- No va a ser un debate pacífico el cambio en la ley que pretende el presidente Pedro Sánchez para terminar con el bloqueo que impone el PP en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Las salas de gobierno de tres tribunales superiores de justicia, el de Madrid, Extremadura y Castilla y León, se unieron ayer a la respuesta que ha motivado en el ámbito de la justicia la anunciada reforma del Gobierno de coalición para retocar la Ley Orgánica del Poder Judicial. La reforma tiene como objetivo de rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, para que no sea imprescindible la mayoría de tres quintos y se rebaje a una mayoría absoluta.

Estos organismos, que realizan la gestión interna de los tribunales, no suelen posicionarse sobre temas de interés político, por lo que la iniciativa puede calificarse de inédita. En su comunicado, la sala de Gobierno del Tribunal de Justicia de Castilla y León muestra su “rechazo” y “preocupación” por una modificación normativa que entienden supone una “merma” de las garantías de independencia judicial. Este órgano considera que la independencia se conseguirá siguiendo las recomendaciones del informe Greco de la Comisión Europea y de la Comisión de Venecia, mediante la designación directa de los doce vocales judiciales del CGPJ por los propios jueces y magistrados. Ayer lo propuso el PP, que también registró una proposición de ley que incluye expresamente que el fiscal general del Estado “podrá ser recusado”, pensando en Dolores Delgado.

Al mismo tiempo, el TSJ considera imprescindible que se produzca el inmediato desbloqueo en relación con la renovación del CGPJ y de los restantes órganos constitucionales, apartando dichos procesos de cualquier confrontación política que pueda ofrecer una apariencia de contaminación que comprometa su independencia.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala de Gobierno del TSJ de Extremadura, cuyos miembros abogan además por una “designación directa” de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial por los propios jueces. Por ello, los jueces extremeños manifiestan su rechazo ante “cualquier modificación legislativa que suponga una merma en las garantías de independencia judicial” .

El TSJ de Madrid, por su parte, añade que se trata de eludir el necesario consenso parlamentario y dejar en manos de la mayoría política la conformación del órgano llamado a velar por la independencia judicial. Añade que la propuesta del PSOE y Podemos es ilógica pues provoca una distinción de requisitos entre quienes, una vez nombrados, ostentarán idénticas funciones y facultades. La reforma, añaden, se aparta también de las advertencias contenidas en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, que defendió el acomodo del sistema de elección parlamentaria a la Constitución siempre que se respetase la necesidad de un consenso reforzado. En este contexto, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha acordado fijar el próximo 28 de octubre, a las 16.00 horas, el pleno extraordinario en el que se adoptará una postura institucional en relación con la reforma.