"Cada vez que este proceso sale hacia fuera, los tribunales adoptan resoluciones contrarias a la perspectiva española"

¿Qué es un juicio político y qué características tiene?

-Es un juicio que el Estado construye contra sus adversarios políticos para eliminarlos o para neutralizarlos. Ese sería el hilo común de todos los ejemplos que aparecen en el libro. Evidentemente no es lo mismo un juicio en la Alemania nazi de los años 30 que un juicio en la España postconstitucional de la actualidad. Sin embargo, el ensayo intenta plantear cuáles son los elementos comunes que utiliza el Estado y las posibles estrategias de defensa que se pueden desplegar, y cuáles han funcionado y cuáles no. Pero es evidente que la tentación de utilizar la justicia como instrumento de combate político es algo que ha existido desde la aparición de los Estados modernos y que los movimientos contrahegemónicos, sean más de tinte revolucionario o independentista, tengan el matiz emancipatorio que tengan, han sufrido a lo largo de la historia este tipo de juicios políticos.

Habrá quien piense que su tesis obedece a su estrategia.

-En nuestro caso concreto, lo que se discutió en el juicio tiene una naturaleza política evidente, que sobrepasa absolutamente el Código Penal, y que el momento, la forma, los sujetos afectados, y el relato que se construye, conforman una lógica política que va mucho más allá de los elementos jurídicos.

Otra característica común que señala de los juicios políticos es la desproporción imperante.

-Esto está teorizado y ha recibido la etiqueta de derecho penal del enemigo, concepto algo distinto, pero con zonas de contacto, y que se construye poniendo mucho más énfasis en lo que piensa el autor, en la falta o alteración de las garantías habituales de juicio, y en la desproporción de las penas. Elementos que en el juicio en el Supremo se pueden identificar perfectamente. A los acusados se les acusa mucho más por lo que piensan y el proyecto político que defienden más que por lo que han hecho concretamente. Se les juzga en un Tribunal Supremo que ha alterado las reglas de competencia para poder juzgarles, porque no le correspondía, y que se hace todo ello en un marco de discusión de un delito de rebelión con peticiones de 25 años de prisión, cuando es evidente que lo que ha pasado merecería prácticamente una pena de multa, pero no una pena equivalente a la más elevada que tiene nuestro Código Penal.

Escribe que no esperaban que el juicio acabara en absolución, pero hace un año dijo que si jugaban bien sus cartas, había posibilidad de sentencia absolutoria. ¿Quería levantar el ánimo?

-En el libro se explican algunos ejemplos de juicios políticos que han sido ganados. Una de las lecciones que se pueden extreaer es la necesidad de una movilización muy activa, muy permanente, que llegue realmente a generar un contrapeso. Cuando yo dije eso hace un año la movilización estaba por construir. En algunos momentos esa respuesta ha tenido la capacidad de contraponer, pero luego, tanto algunas de las estrategias que se siguieron dentro del juicio, como los ciclos electorales que vivimos, que desactivaron de forma muy clara la movilización popular, como el hecho de que esa movilización quedara muy circunscrita a Catalunya, desconectaron lo que podría haber sido un intento de poner en jaque ese proceso político.

Es complicado mantener esa tensión mucho tiempo.

-Dentro del movimiento independentista existe un músculo, con cierta capacidad, combinando ciclos y fórmulas. La sociedad catalana es como es, y creo que está dispuesta a sacrificarse hasta un punto. Pero también el hecho de que se den consignas contradictorias, que algunos acusados en el juicio no reivindicasen lo que se hizo en octubre de 2017, son elementos claros de desmovilización. El juicio fue seguido en Catalunya por una parte importantísima de la sociedad. Lo que se decía allí revertía en la sociedad. Prácticamente, la vida política en Catalunya dejó de estar en el Parlamento o en la calle para situarse en esa Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Se suele contraponer la defensa técnica frente a la defensa política.

