La depuesta líder birmana, Aung San Suu Kyi, compareció este lunes de manera presencial por primera vez desde el golpe de Estado ante un tribunal especial de Naipyidó, confirmaron sus abogados a los medios.

La derrocada Consejera de Estado y ministra de Exteriores, que permanece bajo arresto domiciliario en la capital birmana desde el levantamiento militar del 1 de febrero y que no había sido vista en público desde entonces, también pudo reunirse en persona con sus abogados por primera vez.

La vista celebrada esta mañana forma parte de un proceso en el que la premio nobel de la paz se enfrenta a cinco variopintos cargos como la importación ilegal de dispositivos electrónicos o vulnerar las normas sobre la covid-19.

La junta militar reforzó la seguridad en la capital birmana de cara a la vista, que duró alrededor de unos 30 minutos y que tuvo lugar en un tribunal especial habilitado en la Oficina del Gobierno de Naipyidó.

Antes de la sesión, la política birmana pudo reunirse otra media hora con sus representantes legales, con quienes previamente solo había coincidido en videocofenrencia y sin poder conversar sobre otros asuntos del país, informó la publicación Frontier Myanmar.

Suu Kyi, quien aparentemente se encuentra bien según sus abogados, dijo que reza por "la salud de los todos birmanos".

La líder derrocada además defendió la legitimidad del partido Liga Nacional para la Democracia, que ella encabezó en los comicios de noviembre, y al que Ejército acusa de amañar las elecciones, la principal justificación de los militares para la toma del poder.

La Comisión Electoral birmana, controlada por los militares, anunció el pasado viernes que disolvería por fraude electoral a la Liga Nacional para la Democracia (LND) y perseguiría por "traición" a sus líderes, entre ellos Suu Kyi.

La LND "fue creado por el pueblo, por lo tanto seguirá existiendo mientras el pueblo esté ahí", dijo Suu kyi según traslado el abogado Min Min Soe al medio.

Además del juicio de este lunes, la política birmana también afronta otro proceso en el Tribunal Supremo por la supuesta violación la Ley de Secretos Oficiales, el cargo más grave y que podría suponer una condena de hasta 14 años de cárcel.

Las protestas contra la junta militar continúan hoy un día más para expresar el rechazo popular al mando castrense y exigir la liberación de todos los detenidos, incluida Suu Kyi, y el restablecimiento de la democracia usurpada por los militares.

Al menos 818 personas han perdido la vida desde la asonada a raíz de la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que contabiliza en casi 5.400 los detenidos desde el golpe de Estado.