La situación judicial de Oriol Junqueras, que el Tribunal Supremo debe aclarar a la luz de la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que puede vivir un vuelco en función de lo que dictamine la Junta Electoral Central esta semana de la investidura, puede derivar en la tramitación de un suplicatorio para que la Eurocámara levante la inmunidad parlamentaria al líder de ERC, un proceso lento pero frecuente en el Parlamento Europeo. La Eurocámara levanta la inmunidad en el 92% de los suplicatorios. En la pasada legislatura estudió 55 peticiones de suspender la inmunidad y solo en cuatro casos rechazó la solicitud.
Los eurodiputados no pueden ser investigados, detenidos ni procesados en virtud de las inmunidad parlamentaria de la que gozan, señala el Parlamento Europeo, que precisa que esa salvaguarda no deben de ser entendida como impunidad sino como una garantía para que los europarlamentarios ejerzan libremente su mandato sin ser objeto de persecución política arbitraria. El suplicatorio suele terminar con el levantamiento de la inmunidad para que puedan ser juzgados por los delitos que se les atribuyen, como en los recientes casos de la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen o de su padre, Jean-Marie Le Pen. No es un proceso automático y aunque tarda unos seis meses, un caso tan politizado como el de Junqueras podría alargarse más El Parlamento Europeo tardó en pronunciarse sobre los suplicatorios una media de 201 días. Solo en dos casos necesitó menos de 100 días.
Según recoge el reglamento interno de la Eurocámara, primero el Tribunal Supremo tendría que remitir al presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata italiano David Sassoli, una petición para que levante la inmunidad de Junqueras. Sassoli se lo comunicará al pleno y lo trasladará a la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI), que designará un ponente y examinará la solicitud "sin demora, pero teniendo en cuenta su complejidad relativa" y formulará una recomendación. Para ese dictamen, que no admite enmiendas y cuyas deliberaciones se llevan a cabo a puerta cerrada, la comisión puede solicitar "a la autoridad competente cuantas informaciones o aclaraciones estime necesarias". También ofrecerá al eurodiputado en cuestión la posibilidad de ser escuchado y de presentar "cuantos documentos o elementos de prueba escritos estime oportunos". En caso de que el suplicatorio se formule por varios cargos, cada uno de estos podrá ser objeto de una decisión distinta. El líder de ERC fue condenado por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación (aunque esta última pena está en suspenso) por los delitos de sedición y malversación en concurso medial, es decir, entendiendo que un delito es imprescindible para cometer el otro.
La comisión parlamentaria, precisa el reglamento, nunca se pronunciará sobre la culpabilidad o inocencia del diputado "ni sobre la procedencia o improcedencia de perseguir penalmente las opiniones o actos que a aquel se atribuyan". La comisión de Asuntos Jurídicos trasladará entonces su decisión al pleno del Parlamento Europeo, que votará por separado cada una de las propuestas contenidas en el informe en la siguiente sesión plenaria, habitualmente celebrada en Estrasburgo.
Las decisión debe adoptarse por mayoría simple en una Cámara donde gozan de amplia mayoría los grupos popular, socialdemócrata y liberal, tradicionalmente alineados con la posición del Estado español respecto a la crisis institucional en Catalunya. Incluso aunque la institución levante la inmunidad, el eurodiputado en cuestión no perderá su condición como tal, sino que podrá ser juzgado pese a ser miembro del Parlamento Europeo.
La comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara cuenta con 25 miembros de todos los grupos parlamentarios. Figuran como vicepresidentes la conservadora alemana Marion Walsmann (PPE), el socialista español Iván García del Blanco, el ecologista germano Sergey Lagodinsky y el euroescéptico italiano Raffaele Stancanelli, así como un segundo eurodiputado español, el popular Esteban González Pons, en calidad de miembro. La composición, no obstante, cambiaría el próximo 31 de enero con el reajuste que el brexit provocará en la Eurocámara al desaparecer los diputados británicos. - N.G.
