El Gobierno Vasco denuncia que eliminar fondos de formación "invade competencias"

Los responsables de Empleo de las comunidades autónomas se reunieron ayer por vía telemática con la ministra Yolanda Díez, que les confirmó lo anunciado la víspera y que se enteraron por la prensa. En representación del Gobierno Vasco participó el viceconsejero de Empleo y Juventud, Marcos Muro, que denunció la centralización del dinero disponible por el Ejecutivo vasco para la formación de parados. A su juicio, se trata de una "invasión de competencias" y un golpe al autogobierno y además "atenta contra las necesidades de las y los parados, nuevos y actuales, que perderán así una baza para salir de esa situación".

El Gobierno español financiará el coste económico de lo que denomina "escudo social" para los golpeados por la pandemia, centralizando los 2.414 millones de euros destinados a la formación profesional que hasta ahora repartía entre las comunidades autónomas. El último paquete de medidas para la protección de trabajadores, familias y empresas prevé que los ingresos derivados de la cotización por la formación profesional que cada trabajador paga por su nómina se podrán destinar a la financiación de las prestaciones por desempleo.

La medida tendrá para Euskadi más consecuencias políticas y económicas que prácticas ya que, al tener transferidas las políticas de empleo, son implementadas desde el Gobierno Vasco. En los presupuestos de 2020 la partida asignada en esta materia supera los 400 millones de euros.

Euskadi tiene su modelo acordado con el Estado vía Cupo. Cualquier medida que se vaya a cambiar se debe negociar en la Comisión Mixta del Concierto Económico, no vía real decreto-ley, como ha ocurrido ahora. "En el caso de Euskadi, esta medida va contra nuestro modelo de autogobierno" ya que, en todo caso, debería negociarse en la Comisión Mixta "y no vía decretazo".

Peor parados saldrán aquellas comunidades como Andalucía, Galicia o Catalunya. La Junta andaluza sufrirá un recorte de 430 millones de euros y la Generalitat, 215 millones, según revelaron ayer ambas instituciones, que también protestaron que esta medida se ha adoptado desoyendo a las comunidades y sin que estas puedan proponer alternativas. Este recorte obligará a los gobiernos autonómicos a reformular la financiación de sus políticas activas de empleo. Tenían comprometidos ya muchos de los servicios y planes de formación, que ahora pasan a estar centralizados por Moncloa. El viceconsejero vasco de Empleo y Juventud denunció que el decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros "atenta contra las necesidades de los parados", ya que "perderán así una baza para salir de esa situación".

Durante la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales encabezada por la ministra de Trabajo, Muro subrayó que el Gobierno Vasco cree "que ahora es momento de impulsar las políticas activas de empleo, para que las personas que vayan a estar en paro o que ya lo estén puedan tener herramientas para incorporarse al mercado laboral lo antes posible".

En conversación con este diario Muro destacó que, pese a todo, la reunión telemática transcurrió con un tono colaborativo por todas partes dada la gravedad de la situación generada por la pandemia, aunque todos los cargos autonómicos, salvo los gobernados por el PSOE, reprocharon la unilateralidad de la medida. Según advirtió, "es un momento clave, en una situación sin precedentes" debido a la crisis originada por el COVID-19, "y tenemos que anteponernos a lo que puede

En este sentido, Muro dijo "no entender que se recorte de una partida tan esencial en cualquier ocasión, y singularmente nos parece que será imprescindible en los próximos meses". Asimismo, recordó que hoy se van a conocer los datos de desempleo del mes de marzo y se espera un aumento considerable en el número de personas paradas en Euskadi.

Por ello, lamentó que el Ministerio de Trabajo ha "minimizado" una de las herramientas "fundamentales" de que disponen las comunidades autónomas para impulsar la empleabilidad de las personas paradas, ya que "elimina, prácticamente, cualquier posibilidad de poner en práctica las políticas activas, ya sea de formación o cualquier otro tipo de incentivo, limitando severamente la posibilidad de colaborar en la recuperación de la normalidad en el menor tiempo posible".

No es este el primer derrapazo recentralizador que comete el Gobierno de Pedro Sánchez. En el caso de Euskadi, primero se vio en la declaración del estado de alarma que fue aprobado por el Ejecutivo español sin informar ni deliberar con el Gobierno Vasco, a pesar de que en el primer punto del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez se alude a la lealtad recíproca y al flujo de información entre los firmantes.

Días más tarde, en plena ebullición de la crisis por la compra y reparto del material sanitario, el Gobierno español centralizó estas operaciones desoyendo a las comunidades autónomas, incluida la vasca, que tenían sus propios canales de suministro ya comprometidos y activados en algunos casos.

El útlimo episodio de unilateralidad tuvo lugar el pasado domingo con la aprobación del decreto-ley que regula las actividades económicas esenciales, sin contar ni deliberar con el Gobierno Vasco, que ha reclamado que se tuviera en cuenta la realidad del tejido productivo vasco a la hora de fijar los sectores y empresas que pueden seguir trabajando si se garantiza la salud de los empleados.

"Esta medida va contra nuestro autogobierno. Debería negociarse vía Cupo, no vía decretazo"

Viceconsejero de Empleo y Juventud