- El hechizo del mando único de Pedro Sánchez se ha roto y no hay riesgo de que regrese. El Gobierno español pactó con el PNV la devolución de las competencias a las comunidades autónomas, y que sus presidentes tengan el control absoluto para decidir los aforos y las medidas de vuelta a la normalidad en las calles en la fase 3 que empieza el lunes en Euskadi, pero en las últimas horas está negociando un nuevo decreto para regular el escenario posterior a esa fase, la nueva normalidad. Este anuncio genera suspicacias porque no se entiende qué puede regular el Ejecutivo español si ya ha devuelto las competencias, pero al parecer no se va a producir un paso atrás en la devolución del autogobierno. Fuentes del grupo jeltzale en el Congreso de los Diputados consultadas por este periódico adelantan que "ha habido conversaciones con el Gobierno sobre el decreto ley, no está todo cerrado, pero las conversaciones van por buen camino: que no haya un paso atrás en la recuperación de competencias autonómicas".

Según las fuentes consultadas, será un decreto de mínimos que recoja los hábitos sociales de autoprotección que se deben mantener contra el coronavirus, como la distancia de entre 1,5 y 2 metros entre las personas no solo en la calle, sino en el trabajo, y la necesidad de llevar la mascarilla hasta finales de año o, como mínimo, hasta que se despeje la amenaza de un rebrote importante en otoño. De lo contrario, se impondrá una multa de hasta 100 euros. Al margen de esas cuestiones, tal y como se conoció ya por la noche, el decreto pide a los poderes públicos que sigan velando por el cumplimiento de los aforos, pero no se imponen cifras concretas ni se restringe la movilidad. El PNV concretó a este medio que, cuando se baje a estos detalles, se va a especificar como salvaguarda que las actuaciones las llevarán a cabo las instituciones competentes, es decir, las autonómicas. No se vuelve a la gran tutela del Estado para limitar la apertura de empresas, bares u ocio.

El PNV cree que se avanza hacia la recuperación de la normalidad institucional, y ha interpretado como un gesto que hayan cambiado las formas, y que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se mostrara ayer muy escrupuloso con este decreto y no destripara su contenido ante la prensa antes de negociarlo con las comunidades en la reunión que tenía prevista ayer a las 16.00 horas. El ministro defiende que el Estado no desaparece, pero el decreto se limita a mantener las costumbres de distanciamiento social y asegurar unos ratios de camas en hospitales por si hubiera rebrote.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el propio Illa se remitió a la reunión que iba a tener con las consejerías del área de salud de las comunidades, una cita donde iba a recibir sus aportaciones. El decreto pretende regular las medidas de la nueva normalidad hasta que exista una vacuna. El grupo liderado por Aitor Esteban en el Congreso valora que se mantenga la senda de las conversaciones previas con el PNV y que no hayan anunciado "algo cerrado". Sánchez solo se reserva en estos momentos, durante la fase 3, la cuestión de las fronteras entre comunidades autónomas. Los presidentes autonómicos pueden decidir cuánto dura esa fase, lo que les concede margen de maniobra para acelerar o retrasar los viajes entre comunidades y la libre circulación.

El Gobierno español se esforzó ayer en aclarar que el documento no está cerrado y que se sigue negociando. Ha habido un cambio en las formas y el fondo, tras los momentos de tensión con las autonomías por la gestión de la crisis sanitaria desde el mando único. Parecía evidente que Sánchez no iba a poder prorrogar más el estado de alarma en unas condiciones de control férreo y ha devuelto la situación al escenario previo al virus, con el matiz del control de la movilidad entre comunidades.

En el decreto se pedirá la distancia de entre 1,5 y 2 metros en el puesto de trabajo, y se reclamará a las compañías de transporte aéreo o por carretera que conserven durante un mes los datos de los pasajeros y dónde iban sentados, con la finalidad de tener localizada la cadena de contagios. En materia sanitaria, pide que se mantengan los medios hospitalarios: entre 1,5 y 2 camas de UCI por 10.000 habitantes, y entre 37 y 40 camabas para enfermos no graves.