- Un tribunal militar israelí extendió ayer otros siete días el arresto de Juana Ruiz Sánchez, una mujer española residente en Cisjordania ocupada y detenida sin cargos por Israel desde hace casi dos semanas, que afrontará otra vista el próximo domingo.

La decisión se produjo tras la cuarta audiencia judicial que tuvo lugar esta tarde en la Corte militar de la prisión israelí de Ofer, donde esta trabajadora humanitaria residente en la localidad palestina de Beit Sahur compareció por videoconferencia, mientras permanece arrestada en la cárcel de Hasharon, en el norte de la ciudad israelí de Tel Aviv.

Según un portavoz del Ejército, Ruiz Sánchez, de 60 años y que trabaja desde hace décadas para la ONG palestina Comités de Trabajos para la Salud, fue detenida bajo sospecha de presunto lavado de dinero en un caso que involucraría al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una organización política considerada terrorista por Israel.

El Ejército la considera sospechosa “de haber cometido delitos de prestación de servicios para una organización ilegal afiliada” al FPLP, de haber mantenido “contacto con un agente extranjero” y de “delitos relacionados con el blanqueo de capitales”, según concretó.

Tras su arresto en el domicilio de Ruiz el pasado 13 de abril, sigue “detenida con propósito de interrogación”, una modalidad por la que, según la ley militar, puede permanecer encerrada hasta 75 días.

En la próxima audiencia judicial estará también presente el fiscal militar, que podría decidir si pedir una nueva prolongación de su arresto para examinar y presentar posibles cargos contra ella.

Representantes del Consulado General de España en Jerusalén estuvieron presentes ayer en la corte, tal como hicieron en las audiencias anteriores.

En los últimos días, más de mil personas, incluyendo escritores, artistas, políticos y cargos públicos españoles, firmaron un manifiesto pidiendo su liberación inmediata. Por otra parte, un grupo de 15 eurodiputados de los grupos de la Izquierda y los Verdes solicitó ayer al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, la mediación de la Unión Europea en el caso.