Donostia - El PNV ha jugado sus cartas en un contexto complicado y marcado por la incertidumbre sobre las negociaciones entre los socialistas y ERC para la investidura de Pedro Sánchez como presidente español. El escenario era difícil y no era propicio para abordar una negociación clásica con cesiones inmediatas y concretas, como una inversión determinada o transferencias específicas. Pero el PNV ha arrancado un compromiso por escrito por parte de Sánchez que supone cambiar la óptica sobre el modelo territorial: aparcar la judicialización y el recurso permanente a los tribunales, y apostar por el diálogo y el acuerdo político. Este mensaje se aplica a los conflictos de competencias que puedan tener en el futuro los gobiernos vasco y español en leyes concretas, que deberán resolverse mediante el diálogo; al nuevo estatus de autogobierno, y a un conflicto catalán que estos años se ha tratado de embridar a golpe de cárcel y suspensión del autogobierno. A cambio de esta apuesta por el diálogo, el PNV le dará sus seis votos a favor. El compromiso queda por escrito en el documento, que además aboca a Sánchez a abrir el melón territorial e ir más allá de las buenas intenciones porque plantea aprobar "reformas" si fuera preciso. Y Sánchez acepta negociar sobre el estatus de autogobierno que apruebe el Parlamento Vasco, atendiendo a los "sentimientos nacionales de pertenencia". Todo fue recibido con júbilo por el lehendakari Urkullu en las redes sociales, por entender que abre la puerta al Estado plurinacional.
En el acuerdo de doce puntos que firmaron ayer en el Congreso de los Diputados y al máximo nivel Pedro Sánchez y el presidente de la ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, el candidato se compromete a "impulsar a través del diálogo entre partidos e instituciones las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Catalunya como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la CAV, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia".
Sobre las alusiones a la identidad nacional, Ortuzar reconoció que, para el PNV, se debe traducir en "derechos políticos" para Euskadi y Catalunya. La visión de los socialistas es otra. El propio PSE no tiene empacho en utilizar el término nación, pero no quiere que lleve aparejado el derecho de los vascos a decidir su futuro. Esta aclaración no empaña que la redacción del pacto entre Sánchez y el PNV es más ambiciosa que el apartado territorial del pacto del socialista con Pablo Iglesias.
También hay espacio para lo concreto cuando se fija un plazo de seis meses para la transferencia de Tráfico a Nafarroa, un asunto que amarró la expresidenta Barkos con Sánchez y se ha ido retrasando. Se procederá al traspaso siguiendo el mismo modelo que la Ertzaintza, de manera que la Policía foral asuma el tráfico. Este asunto, que da oxígeno a la influencia del PNV en Nafarroa, levanta ampollas en la derecha, que ayer puso el grito en el cielo agitando la expulsión de la Guardia Civil. En las competencias de la CAV, lo que se hace es abrir el melón para hablar de todas las que quedan en el transcurso de 2020, sin vetos, lo que incluye la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, la materia que quedó fuera del calendario de traspasos. No se dice que todos los traspasos tengan que producirse en 2020, sino que la intención es hincar el diente a todos y abordar el debate sin vetos.
salvaguarda ante podemos El pacto arranca con una salvaguarda que permite al PNV blindarse ante las medidas del Gobierno de Sánchez e Iglesias que no comparta. En el propio acuerdo sobrevuelan los puntos que más preocupan a los jeltzales (en la política energética, se apuesta por una transición realista que no se lleve por delante al sector del automóvil, y se recalcan las competencias vascas en la fiscalidad). El punto primero apuesta por comunicar al PNV las medidas antes de su aprobación y alcanzar un acuerdo si hay discrepancias. Si no comparte el contenido, no las apoyará. Este dato le va a permitir sacar jugo a sus seis escaños en todas las votaciones para encauzar contrapartidas sobre la agenda vasca. Y es una forma de dejar por escrito que el PNV será un socio preferente, ante la tentación de buscar la abstención del PP en las cuentas.
También se abordará la presencia vasca en Europa y el debate de las selecciones deportivas sin perjuicio de las federaciones españolas. Ortuzar dijo que el PNV logra "garantías para que se cumpla por fin el Estatuto de Gernika, para negociar un nuevo estatus, para sustituir la judicialización por la política, y para tener infraestructuras de calidad", en alusión al TAV: "Es un buen acuerdo".
"Mantener una comunicación fluida y constante con EAJ/PNV, dando a conocer con antelación suficiente los proyectos e iniciativas que el Gobierno desee impulsar, comprometiéndose, además, a llegar a un acuerdo satisfactorio en caso de discrepancia".
FIN DE LA JUDICIALIZACIÓN DIÁLOGO CON EL GOBIERNO VASCO
"Mantener una comunicación fluida con el Gobierno Vasco en aras de evitar la judicialización de las discrepancias, que debe ser sustituida por el acuerdo político".
"Proceder en 2020 a la negociación y traspaso a la CAV de las competencias estatutarias pendientes". "Se procederá en el plazo de seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, con el mismo contenido y extensión que las realizadas en su momento a la CAV".
"Impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la CAV, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia".
Apostar por el TAV, cumplir los acuerdos pendientes desde la época de Rajoy y que fueron revalidados en la moción de censura por Sánchez, impulsar la participación de las instituciones vascas en la Unión Europea, promover una transición realista en la industria protegiendo los puestos de trabajo, pactar con el PNV las medidas fiscales y respetar la vía del Concierto para este asunto y los objetivos de déficit, abrir cauces para las selecciones vascas, y modificar el decreto del 155 digital.
