- El ministro de Gobierno, Eduardo Castillo, confirmó la detención de la que se proclamó presidenta interina del país, Jeanine Áñez, como parte del caso Golpe de Estado, el que se investiga el origen de la violencia surgida tras las presidenciales de 2019, en las que el expresidente Evo Morales fue acusado por la oposición de fraude electoral. “Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”, escribió el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en su cuenta de Twitter.
Áñez fue arrestada en la madrugada del sábado después de que se emitiese una orden de detención que llevó a la Policía a rodear su domicilio durante este viernes y después registrarlo, si bien no la encontró en la vivienda. La expresidenta fue trasladada ayer desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) hacia la Fiscalía de La Paz para tomarle declaraciones. “Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el Gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió”, publicó Áñez en Twitter.
La que fuese presidenta interina de Bolivia está acusada por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. “La persecución política ha comenzado. El Movimiento al Socialismo (MAS) ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”, denunció Áñez después de conocer que la Fiscalía había dictado una orden para su detención.
El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, señaló que la denuncia que abrió la investigación que ha provocado la detención, “se ha presentado contra la exsenadora Jeanine Áñez, no contra la expresidenta”, por lo que “no está protegida por un juicio de responsabilidades”. Las autoridades bolivianas detuvieron el viernes al exministro de Energías Rodrigo Guzmán en Trinidad, en el norte del país. Entre los acusados por la Fiscalía también están los exministros de Justicia, Alvaro Coimbra; de Gobierno, Arturo Murillo; de Presidencia, Yerko Núñez; y de Defensa, Luis Fernando López. Todo ellos han sido acusados de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por su posible participación durante las violentas revueltas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año, incluyendo las masacres de Sacaba y Senkata, y que propiciaron la renuncia de Morales a su victoria y su salida del país rumbo primero a México y luego a Argentina.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH) pidió ayer un juicio “justo, independiente e imparcial” y que se salvaguarde el “debido proceso” para las exautoridades interinas. Mientras que Áñez reclamó a la Organización de Estados Americanos y a la UE el envío de misiones oficiales para verificar la “persecución política” a la que considera que se le está sometiendo. El caso Golpe de Estado se enmarca en una investigación tras la denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty, quien acusó a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y candidato en las presidenciales del año pasado, de instigar junto a su padre y varios mandos militares las revueltas y la salida de Morales.
