- La justicia andorrana investigará si el Gobierno de Mariano Rajoy y su cúpula en el Ministerio de Interior presionó a la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener información bancaria de políticos catalanes durante el procés, a raíz de la querella del Instituto de Derechos Humanos de Andorra y del colectivo de juristas Drets. En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la Batllia d’Andorra, órgano judicial similar a la Audiencia Nacional española con competencias para dirigir las diligencias, acuerda admitir a trámite la querella presentada por las citadas entidades, que se dirige contra Rajoy, los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó.
El juez andorrano considera que la querella, presentada por los delitos de “coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental”, expone unos hechos que “pueden ser constitutivos de responsabilidad penal y de los que se puede derivar una responsabilidad civil”. Por ese motivo, estima procedente admitirla a trámite para su investigación y remite las pesquisas a la Presidencia de la Batllia.
La causa se deriva de la querella que presentó el Instituto de Derechos Humanos de Andorra y el colectivo de juristas Drets contra Rajoy y la cúpula de Interior en la etapa de Fernández Díaz, por enviar a miembros de la policía a presionar a responsables del BPA para lograr información de cuentas bancarias de políticos catalanes en el Principado, entre ellos el expresidente Mas; el líder de ERC Oriol Junqueras o la familia Pujol.
La denuncia sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid si no facilitaban la información exigida. Según los querellantes, el Gobierno de Rajoy “intimidaba” al Gobierno andorrano para precipitar el cierre de la entidad.
El Partido Popular aseguró ayer tomará medidas respecto a los implicados en Kitchen cuando se produzcan imputaciones y pide no prejuzgar ni hacer juicios paralelos a la espera de la investigación, al tiempo que niega la necesidad de refundarse, cambiando sus siglas o trasladándose a una nueva sede.
