- Como era de esperar, el tono con que el Gobierno de coalición se expresó al respecto de este nuevo paso judicial sobre Juan Carlos I fue variopinto. El PSOE optó por la prudencia por boca de la ministra portavoz del Ejecutivo español, María Jesús Montero, para quien se está demostrando que “la Justicia es igual para todos”. En una entrevista en La Sexta, la dirigente socialista señaló que se deben “investigar a todas las personas” a las que los tribunales “consideren conveniente en el marco del desarrollo de sus actividades financieras”. En este sentido, Montero quiso dejar claro que el Gobierno de Pedro Sánchez “no va a interferir y colaborará con todo aquello que sea necesario para que los tribunales” puedan “desarrollar sus cuestiones en las mejores condiciones posibles”.

Más incisiva fue la reacción procedente desde Unidas Podemos. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, calificó como “gravísimo para la democracia” que existan “sospechas de corrupción sobre la Casa Real” tras conocerse que la Fiscalía del Tribunal Supremo acordó asumir la investigación sobre la construcción del AVE del desierto. “Más allá de las posibles consecuencias penales que pueda investigar la Fiscalía, es obvio que esto afecta de lleno al ordenamiento institucional y constitucional de nuestro país”, escribió Echenique desde su cuenta oficial en Twitter.

Unidas Podemos explorará “todas las vías judiciales” y también las parlamentarias “para llegar al fondo del asunto”, puesto que entiende que “no es soportable en un país moderno como España que la Corona pueda ser una pantalla para enriquecerse y delinquir”. Sin embargo, el pasado 7 de abril el propio Echenique pidió en la Cámara baja esperar para investigar al rey emérito, pues, aunque el partido morado reclamó en marzo una comisión de investigación apoyada por todos sus socios de Gobierno, consideraba que no era momento de seguir adelante debido a la crisis del coronavirus. Podemos no suscribió entonces una petición firmada por varias formaciones, entre ellas ERC, JxCat, Bildu, BNG, Compromís y Más País, para abrir una comisión sobre las posibles actividades ilícitas del monarca.