- Después de lograr el respaldo del PNV, el Gobierno de Pedro Sánchez consiguió ayer nuevamente atraer a Ciudadanos para que dé su beneplácito, esta vez, al decreto sobre la llamada nueva normalidad, que permitirá regular las condiciones de la movilidad una vez que decaiga el estado de alarma y en el que se prevé, entre otras cuestiones, que las mascarillas seguirán siendo obligatorias en espacios cerrados bajo sanciones de hasta 100 euros para quien no cumpla la obligación. Este nuevo decreto tiene una vigencia indefinida, porque durará hasta que la crisis sanitaria se dé por acabada, algo que no parece ni mucho menos cercano.

Moncloa entrega casi todo el poder a las autonomías en esta nueva fase, pero en el primer borrador se reservaba la posibilidad de recuperarlo en caso de un rebrote fuerte y descontrolado. Tras la negociación con varios grupos, en especial con los jeltzales, el Ejecutivo español varió algunas partes del decreto y eliminó un párrafo en el que señalaba “en relación a los planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias, en tanto no se adopte el correspondiente acuerdo para su aprobación o activación, el Ministerio de Sanidad, en ejercicio de sus competencias sobre bases y coordinación de la sanidad, adoptará las medidas adecuadas para garantizar estas finalidades”.

El nuevo acuerdo con la formación de Inés Arrimadas recoge reducir de 2 a 1,5 metros la distancia mínima entre personas, según anunció el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, para así poder aumentar el aforo máximo permitido. A través de un mensaje y un breve vídeo en Twitter, Bal destacó que el decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros representa “la primera pata del plan B” que la fuerza naranja exigía al Ejecutivo de Sánchez para “salir ordenadamente del estado de alarma”. “La medida incluye nuestras aportaciones y es imprescindible para seguir luchando contra el coronavirus y reactivar la economía”, afirmó. Entre esas aportaciones se halla igualmente que las empresas fomenten el teletrabajo y que, para el inicio de las competiciones deportivas, se tenga en cuenta el criterio de las comunidades autónomas, para que no se aplique “ningún tipo de privilegio” y se puedan celebrar “en régimen de igualdad”.

Ciudadanos ha apoyado en el Congreso las seis prórrogas del estado de alarma que propuso el Gobierno de coalición, y para las tres últimas puso una serie de condiciones que Sánchez aceptó y que ha ido cumpliendo. Según recordó el portavoz parlamentario, una de esas exigencias era preparar un marco jurídico para poder actuar frente al virus sin tener que recurrir al estado de alarma. Así, C’s seguirá negociando con el Ejecutivo para que se apruebe “una nueva legislación más potente” que haga posible mantener controlados los contagios sin volver a una “situación de excepcionalidad constitucional”. Bal se vanaglorió de que su partido haya apostado por “la política útil que huye de los gritos” y que “no toma decisiones con las tripas, sino con la cabeza”, alardeando del giro al centro. “Otros se han quejado de que no había plan B, pero no han aportado nada para salir de esta crisis. Nosotros nos hemos arremangado y nos hemos puesto a trabajar”, zanjó el dirigente naranja.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, cargó con dureza contra el PP porque en su opinión no tiene intenciones de “arrimar el hombro” y solo pretende “destituir a un Gobierno al que llama ilegítimo”.

“El PP no quiere arrimar el hombro y solo busca destituir a un Gobierno al que llama ilegítimo”

Ministra portavoz del Gobierno español

“Apostamos por una política que huye de los gritos y no decide con las tripas sino con la cabeza”

Portavoz de C’s en el Congreso