Donostia - El deshielo entre Pedro Sánchez y Pablo Casado tendrá que esperar. Como era previsible, la reunión de ayer entre el presidente del Gobierno español y el líder de la oposición no dio más de sí que la mera escenificación de un desencuentro que se remonta a las elecciones de abril del año pasado y se mantiene diez meses después sin visos de resolver. Los dos dirigentes se mantuvieron en sus trece y no dieron su brazo a torcer en su encuentro de hora y media en La Moncloa. Los grandes acuerdos sobre pensiones, financiación autonómica y renovación de instituciones como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o el Consejo de Administración de RTVE quedan encallados sine die.
Los socialistas acusan al PP de mantener el "bloqueo" de las grandes instituciones del Estado, mientras que desde Génova replican que están maniatados al independentismo catalán. El desencuentro es total pero nadie quiere, públicamente, romper la baraja y ambas partes insisten en que mantienen "la mano tendida" para alcanzar acuerdos a día de hoy imposibles a tenor de las estrategias de unos y otros.
Casado jugaba con ventaja esta partida ya que el PP mantiene su mayoría en las instituciones judiciales y, a priori, no le interesa que cambien las tornas, aunque ambos organismos sigan empantanados en una prórroga infinita hasta que se produzca la renovación marcada por la ley. Es Sánchez el interesado en revertir la situación y cambiar la correlación de fuerzas en el seno del TC y del CGPJ, dominado por representantes designados por los populares. El presidente español no lo puede hacer apoyándose solo en las fuerzas que le facilitaron la investidura porque, en este caso, se exige una mayoría cualificada (dos tercios) en el Congreso de los Diputados, y eso pasa por el apoyo del PP.
En el encuentro en La Moncloa que se prolongó durante hora y media, Casado le exigió que anule la mesa de negociación con el Gobierno catalán, que deshaga el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, que renuncie a cualquier subida de impuestos, así como a cambios en la reforma laboral.
Son exigencias que obligarían a Sánchez a tirar por la borda el delicado acuerdo con las fuerzas que le apoyaron en la moción de censura contra Rajoy y también en la investidura tras las últimas elecciones del 10-N. Entre esos aliados se encuentra ERC, que en su acuerdo de investidura le arrancó una mesa de negociación entre los dos gobiernos para desencallar el "conflicto catalán". De la evolución y los resultados de este foro de diálogo dependerá la gobernabilidad y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este año.
Casado intentó robarle el argumento presupuestario y ofreció a Sánchez llegar a pactos de Estado, entre ellos los presupuestos estatales, si rompe con el independentismo catalán y "renuncia" a la mesa de diálogo. Después de que el Gobierno le reprochara que el PP continúe con su "estrategia de bloqueo", Casado aseguró que le ofreció un "compromiso por España" y ahora la "pelota está en el tejado" de Sánchez.
El presidente del PP explicó que le planteó a Sánchez una alternativa para que no tenga que depender de quienes piden la "ruptura de los consensos básicos" para sacar las cuentas adelante. Pero, aunque valoró que la reunión fue "cordial en la forma y fructífera" para debatir las cuestiones pendientes, lo único que salió de este encuentro son los nombres para "ponerse en contacto" entre los dos partidos sobre el pacto de Toledo, la reforma educativa o las medidas de protección de la infancia. Y sobre la financiación autonómica, dijo estar dispuesto a llegar a un acuerdo si es "justa", garantiza la igualdad.
El Gobierno español negó que Casado haya tendido la mano al presidente Sánchez en algún asunto y denunció que el principal partido de la oposición sigue instalado en una "actitud negacionista" que cierra la puerta a cualquier colaboración, al supeditarla a que se asuma su programa electoral. "O se hace mi política o que ya se sepa que este país no puede contar con el PP", es el resumen que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, hizo de la posición de Casado.
catalunya "Lamentablemente no hemos encontrado en el señor Casado la actitud de colaboración que la situación de España requiere. No ha habido ningún compromiso, ninguna concreción que el Partido Popular haya podido trasladarle al presidente del Gobierno para poder, al menos en los temas relevantes, intentar buscar un acuerdo", denunció Montero, en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa al término de la entrevista. Montero acusó a los populares de no haber asumido su derrota electoral en las dos últimas elecciones generales y de estar "bloqueando" el funcionamiento de las instituciones y de otros poderes que "ya se resienten" por no poder renovar sus órganos directivos.
Esta actitud de usar las instituciones "como rehenes", en opinión del Ejecutivo, resulta "decepcionante" para el Gobierno, subrayó Montero, que denunció que el PP pretenda "dictar la política" sobre Catalunya, vinculando esta a asuntos que nada tienen que ver como la renovación de los órganos constitucionales o los presupuestos. Montero aclaró que aún no hay fecha para la constitución de la mesa de diálogo con el Govern catalán -Sánchez se comprometió a que echase a andar este mes de febrero- ni se ha decidido qué miembros representarán al Ejecutivo en ese foro. Montero defendió "un diálogo dentro de la ley que permita acercar posiciones" frente a la actitud del PP, que "no aporta ninguna solución".
