- Tres años y medio después del fallido golpe de Estado que sacudió Turquía en 2016, los jueces han puesto fin a uno de los mayores juicios contra los responsables, con sentencias de cadena perpetua para 333 militares y cuatro civiles.

En el macrojuicio había 475 acusados de los que solo 70 han sido absueltos, mientras que los demás han recibido condenas de diversa gravedad, en su mayoría cadena perpetua, informa la agencia turca Anadolu.

Entre los reos más destacados hay 25 pilotos militares que en la noche del golpe, el 15 de julio de 2016, despegaron con cazabombarderos de la base aérea de Akinci, cerca de Ankara, que los militares sublevados habían convertido en cuartel central.

Once de estos pilotos lanzaron bombas sobre la ciudad, matando a 68 personas, a lo que se añaden otros nueve civiles muertos en otros enfrentamientos, lo que lleva el total de víctimas en Ankara a 77.

Por ello, cada uno de esos pilotos, como otros acusados considerados máximos responsables de la operación, han recibido 79 cadenas perpetuas agravadas, una por cada víctima, más una por “intentar derrocar el orden constitucional” y otra por “intento de asesinar al presidente”.

El jefe de Estado, Recep Tayyip Erdogan, no se hallaba aquella noche en Ankara sino en un hotel en otra ciudad, que fue asaltado por un comando golpista horas después de que el mandatario lo hubiera abandonado.

La máxima pena también se ha impuesto a cuatro civiles, considerados imames o miembros de alto rango de la cofradía del predicador Fethullah Gülen, exiliado desde 1999 en EEUU y considerado instigador del golpe, extremo que el anciano teólogo siempre ha negado.

El propio Gülen está acusado en este juicio pero al no haber conseguido Turquía su extradición, su causa ha sido apartada hoy, junto a la de otras cinco personas en busca y captura.

Tras el fallido golpe de Estado, cuyos máximos dirigentes militares nunca han confesado su adhesión a Gülen, el Gobierno turco lanzó amplias purgas en la Administración y el sector educativo, deteniendo a más de 100.000 personas.

Alrededor de 50.000 personas, la mayoría civiles, pasaron a prisión preventiva, aunque el año pasado, solo 28.000 quedaban entre rejas.