-Me parece una discusión equivocada, primero porque viene a decir que los que defendemos la tesis de la defensa política no sabemos la técnica. Es evidente que todas las personas que estábamos allí por nuestra experiencia profesional planteamos un debate técnico-jurídico de bastante enjundia, y todo lo que va a venir ahora en el Constitucional y en Estrasburgo así lo va a demostrar. El debate sobre derechos fundamentales tiene una profundidad jurídica importantísima. Lo que pasa es que aquí había estrategias distintas de cómo se concebía el juicio, por lo tanto de la actitud procesal que debíamos tener, y sobre todo una discusión sobre el relato. Javier Melero, el abogado de Quim Forn, cuando hace el alegato final viene a decir que lo que pasó fue una mentira, un fraude a la sociedad catalana, en la tesis de la ensoñación que aparece en la sentencia. En cambio, nosotros defendimos que fue un acto colectivo de desobediencia civil absolutamente determinado y con un objetivo político clarísimo. Pero todos hicimos técnica, todos hicimos política, lo que pasa es que expresamos visiones políticas distintas. Y nosotros denunciamos que ese juicio era político, por sentido de la coherencia.

Los vídeos del 1 de octubre se dejaron para el final del juicio.

-El planteamiento del tribunal en la sentencia viene a decir que no se creen ni a los policías ni a los ciudadanos, y prácticamente de hecho no entran en lo que pasó en los colegios electorales. Pero lo cierto es que en el juicio estuvimos semanas abordando solo sobre lo que había pasado aquella jornada. Los vídeos en cualquier juicio son una prueba muy privilegiada, porque para qué vamos a escuchar a los testigos, que siempre es una versión muy subjetiva de lo sucedido, cuando podemos ver y escuchar lo que ha pasado. Que un tribunal prefiera relegar la prueba videográfica y anteponer la prueba testifical de los agentes de la Guardia Civil ya demuestra un punto de posición en privilegiar una versión de los hechos y poner por delante la versión de la autoridad policial incluso ante la evidencia de vídeos. Quizá, también hay un problema cultural, de una justicia decimonónica que funciona en esta lógica que parece que no se ha adaptado todavía a siglo XXI, con una concepción del juicio penal absolutamente antigua.

La Constitución se esgrime como dique frente al derecho a decidir. Mientras no se reforme, es complicado salir de la judicialización.

-En el escrito de acusación de la Fiscalía, se citaba de forma insistente una sentencia del Tribunal Constitucional que se remitía a la opinión de la Corte Suprema de Canadá sobre Québec. Es curioso que se citase tanto y, en cambio, se aplique tan poco. Porque en la Constitución de Canadá tampoco está recogido el derecho a la autodeterminación y sin embargo su Tribunal Supremo sí que entendió que desde una lógica de principio democrático, si un territorio, de forma reiterada y democrática, quiere ejercer ese derecho, al final la gente tiene que poder decidir sobre su futuro de forma colectiva. En el juicio se dio una contradicción muy común en los procesos políticos. Al tribunal, a la Fiscalía y a las acusaciones se les dejó hablar mucho de política y en cambio a las defensas no se nos permitió lo mismo. La sentencia dedica más de 20 páginas a hablar del derecho a la autodeterminación. Sin embargo a nosotros no se nos dejó practicar ninguna prueba destinada a discutir sobre ese derecho, con catedráticos y con los observadores internacionales. Eso fue cercenado constantemente por parte de Marchena, además con una actitud absolutamente agresiva con nosotros. El tribunal entró a expresar una posición política; me atrevería a decir que no compatible con la Constitución del 78, contradictoria con la regulación del término nacionalidades y la visión plurinacional que podemos leer en la Constitución, con una visión del Estado español sobre la cuestión que es la misma que tenía el régimen anterior a 1978.

La atención se centra ahora en la situación de Oriol Junqueras. ¿Cuál es su diagnóstico?

-El test de calidad de la justicia española es que cada vez que este proceso sale hacia fuera, los tribunales tienen una visión absolutamente distinta, y adoptan resoluciones absolutamente contrarias a la perspectiva española. Y aparece esa idea en la judicatura española de que no nos entienden. Y no es que nadie le comprenda, es que es demostrativo de que la posición que está manteniendo es contraria a un sistema judicial democrático respetuoso con los derechos humanos. La situación en la que queda ahora el Tribunal Supremo es realmente muy complicada de resolver. Plantearon una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo, tenían que esperar a tener esa resolución para dictar sentencia, no esperaron y ahora nadie sabe cómo hay que resolverlo, porque el dictamen de Luxemburgo es muy claro: Oriol Junqueras es europarlamentario desde el día en que se proclamaron los resultados electorales. La única solución posible es anular la sentencia y solicitar el suplicatorio al Parlamento Europeo. Pero no tengo nada claro que ese poder estatal esté dispuesto a someterse a un suplicatorio, y a tolerar que Oriol Junqueras salga en libertad para ir a tomar posesión de su cargo.

