- El problema del bloqueo en la renovación judicial, en particular en el caso de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva dos años pendiente de reforma, se ha acrecentado en los últimos días con la polémica originada en torno al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y a sus críticas al Gobierno por la ausencia del rey del acto de entrega de despachos a los nuevos jueces.

Lesmes se encuentra en funciones y, a pesar de ello, no ha parado de realizar nuevos nombramientos y ejercer su cargo como si su mandato no hubiera expirado. Y por el momento, la renovación pendiente en el CGPJ no parece que vaya a llegar pronto, ya que requiere de un acuerdo entre el PSOE y el PP, y los populares se han negado hasta el momento a negociar, conscientes de que perderían la mayoría de asientos que ahora ostentan en el órgano que rige la judicatura.

Mientras tanto, al Gobierno se le agota la paciencia y ayer el PSOE y Unidas Podemos sumaron numerosos apoyos parlamentarios en su objetivo de desbloquear cuanto antes la renovación en la Justicia española. Así, PNV, ERC, JxCat, Más País, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias se unieron a socialistas y morados en un escrito en el que los 187 diputados que suman estas formaciones “exigen” la colaboración del resto de grupos para cumplir el mandato legal de renovar las instituciones judiciales.

El documento, difundido por PSOE y Unidas Podemos, señala que algunas de las principales instituciones del Estado, como el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, “agotaron hace tiempo, de forma total o parcial”, el plazo de ejercicio establecido en el ordenamiento jurídico. Para estas formaciones se trata de organismos que “ejercen un papel fundamental para el funcionamiento normalizado del Estado de Derecho” y, por ello, opinan que “el incumplimiento de la obligación legal de proceder a su renovación afecta gravemente a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y deteriora los estándares democráticos”.

El escrito se remite también a la Constitución española, que establece la “obligación inexcusable” de los grupos parlamentarios de cooperar para renovar en tiempo y forma las instituciones. Así, los firmantes añaden presión al PP, en cuyas manos está desbloquear la renovación de estos órganos. “Los grupos parlamentarios que, amparados en las mayorías reforzadas a las que obliga el ordenamiento jurídico, bloquean las renovaciones previstas, incurren en una grave irresponsabilidad”, reza el documento.

Por último, piden a quienes bloquean la negociación que abandonen los “intereses partidistas y sectarios” que contravienen el “interés general”.