donostia - La defensa de Carles Puigdemont reacciona ante la petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo al juez instructor Pablo Llarena de mantener las órdenes de arresto contra el expresident a pesar de la inmunidad que adquirirá cuando tome posesión como eurodiputado. Así, el abogado Gonzalo Boye contraataca a los fiscales exigiendo al alto Tribunal que suspenda la petición de detención contra su cliente y pide, además, que Llarena se aparte de toda la causa del procés, "por carecer de la más mínima apariencia de imparcialidad". En el caso de que no lo haga, anuncia un incidente de recusación contra el magistrado instructor.

De esta forma, el letrado del president destituido presenta sus alegaciones al propio Llarena en un escrito de 63 páginas que obedece al nuevo escenario judicial que se abre tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que da la razón a Oriol Junqueras respecto a su condición de eurodiputado y, por ende, a Carles Puigdemont y Toni Comín. En este documento, la línea argumental de Boye se basa en que la orden española de busca, captura e ingreso en prisión contra Puigdemont, así como las órdenes europeas e internacionales de detención emitidas, han sido "dictadas sin fundamento legal y sin la previa autorización del Parlamento Europeo", por lo que deben quedar suspendidas.

La defensa del expresident reclama también la anulación de "otras medidas cautelares" que pesan contra el expresident, como las acordadas con anterioridad a la adquisición de su condición de eurodiputado, "por resultar incompatibles con las inmunidades inherentes a esa condición", en relación a la protección de la que gozará Carles Puigdemont una vez tome posesión de su cargo el próximo mes de enero. Finalmente, el escrito difundido ayer demanda que se decrete el sobreseimiento total de la causa, "por no resultar los hechos por los que viene perseguido mi defendido constitutivos de delito alguno".

A lo largo del documento, el abogado Gonzalo Boye puntualiza que en diferentes escritos ha venido sosteniendo que desde el momento de la proclamación de candidatos electos por la Junta Electoral Central, que se produjo el pasado 13 de junio, su cliente habría adquirido la condición de diputado al Parlamento Europeo a pesar de no haber acudido a recoger el acta a Madrid, donde hubiera sido arrestado con total seguridad. Se trata de la misma postura que ha reconocido el TJUE en el caso de Junqueras, por lo que según esta parte la posición adoptada en todo este tiempo tanto por la Fiscalía del Tribunal Supremo como por el juez instructor del caso es "insostenible".

Parcialidad de Llarena Duda además el letrado del expresident de la imparcialidad del juez Llarena, que mantiene un contencioso civil con su cliente en Bélgica, por lo que le pide que se aparte del caso debido a su parcialidad para pronunciarse sobre el mantenimiento de las órdenes de detención estatales e internacionales. Boye alude finalmente a la Constitución para defender la inmunidad de Puigdemont, ya que la Carta Magna también recoge esta protección ante la Justicia de los diputados del Congreso, que solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito.

La defensa alega asimismo que las órdenes de detención vigentes obstaculizan "la libertad" de movimientos de un miembro del Parlamento Europeo y no cuentan con "la previa obtención de una autorización" de la Cámara comunitaria. El letrado de Puigdemont no cree además que dicha autorización, en forma de suplicatorio, vaya a producirse en el futuro, ya que "solo se podrán conceder con carácter sumamente excepcional".