Donostia - Pedro Sánchez dejó ayer claramente marcadas las cartas de la baraja con la que planea jugar durante la legislatura a partir de que el próximo martes sea investido presidente del Gobierno español. En lo social pretende ampliar la cartera de los derechos sociales, y en lo territorial apuesta por romper con la dinámica de los anteriores gobiernos, ya sean del PP o del PSOE, de abordar de forma rácana y graciosa las cuestiones nacionales catalana y vasca. Forzado por la necesidad de una aritmética que no le da para ser presidente sin los votos de los nacionalistas vascos y catalanes, el líder socialista asume el diálogo y no la imposición como vía para resolver los problemas y reconoce que se trata de contenciosos políticos. Así lo expresó ayer durante su intervención inicial en defensa de su candidatura en la que, además, para escarnio de la derecha, se comprometió a dejar atrás la judicialización de los conflictos con las administraciones autonómicas.
La mudanza de Sánchez ha sido fulgurante. En la semana previa a las elecciones generales del 10 de noviembre dijo ante millones de telespectadores que abogaba por penalizar las convocatorias ilegales de referéndums, además de otras medidas coercitivas contra el independentismo catalán. Dos meses después, apremiado por la necesidad de asegurar el apoyo del PNV a su investidura y de la abstención de ERC y de EH Bildu, el candidato a presidente quiso dar normalidad a la consulta ciudadana en Catalunya pactada con Esquerra argumentando que once estatutos de autonomía reconocen la convocatoria de un referéndum.
Tras constatar las "debilidades y desgastes" acumuladas por el sistema autonómico español, y asegurar que se trata de un problema heredado, se comprometió a "devolver a la política un conflicto político, permitiendo con ello dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado". Sánchez apeló al diálogo, la negociación y el pacto, pero advirtió que el límite es la ley y la Constitución. En el caso catalán recordó que, tal y como han acordado el PSOE y ERC en el marco de la negociación para la investidura, va a crear una mesa de diálogo bilateral ente el Gobierno español y la Generalitat, que se pondrá a trabajar quince días después de que se conforme el Gabinete de Sánchez. "Lo vamos a crear, vamos a debatir dentro del marco constitucional y vamos a poner fin a esta confrontación territorial", señaló para tranquilidad de la familia socialista e incredulidad y estupor de la bancada del PP.
A renglón seguido, el aspirante a presidente del Gobierno español se refirió a Euskadi y se comprometió a "colaborar también" con el Gobierno Vasco en el cumplimiento de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. También aludió de refilón al nuevo estatuto para Euskadi que los partidos vascos están trabajando en el Parlamento autonómico y abogó por su actualización, aunque "siempre dentro de nuestro marco constitucional". Desde el PNV, Aitor Esteban, pidió al presidente del Gobierno español "arrojo" en la cuestión territorial y en lo social y económico le precisó que, si bien tiene garantizado su apoyo, no puede pretender un trágala por parte de los jeltzales.
La primera jornada del Pleno de investidura que ayer arrancó en el Congreso de los Diputados fue un prólogo de la legislatura que se avecina. Durante su intervención en el plenario Sánchez dejó patente que los dos vectores que regirán su mandato serán Catalunya y la cuestión autonómica a través del diálogo y el impulso de medidas sociales y el desmantelamiento de los recortes activados en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Enfrente tendrá a una derecha en su versión más furibunda. Para muestra un botón: Pablo Casado, el líder del PP, le amenazó con los tribunales y con movilizaciones "en las calles y en las plazas" y en los primeros ocho minutos de su intervención le llamó "sociópata, mentiroso, presidente fake, falto de dignidad, fatuo, arrogante y patético". Su lenguaje duro y sus mensajes apocalípticos dejaron poco margen a la ultraderecha de Vox para ganar la batalla del exabrupto y el exceso. También la nueva líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, intentó competir en la estridencia pero la intrascendencia de sus diez diputados le relegan a la irrelevancia.
Casado le recriminó que no hubiera entrado en el fondo de la cuestión y no hubiera dado ninguna explicación de los acuerdos con ERC. "España no le importa nada", le espetó el líder popular tras acusarle que se ha enfrascado en una "operación de derribo constitucional". El socialista se defendió de las acusaciones que le había propinado el líder del PP previamente, repitiendo que "no se va a romper España, sino el bloqueo al Gobierno".
El líder popular no pudo resistirse a sacar a colación a ETA y a sus víctimas durante su discurso para fustigar al PSOE y retratar a Sánchez como cómplice de los terroristas. Del mismo modo, le acusó de pactar con EH Bildu para lograr su abstención en la investidura y también del Gobierno navarro de la socialista María Chivite. Sánchez le recordó que fue el expresidente José María Aznar (PP) el que negoció con la izquierda abertzale y más recientemente el exalcalde de Gasteiz Javier Maroto el que dialogó con Bildu para sacar adelante algunas iniciativas municipales. Casado negó que Maroto acordará nada con el partido de Otegi y añadió que "si les apoyaron en alguna votación fue porque ellos lo quisieron".
Sánchez, que elevó tanto el tono que en algún momento dio la impresión de que gritaba, acusó al líder de los populares de haber utilizado "artimañas jurídicas" por acudir a la Junta Electoral Central para pedir la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra, y el fin de la inmunidad para el presidente de ERC, Oriol Junqueras.
Estas dos decisiones del tribunal electoral adoptadas el viernes por la tarde sacudieron el inicio del Pleno de investidura y añadieron presión sobre ERC, que había arrancado un pacto con alfileres al PSOE, jugándosela ante su propia parroquia y poniendo en riesgo la unidad de acción del independentismo y su relación con sus socios de JxCat en la Generalitat presidida por Torra.
Finalmente, a ERC no le temblaron las canillas y su Ejecutiva reunida con carácter de urgencia se reafirmó en dar cauce con su abstención a la investidura de Sánchez y aprovechar la oportunidad abierta con el acuerdo firmado con el PSOE. De este modo, Sánchez se asegura la investidura en la segunda votación del próximo martes al tener garantizados 167 apoyos frente a los 165 votos contrarios del bloque del no.
Rompe la disciplina de partido. La sorpresa que supuso el cambio de posición de la abstención al 'no' de la diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, a la investidura de Sánchez reduce a solo dos votos la diferencia entre los apoyos y los rechazos que cosechará la candidatura del líder del PSOE. Tiene garantizado el apoyo de sus 120 diputados, los 35 de Podemos, los 6 del PNV, los tres de Más País-Compromís y los otros tres que suman los representantes de Teruel Existe, Nueva Canarias y BNG: en total, 167 escaños, frente a los 165 del bloque del no. Estos números no dan para superar la votación de hoy que exige mayoría absoluta pero sí para la del martes en la que le basta con una mayoría simple.
