido, se mostró a favor de “reparar a víctimas de distintas formas de violencia”, pero subrayó que “las de ETA deben ocupar un lugar destacado”. La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, afirmó que las víctimas “no son homogeneizables”, y Julen Arzuaga, de EH Bildu, denunció que “se está degradando y rebajando el reconocimiento que merecen” las víctimas de violencia policial injusta.