- La ofensiva judicial emprendida por la derecha contra el Ejecutivo de coalición sirviéndose del 8-M ha quedado en agua de borrajas tras la estrategia de acoso argumentando que la marcha feminista provocó una transmisión desbordada del coronavirus por una deficiente gestión. 3.000 folios de instrucción en tres meses, informes de la Guardia Civil, un médico forense señalando a Salvador Illa, Fernando Simón e Irene Montero, y una imputación al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, con una expectación mediática intencionada, han acabado, eso sí, con mucho ruido, y una conclusión sin ambages por parte de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel: "No hay indicios suficientes de actuación delictiva en los hechos atribuidos a Franco".
En su resolución de 51 páginas señala que Franco "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones" en la época de expansión del virus y deja claro que "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular, tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario" y "ninguna persona física o jurídica, pública o privada, le instó para que prohibiera o restringiera" estas movilizaciones, en alusión al 8-M y a otros eventos musicales y deportivos, además de un mitin político de Vox. El auto repasa las concentraciones que se produjeron los días anteriores y posteriores al 8-M en Madrid, hasta el 14 de marzo, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez implantó el estado de alarma.
"Acertadas o no a la luz del estado de la ciencia hoy día, evidencian que el delegado velaba por la salud pública de los ciudadanos y ejercitaba su competencia legal en protección de la misma", dice la magistrada, con un argumento aún más contundente: "El contagio puede producirse por el mero hecho de coincidir en el ascensor o por ir en transporte público, también por ir a la manifestación". En definitiva, "no puede acreditarse cuándo tuvo lugar", zanja. En referencia al controvertido informe forense, en el que se describe que "indiciariamente" la celebración de manifestaciones de marzo de 2020 incrementaron el peligro de contagio y por ello fueron un riesgo cierto y seguro para la salud pública, Rodríguez Medel sostiene que "no puede acreditarse que con ocasión de las citadas concentraciones -exclusivamente por acudir- se produjera un concreto contagio". Para sustentar la acusación habría sido necesario que Franco "fuera conocedor del riesgo", pero no de "un conocimiento popular, sino de uno técnico sólido y suficiente como para restringir un derecho fundamental".
El político socialista, que era el único investigado en esta causa, aseguró en su declaración que actuó en todo momento "con arreglo a la ley y a la información de los expertos sobre la evolución del coronavirus". Según los datos facilitados por Delegación del Gobierno, entre el 11 y el 14 de marzo tuvieron lugar 21 manifestaciones en Madrid. Los testigos desmontaron una de las principales tesis con la que la Guardia Civil trataba de apuntalar la acusación de prevaricación contra Franco: que la institución presionó a quienes tenían actos convocados después del 8-M para que los anularan por la alerta sanitaria mientras había mantenido la marcha feminista. Los polémicos atestados del instituto armado, plagados de conclusiones sesgadas, errores y hasta bulos difundidos por algunos medios y redes sociales, derivaron en el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, que provocó en una crisis para el Ejecutivo de Sánchez, entre acusaciones de la oposición por intentar interferir en una investigación judicial, situando en el ojo del huracán al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Las tres asociaciones personadas como acusación anunciaron que recurrirán el archivo provisional de la causa. La Unión de Oficiales estima que es "prematuro cerrar la investigación" ya que de las pesquisas practicadas se desprende que se realizaron actos multitudinarios cuando se "tenía conocimiento del riesgo que entrañaba la celebración" de los mismos. Por su parte, José Luis Escobar, abogado de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, afirmó que esta instrucción va a servir para seguir el procedimiento contra el director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, Fernando Simón. También el primer querellante, Víctor Valladares, tiene intención de presentar recurso.
El PP acogió esta decisión redoblando su batalla y cargando contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. La vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, dijo que "una cosa son las responsabilidades en el ámbito judicial y otra las políticas". En este último caso cree que se debe valorar a "aquel que tenía que tomar decisiones a tiempo y no lo hizo", "tuvo información en su mano y no la utilizó" o "aquel que no dio un paso al frente cuando tenía responsabilidad de darlo" como ocurre, a su juicio, con el líder de Unidas Podemos. El partido de Pablo Casado entiende que Sánchez ha fijado una "línea de ataque" contra la Comunidad de Madrid al estar "gobernada por el PP". Y sobre la manifestación del 8-M, el PP sigue en sus trece porque la investigación abierta evidencia que "se tenía información", "los datos" y las "recomendaciones" de los organismos internacionales.
El Ejecutivo español, por boca del ministro de Sanidad, Salvador Illa, se limitó a aseverar que "todos los españoles saben que el Gobierno ha dado todo lo que tenía y lo que no tenía" para el control de la pandemia. La ministra de Igualdad, Irene Montero, apuntó que la justicia ha "tumbado" la estrategia "de señalamiento" de la derecha al movimiento feminista, lamentando que "ahí queda" la "criminalización" al 8-M. "Difama y miente que algo queda", censuró.
"Una cosa son las responsabilidades en el ámbito judicial y otra las políticas"
Vicesecretaria de Política Social del PP
"Ha quedado tumbada la estrategia de señalamiento, pero difama que algo queda"
Ministra de Igualdad
