- En pleno acercamiento a las fuerzas soberanistas en el Congreso para amarrar los votos necesarios para unos presupuestos que se tornan indispensables, el Gobierno no ha autorizado que el rey Felipe VI acuda hoy a Barcelona para participar en la entrega de despachos a la nueva promoción de magistrados de la Escuela Judicial.
El Gobierno no da explicaciones claras respecto a su decisión y se escuda en que es necesario “proteger” la monarquía de amenazas. En cualquier caso, es innegable que la presencia del jefe de Estado en la capital catalana y en un acto relacionado con la Justicia hubiera sido una afrenta para el independentismo catalán -más si cabe en vísperas del aniversario del 1-O y de la posible inhabilitación de Quim Torra- y el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se puede permitir poner en peligro el siempre débil diálogo con los soberanistas.
En este contexto, el Ejecutivo español defendió ayer la decisión adoptada a través del titular de Justicia, Juan Carlos Campo. “La decisión se ha tomado analizando todas las variables y la ha tomado quien la tenía que tomar”, dijo Campo en una entrevista concedida a la Cadena Ser.
Sobre las razones, el ministro aludió a “la ponderación de bienes”, indicando que “hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro”. “Creo que en la mente de todos están toda una serie de circunstancias y variables y, por tanto, creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones y, sin duda, la monarquía lo es”, argumentó.
Además, llamó a no “sobredimensionar cuestiones”, explicando que, aunque “es importante que el rey entregue los despachos a los nuevos jueces”, el compromiso de Felipe VI con la Justicia es “fuerte”. “No hay ruptura de nada”, defendió.
También respaldó la decisión el líder de los socialistas catalanes Miquel Iceta, que declaró que el monarca “puede ir a Catalunya”, pero que debe decidir “a qué va y cuándo”, y en este sentido, sugirió que “quizá no era la mejor opción” su presencia en un acto de jueces en Barcelona en los días de la sentencia sobre la inhabilitación de Quim Torra.
En declaraciones a TVE, preguntado sobre los motivos que justifican la falta de asistencia del jefe de Estado, Iceta señaló que “solo los puede decir el Gobierno”, pero que se le ocurre que “quizás alguien pensó que ir a un acto de un componente judicial muy importante la semana que quizás se hacía pública la sentencia que puede afectar al president de la Generalitat no era la mejor opción”.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, expondrá hoy de forma oficial el malestar que en este órgano y en la carrera judicial en general ha ocasionado la ausencia del rey del acto de entrega de despachos. Así lo acordó la Comisión Permanente de este órgano celebrada ayer, donde, tras discutir sobre la posible redacción de un comunicado institucional sobre este asunto, se ha dispuesto finalmente que sea hoy Lesmes el que exponga la posición oficial del órgano de gobierno de los jueces durante su discurso oficial. La decisión ha contado con el voto en contra de los vocales del sector conservador.
Después de la reunión, un grupo de seis vocales, todos ellos designados a propuesta del PP, hicieron pública una declaración conjunta en la que “lamentan profundamente” no contar con la presencia del rey en el acto.
Apuntan también en el texto que las “circunstancias que impiden la presencia” del rey en el acto de entrega de despachos, -que no concretan en su declaración- les llevan a reafirmar la admiración y respeto de todos ellos a su figura, “símbolo de la unidad y la permanencia del Estado”.
La declaración está firmada por María Angeles Carmona, Nuria Abad, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán. No obstante, en ella no se apunta al Gobierno ni a ninguna otra institución como responsable de la ausencia.
Finalmente, el PP criticó con dureza la no asistencia del monarca a la ceremonia. El secretario de Justicia e Interior del partido, Enrique López, lamentó que la “exclusión” de Felipe VI de la entrega de despachos en la capital catalana supone “una humillación” al “jefe del Estado, al Poder Judicial y al pueblo español”.
“Quizá no era la mejor opción la presencia del rey en un acto de jueces en Barcelona”
Primera secretario del PSC
