Donostia - En el PP no ha sentado bien el fallo de la Junta Electoral de Barcelona, que ha optado por no retirar el escaño en el Parlament a Quim Torra por considerarlo una petición improcedente. Por ello, los populares han elevado otro recurso, esta vez a la Junta Electoral Central (JEC), reclamando la inhabilitación del president de la Generalitat, que se encuentra asimismo a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el caso de los lazos amarillos. Se da la circunstancia de que el órgano electoral también debe decidir el próximo día tres sobre si Oriol Junqueras puede coger o no su acta como eurodiputado.
Según anunció ayer el líder del PP, Pablo Casado, su partido ha presentado un escrito ante la Junta Central tras desestimar el árbitro electoral para la provincia barcelonesa la petición previa al entender que la sentencia que pesa sobre Torra no era firme.
De esta forma, aunque al president no se le ha aplicado una condena firme y está a la espera del recurso en el Supremo, el PP considera que al president de la Generalitat hay que adjudicarle la inhabilitación por "incompatibilidad sobrevenida", figura que recoge la Loreg y que la Junta Electoral Central ya ha puesto en práctica con alcaldes en acuerdos de años anteriores. "Torra deba dejar su puesto de presidente de la Generalitat. Como el Gobierno no lo hace, lo hacemos nosotros", afirmó Pablo Casado.
El PP, conocida la decisión del órgano electoral barcelonés que desestimaba su recurso, se dirige a la Junta Electoral Central para denunciar el acuerdo de la Junta de Barcelona, que tilda de "interpretación propia" y "absolutamente ajena a su competencia". De esta manera, los populares confían en que en Madrid avalen sus tesis que han sido rechazadas en Catalunya.
el 'caso junqueras' La Junta Electoral Central también tiene previsto estudiar la próxima semana, en su reunión del viernes 3 de enero, los escritos que le presentaron el PP y Ciudadanos pidiendo que no se otorgue el acta de eurodiputado al presidente de ERC, Oriol Junqueras, por estar condenado por sentencia firme, según confirmaron a Europa Press fuentes del organismo arbitral.
El pasado mes de junio, la JEC no pudo expedir a Junqueras la credencial porque el Supremo le negó el permiso para cumplir el trámite que exige la legislación española, que es jurar o prometer la Constitución ante la Junta. Pero, tras el reciente varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la Justicia estatal, el criterio que fija la institución comunitaria es que el eurodiputado ya lo es desde que es elegido, sin que ningún trámite formal pueda condicionar la obtención del escaño.
Mientras el Tribunal Supremo estudia cómo aplicar esa sentencia, tanto el PP como Ciudadanos se apresuraron a solicitar a la JEC el pasado día 23 que no otorgue la credencial a Junqueras, argumentando que ya no es un preso esperando juicio, sino que es un condenado por sentencia firme a inhabilitación, según resolvió el Alto Tribunal en la sentencia del procés.
Tanto el PP como Ciudadanos entienden que esa condena de prisión y de inhabilitación dictada por el Supremo, que ya es firme, supone "una causa de ineligibilidad sobrevenida" para Junqueras que le impide ocupar un cargo público o parlamentario, por lo que no puede recibir la credencial de eurodiputado y así se debe comunicar al Parlamento Europeo. Sin embargo, parece difícil que las instituciones europeas respalden las tesis de la derecha española tras la sentencia del TJUE.