Eso también afecta la situación de Carles Puigdemont.

-Y de Toni Comín. Se va demostrando que la Unión Europea con todas sus imperfecciones y críticas que podemos hacerle, parece que tiene un nivel de respeto de derechos humanos que no está dispuesto a ceder, y que por lo tanto, más tarde o más temprano, todo este proceso judicial acabará con una condena en los tribunales internacionales.

Usted fue diputado al Parlament en la legislatura del 1-O, en las filas de la CUP. ¿Cómo cree que evolucionarán los acontecimientos a partir de ahora?

-El conflicto no se ha resuelto y creo que no se va a resolver hasta que Catalunya pueda ejercer el derecho a la autodeterminación. Otra cosa es cuánto tiempo vamos a necesitar para que eso pueda materializarse. Tenemos una clase política que muchas veces se ha visto arrastrada por la movilización social, pero han pasado cosas que no había planificado ni planeado que pudieran ser así. Ahora estamos entrando en un periodo de moderación por parte de esa clase política. La legislatura Torra nos muestra una situación institucional absolutamente parada, donde básicamente se están realizando políticas de naturaleza autonómica. Creo que los acuerdos presupuestarios nos dibujan una fase de desescalada por parte del independentismo institucional. Pero creo que por abajo, en un futuro próximo, vamos a tener nuevos ciclos de movilización muy intensa.

Analiza el caso 'Aturem el Parlament' (Paremos el Parlamento), una manifestación que en 2011 dificultó el acceso a una sesión parlamentaria.

-Grande-Marlaska y Manuel Marchena actuaron en esa visión del orden público del año 59, de que cualquier cosa que altere la normalidad de la vida institucional tiene que ser criminalizada y castigada con prisión, tanto cuando se trata de reprimir a los que protestan por los recortes sociales como cuando quien protesta son los independentistas. Jordi Turull, por ejemplo, fue testigo y víctima, y fue por lo tanto denunciante en aquel proceso. Y ahora aparece como acusado. De hecho, este es uno de los argumentos que utiliza Marchena en la sentencia para esgrimir imparcialidad. Yo considero que fue parcial entonces y ahora.

En la presentación de su libro dialogó con Amaia Izko, condenada en el juicio 11/13, en el que hubo un acuerdo entre Fiscalía y defensa.

-Los juicios políticos nacen en un momento de correlación de fuerzas contrario al acusado, porque el Estado cree que lo va a ganar. A veces el momento en que se resuelve ese juicio es distinto a cuando se generó. Es el caso de los compañeros abogados. De ahí esa entente de conformidad.

¿Cómo se encuentra Jordi Cuixart?

-Él explica en el libro el proceso de evolución personal que tuvo, al tomar consciencia de que la situación sobrepasa su vida personal. Entiende que tiene que ser un instrumento útil para la resolución de este conflicto. Planteó el juicio con muchísima coherencia, como un instrumento político para avanzar, en una etapa más en la conquista del derecho a la autodetermianción. Yo no lo veía así, pero la lectura que hizo al ser condenado a 9 años, es que al comienzo del juicio a Jordi Sánchez y a él les pedían 18 años, las penas más altas después de Oriol Junqueras. Y acaban el juicio con la condena más pequeña de los que estaban en prisión. Y extrae que esto es precisamente porque hemos tenido una estrategia de hablar claro y plantear el juicio desde una óptica política. Por lo tanto, nuestra estrategia no solo fue correcta en términos morales o políticos, sino que además lo fue en términos efectivos. Con perspectiva de preso político esto da mucha fuerza y dignidad, de haber hecho lo que tocaba.

¿Cómo contempla los beneficios penitenciarios?

-Jordi tiene hijos y familia, y quiere salir en libertad, pero no de cualquier manera, sino de una forma digna y coherente, para que todo lo que ha hecho tenga sentido para las personas que van a luchar después de él. Jordi va a enfocar la gestión de los grados y permisos con esa perspectiva.