Sánchez defiende a Iglesias tras el cerco judicial por el ‘caso Dina’

El juez pide al Supremo que le impute por una denuncia falsa con la que buscó “ventaja electoral”

08.10.2020 | 00:15
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, con gesto circunspecto sentado en su escaño del Congreso. Foto: Efe

donostia – La derecha ha encontrado un nuevo argumento para cercar al Gobierno español de coalición después de que el juez del caso Dina haya pedido al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias y lo sitúe al borde de la imputación.

La presión sobre Pedro Sánchez para que cese a su vicepresidente segundo la fundamentan en las palabras que el líder de Unidas Podemos pronunció en 2016 respecto a que la apertura de un juicio oral debería suponer la dimisión automática de cualquier dirigente, aunque esta postura de la oposición no sea más que un nuevo capítulo en su maniobra de descabalgar al actual Ejecutivo. El presidente español, Pedro Sánchez, por su parte, trasladó ayer en una conversación informal con los periodistas que apoya a su vicepresidente y está tranquilo.

El magistrado Manuel García Castellón, que no puede imputar personalmente a Iglesias al tratarse de un aforado, ordena al Alto Tribunal que indague sobre tres delitos: descubrimiento o revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos, y acusación o denuncia falsa y/o simulación de delito en relación al robo del móvil de su exasesora Dina Bouselham. La exposición razonada incluye a la exresponsable de los servicios jurídicos de la fuerza morada y vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, y a los letrados de esta formación Marta Flor Nuñez y Raúl Carballedo, así como a la propia Dina y a su pareja Ricardo Dasaferreira, estos dos por falso testimonio.

El juez entiende que Iglesias usó de forma fraudulenta, "consciente y planificada", este proceso para intentar lograr ventaja ante los comicios de abril de 2019, "fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales". Así, manifiesta que bajo las instrucciones del secretario general de Podemos, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica del partido, presentaron la desaparición del teléfono de Dina "como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario Villarejo, para publicar en el digital OK Diario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos". Según recuerda el juez, Iglesias recibió del presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original procedente del teléfono de Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo. "Pese a ello, se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria, aun cuando ambos eran personas cercanas –ella había sido su asesora– y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015", explica en otro auto en el que decide juzgar al resto de imputados, sobre los que sí tiene competencia.

Se trata del propio Villarejo, el exdirector de la revista Interviú, Alberto Pozas, y el periodista Luis Rendueles, a los que se investiga en la Audiencia Nacional por descubrimiento y revelación de secretos. La investigación señala que el contenido de la tarjeta llegó a Villarejo a través del exdirector de la revista, quien a su vez entregó una copia a Asensio y este se la dio a Iglesias, que se guardó la tarjeta sin decírselo a su propietaria. A esto añade que, cuando se la devolvió a Dina, esta ya estaba "inservible para su funcionamiento".

El PP, a degüello Mientras el PSOE se limita a guardar "absoluto respeto" a las decisiones judiciales, el líder del PP, Pablo Casado, exigió a Sánchez el cese inmediato de Iglesias. "Debe cumplir la misma vara de medir que exigía en su moción de censura", apuntó en su perfil oficial de Twitter aludiendo al momento en que se desalojó del poder a Mariano Rajoy tras la sentencia condenatoria al PP por el caso Gürtel. Arroparon este propósito el secretario general de los populares, Teodoro García Egea y la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, porque de lo contrario "la sombra de la corrupción afectará a todo su Gobierno", conminaron a Sánchez. "¡Dimisión!, ¡dimisión!", vociferaron los senadores del PP en el pleno de la Cámara Alta. Por su parte, Ciudadanos solicitó la comparecencia de Iglesias en el Congreso y anticipó que, si el Supremo también ve motivos para investigarle y solicita un suplicatorio, tendría que dejar el cargo. El portavoz naranja, Edmundo Bal, consideró la noticia "muy grave", y cree que sería "inexplicable y completamente inadmisible" tener a un vicepresidente imputado. Vox recordó que hace poco presentó querella contra Iglesias, por denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias, revelación de secretos y estafa procesal, si bien esta fue archivada por el propio titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, al referirse a hechos que estimó no relacionados con las conductas que llegan ahora al Supremo.

Desde Podemos cargaron las tintas resaltando que contra ellos e Iglesias "vale todo" para tratar de "destruir" a los que quieren aplicar mejoras sociales desde el Ejecutivo. Así lo constató el portavoz Pablo Echenique, censurando que el juez "se salta a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía".

La marca morada no da crédito después de que "hace unos días la AN reclamara a García Castellón que le devuelva la condición de perjudicado a Iglesias, y el juez responde pidiendo al Supremo que se le investigue". La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ve "ninguna causa" por la que su líder deba dimitir. "El tiempo, como siempre, hablará", destacó.

"Contra Podemos e Iglesias vale todo; el juez se salta a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía"

pablo echenique

Portavoz de Unidas Podemos

El juez entiende que Iglesias actuó de forma fraudulenta, "consciente y planificada" para lograr ventaja en las elecciones de abril de 2019