- El Gobierno Vasco no quiere vivir aislado en el palacio de cristal de su mayoría absoluta. PNV y PSE suman una holgada mayoría de 41 escaños, pero quieren mantener una relación lo más fluida posible con los partidos de la oposición. El Ejecutivo ha estado enfrascado estos días en la conformación de sus equipos, y los consejeros tendrán que desfilar por el Parlamento de manera inminente para exponer los ejes prioritarios de su acción, pero a partir de ahí, cuando el gobierno tenga un mínimo rodaje, la intención del gabinete que lidera Iñigo Urkullu es poner en marcha un calendario de relación con los partidos para buscar acuerdos amplios. Va a recibir a los grupos y mantendrá reuniones con ellos, más allá de la relación que puedan tener en el ámbito parlamentario. Supone cumplir la declaración de intenciones que lanzó el PNV en la noche electoral.

Fuentes del Gobierno vasco consultadas por este periódico confirman, de entrada, que el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, se va a reunir con los partidos para presentarles su proyecto de presupuestos para 2021 una vez sea aprobado en diciembre por el Consejo de Gobierno. Al Gobierno siempre le queda como último recurso la vía de aplicar su mayoría absoluta para evitar un bloqueo legislativo, pero prefiere evitar que sus propuestas se aprueben de manera sistemática con un aluvión de votos en contra desde la oposición o sin diálogo, lo que puede generar un ambiente tenso en el Parlamento que no está entre las preferencias de Urkullu. Pretende abrir la puerta a la oposición, sobre todo en este momento excepcional marcado por la pandemia del coronavirus y la caída del empleo.

Desde Lehendakaritza dicen que su mayoría absoluta no es óbice para apostar por el “diálogo y la disposición a acuerdos”, y creen que se están manejando en plazos razonables. En breve comenzarán las comparecencias de los consejeros en las comisiones del Parlamento una vez que el gobierno ha aprobado su programa, las bases del plan de reactivación y las directrices presupuestarias. “Todo ello, en el plazo de 36 días naturales desde el inicio de su mandato”, ponen en valor. Aseguran que el compromiso del lehendakari es buscar el “mayor consenso posible en los temas fundamentales”.

El Gobierno vasco experimentó en la anterior legislatura la presión de los grupos porque, al carecer de mayoría absoluta, la oposición tenía la llave para sacar adelante sus iniciativas. Hubo una prórroga presupuestaria, el consejero de Salud Jon Darpon dimitió, y el calendario legislativo no brilló por su grado de cumplimiento por los retrasos parlamentarios. Ahora que cuenta con mayoría absoluta, los grupos buscan el desgaste con las acusaciones de aplicar el rodillo y no pactar con nadie. EH Bildu centra su marcaje en los fondos europeos y el plan de reactivación, que a su juicio se guisa y se come en solitario el Ejecutivo vasco. Al carecer de margen de maniobra para presionar con sus escaños o bloquear iniciativas, EH Bildu utiliza la baza del rodillo, y se ampara también en el ambiente caldeado entre los sindicatos en educación y Osakidetza. La tensión sanitaria y económica genera el caldo de cultivo para redoblar la presión sobre Urkullu, que tiene ante sí la llave del diálogo para tratar de bajar el diapasón en el ambiente de tensión en la calle o el Parlamento.

Desde Lehendakaritza aseguran que el Gobierno está trabajando con prudencia en los fondos europeos porque falta mucha concreción desde Bruselas y el Estado, y el hito clave lo marcará la conferencia de presidentes autonómicos con la líder de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el día 26. “El lehendakari y el Gobierno tienen la disposición de mantener las puertas abiertas en busca de acuerdos amplios, para lo cual será en las próximas semanas cuando se concrete la forma y el calendario de relación más allá de la propiamente parlamentaria”, defienden .

Azpiazu concretará la ronda con los partidos probablemente a partir de enero, una vez aprobado el proyecto presupuestario en el Consejo de Gobierno. Aprobar el proyecto y después negociar con los grupos es la vía que permite a la oposición dejar clara su impronta, introducir partidas a posteriori y que se visualice el antes y después de los Presupuestos con sus aportaciones. “Vamos a negociar”, dicen desde Lehendakaritza. La intención del departamento de Hacienda es también dialogar y hacerlo, como siempre, dentro de los márgenes competenciales y económicos. Esta acotación se puede traducir en que no tendría sentido que Elkarrekin Podemos siga insistiendo en una reforma fiscal que corresponde a las Juntas Generales. Además, PNV y PSE no creen que sea la solución para lograr ingresos, por las estrecheces que han provocado en el tejido empresarial el confinamiento y los cierres de fronteras.

El Gobierno es consciente de que será difícil arañar apoyos. PP+C’s ha endurecido su discurso, no está claro si EH Bildu va a entrar o no, y Elkarrekin Podemos, su último socio presupuestario, propone una reforma fiscal, aunque podría terminar derivando sus reivindicaciones hacia otras partidas concretas como la Renta de Garantía de Ingresos, donde sí hubo acuerdo para las Cuentas de 2020. La ultraderecha de Vox parece fuera de juego.