n 2021, el gobernador Henry McMaster firmó un proyecto de ley que obliga a los condenados a muerte a elegir la forma de ejecución: silla eléctrica, inyección letal o fusilamiento. Tal como anunció el 18 de marzo el Departamento de Correccionales del estado, se han invertido 53.600 dólares en la renovación de las instalaciones del correccional de Broad River. Cuando la Corte Suprema del estado dé luz verde a la ley, los 35 reclusos actualmente condenados a muerte en South Carolina tendrán que elegir.

Aunque la pena de muerte solo se aplica por homicidio agravado, cada estado establece su propia política. La pena capital es legal en 27 estados (fundamentalmente en el Sur y el Oeste), en el territorio de Samoa y en el ámbito de la legislación federal y militar, pero solo 21 estados tienen la capacidad de ejecutar sentencias de muerte. A nivel federal solo se aplica a delitos de terrorismo, traición, y asesinatos cometidos en relación con delitos graves. Cada estado posee su propio Manual de Ejecución, la mayoría de los cuales son accesibles online online . 23 estados de la Unión han abolido la pena capital. Según el meticuloso estudio de Espy&Ortiz, entre 1608 y 2002 se han producido 15.269 ejecuciones legales en los Estados Unidos, la mayoría de ellas, 10.524 (el 69%), entre 1850 y 1950. De las 8.049 personas sentenciadas a muerte desde 1.977, 1.543 han sido ejecutadas (19,2%), 1.526 hombres y 17 mujeres. Texas es el estado que más profusamente ha ejecutado las sentencias de muerte con 579 casos (37,5% del total de las ejecuciones); le siguen Oklahoma (117), Virginia (114), Florida (99), Missouri (94), Georgia (77) y Alabama (69), todos ellos estados del profundo Sur; de hecho, 1.261 del total de las ejecuciones desde 1977 han tenido lugar en el Sur (81,72%). En 2022, tres reclusos han sido ejecutados en Oklahoma y Alabama.

El método más común es la inyección letal (1.363 casos, 88,3%), la silla eléctrica (163, 10,5%), la cámara de gas (11, 0,8%) y la horca (3, 0,2%). El fusilamiento es un método de ejecución extremadamente raro en los Estados Unidos. Solo Mississippi, Oklahoma y Utah lo contemplan y desde 1976, solo tres de las 1.543 personas ejecutadas han sido fusiladas (0,2%), las tres en Utah. El protocolo para llevar a cabo una ejecución por fusilamiento difiere de un estado a otro. Por ejemplo, el estado de Nevada inventó un “pelotón de fusilamiento automático” que constaba de tres rifles montados en un soporte metálico que disparaban simultáneamente. Solo se usó una vez, en 1913, en la ejecución de Andriza Mircovich.

Drogas

Una de las razones por la cual South Carolina ha implementado este sistema alternativo de ejecución es que los funcionarios estatales han tenido dificultades para obtener las drogas necesarias. El suministro de pentobarbital para las ejecuciones es limitado y uno de los principales fabricantes del fármaco, la empresa europea Lundbeck, se ha negado a vender este producto para ejecuciones desde 2011. Algunos estados han tenido que utilizar “versiones caseras” de la droga que en ocasiones no han funcionado bien, causando ejecuciones dolorosas o fallidas. Algunos reclusos ejecutados con pentobarbital de fabricación local se retorcieron en el suelo de dolor, y gritando a pleno pulmón que sentían cómo ardían antes de morir.

Cada estado es libre de usar la droga que considere más apropiada pero la mayoría ha utilizado el método de las tres drogas: 1) Se inyecta al reo un narcótico que actúa como sedante y analgésico, generalmente tiopental sódico; 2) Inyección de un fármaco bloqueador neuromuscular como el bromuro de vecuronio, que causa parálisis muscular; 3) Inyección de una dosis letal de cloruro de potasio que detiene el corazón. El problema es que el tiopental sódico es de acción breve y, por lo tanto, su efecto puede desaparecer antes de que actúe el cloruro de potasio, que produce un dolor insoportable. Pero una vez que se administra el bloqueador neuromuscular, es difícil saber si el reo siente dolor porque no puede moverse ni gritar (silent agony). Por esta razón a veces se ha utilizado Midazolam en lugar de pentobarbital o tiopental sódico. Pero esta droga ha ocasionado varias ejecuciones fallidas, incluida la de Clayton Lockett en 2014 en Oklahoma. El reo tardó 43 agónicos minutos en morir, y su vena explotó.

El fiscal general William P. Barr anunció en 2019 que, en lugar de la combinación habitual de tres drogas, los verdugos federales utilizarían una sola droga. Junto a Trump, Barr aprobó el fusilamiento y la horca como procedimientos de ejecución complementarios a nivel federal. Ocultaron la verdad al no explicar el por qué de esta decisión: La razón era que la escasa calidad de las drogas y la incompetencia en su utilización había causado demandas millonarias.

Fármacos

Tal como informaba Susie Neilson para National Public Radio, la eficacia y relativa ausencia de dolor de esos fármacos no se ha probado debidamente. Según Jonathan Groner, profesor de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio, el ámbito de las drogas de inyección letal está “muy, muy poco regulado y muy poco testado... es irónico, pero Edison hizo muchas pruebas para desarrollar la silla eléctrica”.

En virtud del caso Furman v. Georgia de 1972, la Corte Suprema invalidó las penas de muerte porque la imposición de la pena capital viola la octava y decimocuarta enmiendas de la Constitución y constituye un castigo cruel, inusual e innecesario. Este veredicto provocó que todas las sentencias de muerte pendientes fueran conmutadas a cadena perpetua. Pero, dado que la corte no prohibió la pena capital, 37 de los 50 estados promulgaron nuevos estatutos en esta materia y las ejecuciones se reanudaron el 17 de enero de 1977, cuando Gary Gilmore fue fusilado en Utah.

El país alcanzó un máximo de entre 280 y 300 sentencias capitales por año entre 1984 y 1999, de hecho, 4.541 del total de las sentencias de muerte dictadas desde 1977 (56,4%) se ejecutaron en aquellos quince años. Pero, a partir de 2015 el número de condenas a muerte se ha reducido a mínimos históricos.

Después de que Trump y Barr anunciaran la reactivación de las ejecuciones por delitos federales en 2019, trece personas han sido ejecutadas. El Partido Demócrata introdujo la Ley Federal de Abolición de la Pena de Muerte el 4 de enero de 2021 y el proyecto de ley está siendo estudiado por el Comité Judicial de la Cámara.

La pena de muerte es éticamente reprobable. Es, además, inefectiva. Una encuesta de la Sociedad Estadounidense de Criminología, la Academia de Ciencias de Justicia Criminal y la Asociación de Derecho y Sociedad encontró que el 88% de los principales criminólogos del país opinan que la pena capital no es un elemento disuasorio. Además, el sistema de justicia penal no es infalible por lo que, desde 1976, 139 personas han tenido que ser extraídas del corredor de la muerte. Por último, la pena capital cuesta significativamente más que una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional: Cada pena capital en Texas cuesta unos 2,3 millones de dólares, tres veces más que encerrar a alguien con el más alto nivel de seguridad durante 40 años. Pero, fundamentalmente, la pena de muerte ignora los principios y la razón de ser del sistema penitenciario, porque la muerte no es ni puede ser nunca una solución.