Gasteiz - El consejo del Parque Tecnológico de Araba, del que forman parte el Gobierno Vasco, la Diputación alavesa, el Ayuntamiento de Gasteiz y la propia dirección del parque, confirmó ayer la suspensión del contrato adjudicado hace una década a la empresa Stoa para la ampliación del complejo empresarial. La decisión, avanzada la semana pasada por el diputado general del territorio, Ramiro González, implica así la "nulidad" del acuerdo con la firma, propiedad de uno de los condenados en el caso De Miguel, Sergio Fernández, que según la sentencia emitida por la Audiencia provincial fue adjudicado a cambio de una comisión de 3.750 euros.

En un párrafo del dictamen, el juez resalta cómo "Alfredo de Miguel, Sergio Fernández Oleaga y Luis Felipe Ochandiano acordaron y dieron lugar a que dicho concurso fuera indebidamente adjudicado a la empresa Stoa". Declara por ello probados unos hechos que "constituyen un supuesto de nulidad del contrato por ilicitud de la causa, por oponerse a la ley, puesto que se suscribió el contrato actuando en concierto y con una finalidad ilícita", disposición que ayer se llevó a efecto.

La ruptura del contrato para la redacción de la extensión del parque de Miñano será temporal hasta que se confirme la sentencia, aunque "no resultará necesaria la adopción de nuevos acuerdos por el consejo del parque en relación a este contrato" una vez sea ratificada, según subrayaron ayer desde el consejo del Parque Tecnológico en el escueto comunicado emitido tras la reunión que se celebró a primera hora de la mañana.

Cuestionado ayer sobre la suspensión de este acuerdo y la posibilidad de que existen otros similares, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, aseguró no tener constancia de la existencia de otros contratos como el de Stoa para la ampliación de Miñano, pero subrayó que, de existir, las instituciones adoptarían "medidas equivalentes" a las tomadas ayer por el consejo del Parque Tecnológico.

Petición de comparecencia También a raíz de la sentencia, el PP ha solicitado que Ramiro González comparezca en las Juntas al considerar que "está escondido y no da la cara" tras el dictamen. En un comunicado, el presidente del PP de Araba, Iñaki Oyarzábal, explicó que han pedido su comparecencia para "preguntarle personalmente por qué se ha protegido a los corruptos y por qué las instituciones del PNV siguen trabajando con empresas relacionadas con esa trama corrupta".

Oyarzábal afirmó que "la mayor parte de los que hoy están en el PNV de la Diputación y del partido eran compañeros de los condenados" y exigió "explicaciones urgentes y exhaustivas, teniendo en cuenta que la sentencia ha confirmado que eran prácticas habituales". - D. Ortega