- El miércoles se llevó a cabo el segundo día de paro nacional de protesta contra el Gobierno en Colombia. A pesar de los grandes disturbios en Bogotá, el paro se realizó en paz.

Al mismo tiempo, comenzó el Encuentro para avanzar en una agenda sobre lo fundamental, la convocatoria al diálogo que hizo el presidente Duque y en la que participaron ayer representantes de universidades, organizaciones estudiantiles, líderes comunitarios, gobernadores y alcaldes, según el Gobierno.

Sin embargo, diversos sectores criticaron que en esta convocatoria inicial el presidente no tuvo en cuenta a los líderes del Comité Nacional de Paro, organizadores de las protestas, ni a los opositores que impulsaron las manifestaciones.

“Se le abona al presidente Iván Duque su voluntad de diálogo, pero francamente no entiendo por qué no se reúne desde hoy (por ayer) a buscar acuerdos con el Comité del Paro, que espera diálogo serio desde el 2019”, señaló Juan Fernando Cristo, exministro del Interior.

También criticó al mandatario la alcaldesa de Bogotá, que ve necesario que Duque reconozca los abusos que comete la fuerza pública, pues el presidente evadió esa discusión e incluso justificó las actuaciones policiales como respuesta al vandalismo que fue infiltrado “por las mafias del narcotráfico”.

“La salida política, y de acuerdo, a esta crisis que lleva más de ocho días la tiene el Gobierno Nacional en sus manos. Agradezco el llamado al diálogo, pero quisiera hacer un llamado a la sensatez: con los que hay que dialogar es con los que están en la calle, que son jóvenes”, dijo López. Agregó: “Es a esos jóvenes a los que el Gobierno Nacional debe ofrecer un alto al fuego (...) Eso hace crecer el dolor y la indignación. Hay que reconocer que ha habido abusos de lado y lado”.

Mientras tanto, el diálogo continuará con la participación de los presidentes de las altas cortes, que hicieron además un llamamiento “a los líderes del país a aplicar genuina empatía en esas mesas de diálogo” y pidieron que “estos espacios incluyan a todos los actores involucrados en la protesta pacífica y malestar social”.

Según el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, que coordina estos diálogos, los dirigentes del Comité Nacional del Paro participarán en las conversaciones el próximo 10 de mayo, cuando se cumplirán trece días desde el inicio de las manifestaciones.

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, anunció que está previsto que varios agentes de Policía sean imputados por la comisión de delitos de homicidio tras una serie de investigaciones.

Tal y como expresó, de los once casos de presuntos homicidios, tres llevan a la imputación de miembros de la Policía Nacional colombiana. Según la Fiscalía son 24 los muertos en el marco de las protestas.

De estas muertes, once estarían vinculadas específicamente con las manifestaciones, tal y como ha informado el citado periódico, que no detalla las ciudades en las que se habrían registrado estos delitos.

Tanto Barbosa como el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís, instaló una mesa interinstitucional para “informar de manera oportuna y transparente sobre los casos de homicidios y presuntos desaparecidos que se han presentado durante las manifestaciones”.

Por otra parte, ambos contarán con la participación de un delegado del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que estará encargada de que las personas desaparecidas queden registradas a nivel nacional.

La Defensoría presentó 89 casos de desapariciones por el momento, si bien 38 de estas personas habrían sido localizadas por parte de la Fiscalía. “Seguimos trabajando y avanzando por preservar el Estado de Derecho en Colombia y por supuesto en defensa de los Derechos Humanos y de los derechos de toda la ciudadanía”, aseveró Barbosa.

La Policía informó que desde el martes se registraron disparos de francotiradores desde la zona alta contra la comisaría de Policía de El Lido, hechos en los que los manifestantes aseguran no haber participado en forma alguna. Este habría sido, no obstante, el origen de los enfrentamientos registrados en la última jornada y tras el despliegue en la zona de los agentes del Grupo de Operativos Especiales (Goes).

Además, el Gobierno colombiano y los manifestantes llegaron a un acuerdo para abrir un corredor humanitario que permita suplir la escasez de alimentos y material sanitario en la ciudad de Cali.

La UE defiende el derecho a protestar pacíficamente. El Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha defendido que el pueblo de Colombia, como el de cualquier otra parte, tiene el derecho a protestar de forma pacífica. Además, condenó la violencia y rechazó el vandalismo.