A Pedro Sánchez se le atraganta el mazapán. Son las suyas unas navidades angustiosas, pendiente de una buena nueva que no llega, plagadas de incertidumbre sobre un futuro que ha decidido poner en otras manos. Ni está ni se le espera hasta que ERC mueva el pulgar. Hasta entonces sigue agazapado en un elocuente silencio que fatídicamente acaba de llevarse por delante 15 años de tradición al negarse a hacer un balance de gestión en el último viernes del calendario como acostumbraban sus antecesores. Así consume una tensa espera que ha incumplido los sucesivos plazos difundidos con más ilusión que lógica por los altavoces de La Moncloa. El desengaño ha sido de tal calibre que ya nadie hace pronósticos. Ahora, sencillamente, se trata de salvar los muebles. Sin plan B, solo quedaría el ridículo de unas terceras elecciones y, desde luego, la seria amenaza del acercamiento de una nueva derecha al poder.
La judicialización de la política se ha hecho carne entre nosotros. Nada más desgarrador para la pureza democrática de un gobierno que depositar el futuro de una investidura en manos de una decisión judicial. Un funesto ejemplo, desde luego, para viciar aquellas incansables críticas lanzadas sin desmayo contra la peligrosa intromisión de los jueces en la vida institucional. Nunca como hasta ahora el futuro de un Gobierno había dependido de la suerte de un encarcelado, justa o arbitrariamente. La negociación a la que se asiste entre PSOE y ERC no se dirime por diferencias programáticas sobre las pensiones, la sanidad, la educación o la desigualdad social. Tampoco sobre la celebración de un referéndum sobre el derecho a decidir. La suerte de un presidente depende, paradójicamente, de un Código Penal. Es el punto y seguido a una patética escenografía institucional. Tribunales y políticos parecen condenados, dentro y fuera de España, a una endiablada dependencia durante los próximos años que decidirá gobiernos, inhabilitaciones, convocatorias de elecciones y hasta cumplimiento de condenas.
De momento, el estrés se apodera de las horas previas a saber la resolución de la Abogacía de Estado sobre la inmunidad que Europa reconoce a Oriol Junqueras en medio de una interesada polémica que dinamita toda apelación a la independencia judicial. Se ha perdido el sonrojo a la especulación. No hay rubor alguno cuando se da por hecho que el informe ya está pergeñado y que cada cinco minutos cruza el puente aéreo buscando el penúltimo ajuste como si este Cuerpo de abogados entregara su reputación profesional como si fuera un rebaño adiestrado. ¿Hasta dónde va a llegar su criterio después de haber advertido en junio de que el candidato europeo de ERC disponía de inmunidad si ahora el fallo de la TJUE no se adentra en vericuetos más escabrosos? ¿Cuál es la clave para que le agrade al republicanismo catalán? ¿Es suficiente con la libertad para recoger el acta, aunque luego siga cumpliendo condena? ¿O solo vale la excarcelación hasta un nuevo suplicatorio?
El PSOE teme que la Abogacía del Estado no vaya más allá y la negociación se tambalee. ERC, en cambio, quiere que se retuerza al máximo la legislación para que nadie le acuse de venderse por un plato de lentejas. En todo caso, que la suerte final de la investidura llegue antes del fallo del Tribunal Supremo, ya que éste puede ser demoledor para las legítimas aspiraciones de Junqueras.
A estas alturas del bochorno interminable, Sánchez no sabe dónde meterse. Todos sus planes le han salido mal desde que aquella tarde de las elecciones locales entendió, solo o en compañía de otros, que nunca necesitaría muletas para gobernar. Dos elecciones después siente, sin embargo, cómo el pacto con Unidas Podemos se le indigesta porque no le sacan de la precariedad parlamentaria sobre todo cuando llegue el alto riesgo de los presupuestos. A su vez, la obligada sumisión a ERC está llegando a límites sonrojantes, incluso para las voces más silenciosas de su partido. Y, por si fuera poco, el ardiente conflicto político de Catalunya se encona cada minuto que pasa para beneficio del tacticismo independentista. Así se explica cómo Puigdemont le exige la retirada de su euroorden de detención o que Torra le conmine a pedir perdón por sus calificativos sobre los CDR detenidos en las algaradas de octubre. En ausencia de poder real, hasta hay sitio para el exotismo: León quiere independizarse.
