- La intervención militar de la coalición encabezada por Arabia Saudí en la guerra civil en Yemen acaba de entrar en su sexto con un repunte de los combates en medio de un conflicto que ha provocado la peor crisis humanitaria en el mundo y que, pese a los contactos para lograr un acuerdo de paz, ha presenciado un repunte de los combates desde principios de este año.

Yemen, uno de los países más empobrecidos del mundo y que sufre la mayor catástrofe humanitaria del planeta según la ONU, entra en su sexto año de conflicto más vulnerable que nunca ante otra posible crisis por la llegada del temido y global coronavirus.

Este miércoles marca el quinto aniversario de la intervención militar de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen en contra de los rebeldes hutíes, que tomaron la capital Saná a finales de 2014, expulsando al Gobierno del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi, que tuvo que exiliarse en Riad en 2015.

Desde entonces, el Yemen ha sido escenario de una guerra de dimensiones regionales, con la alianza árabe apoyando a las fuerzas gubernamentales frente a los rebeldes chiíes respaldados por Irán, y la violencia ha provocado que 24,4 millones de personas (más del 80% de la población) dependan de la ayuda humanitaria para sobrevivir.

El enviado de la ONU para el Yemen, Martin Griffiths, lamentó que "los campos de batalla están dividiendo el Yemen y haciendo más difícil combatir el posible brote de COVID-19". Por ello, pidió "reducir la violencia en todo el país y trabajar juntos para proteger al pueblo yemení" e instó a las partes beligerantes a escuchar las palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que pidió el pasado día 23 en una carta un "alto el fuego global frente al COVID-19".

Tanto los rebeldes hutíes como el Gobierno reconocido internacionalmente dieron hoy la bienvenida a sendos llamamientos, después de varias iniciativas de paz fallidas en los pasados cinco años.

El Gobierno yemení agradeció los llamamientos de Guterres y Griffiths, al igual que lo hizo el jefe del Consejo Político Supremo de los hutíes, Mahdi al Mashat, en un discurso televisado. Después de un lustro de guerra, cerca de la mitad de la población no tiene acceso a asistencia médica y menos del 45 % puede llegar a hospitales operativos, que en muchas ocasiones han sido blanco de ataques aéreos y de artillería.

Además, la destrucción de infraestructuras y del sistema de saneamiento, así como la desnutrición y el desplazamiento forzoso por la violencia, ha dado lugar en los pasados cinco años a brotes de cólera, difteria y dengue.

A eso se suma que el envío de ayuda humanitaria al país es una tarea complicada, debido al bloqueo aéreo de que facto establece la coalición árabe al impedir la llegada de aviones, excepto los de la ONU, mientras que el principal puerto marítimo se lo disputan los dos bandos en conflicto.

El germen del conflicto fue plantado en septiembre de 2014, con un levantamiento militar por parte de los huthis y fuerzas vinculadas al expresidente Alí Abdulá Salé que derivó en la toma de la capital, Saná, ese mismo mes y la dimisión del presidente, Abdo Rabbu Mansur Hadi, en enero de 2015.

Así, los rebeldes pasaron a anunciar la creación del Comité Revolucionario Supremo, una autoridad interina creada por Ansar Alá -nombre del grupo conocido popularmente como huthis, respaldado por Irán- que en marzo decretó una ofensiva para expandir su control hacia el sur del país.

En el marco de la misma, las fuerzas rebeldes y las de Salé -históricamente rivales- lograron avanzar hasta llegar el 25 de marzo a los alrededores de Adén, sede provisional de las autoridades lideradas por Hadi, quien se vio forzado a huir a Arabia Saudí, que un día después inició una intervención militar contra los sublevados.

Así, el 26 de marzo de 2015 arrancó la Operación Tormenta Decisiva, con apoyo logístico de Estados Unidos, con el objetivo de sacar a los huthis del poder y volver a colocar en la Presidencia a Hadi, quien se mantiene desde entonces como jefe de Estado en el exilio reconocido por la mayoría de la comunidad internacional.

La operación, que duró casi un mes, dio paso a la Operación Restaurar la Esperanza, que continúa activa, si bien en los últimos meses ha reducido sus operaciones aéreas en el marco de las conversaciones entre las partes en conflicto, mediadas por Naciones Unidas, para intentar lograr un acuerdo de paz.

Este proceso de conversaciones ha derivado en un acuerdo de repliegue y desmilitarización de la ciudad portuaria de Hodeida (oeste), de importancia estratégica para la entrada de bienes y suministros, así como a un acuerdo para el intercambio de presos. Sin embargo, desde principios de año, y especialmente en las últimas semanas, ha habido un repunte de los combates en varias zonas del país, principalmente en la provincia de Al Jauf, al noroeste de Saná, que ha hecho temer por el frágil proceso de diálogo.

La complejidad del conflicto ha tenido como reflejo el asesinato en 2017 de Salé -quien gobernó el país durante 33 años hasta caer en el marco de la primavera árabe- a manos de los huthis tras romper su alianza con ellos o la toma de Adén y Socotra por parte de los separatistas suryemeníes, apoyados por Emiratos Árabes Unidos (EAU), parte de la coalición internacional.

Las partes protagonizaron el año pasado un acercamiento que derivó principalmente en el cumplimiento de los puntos relativos a Hodeida contemplados en el Acuerdo de Estocolmo, alcanzado a finales de 2018.

Asimismo, las tensiones en Adén tras el levantamiento armado de los separatistas suryemeníes, que se hicieron con el control de la ciudad -capital interina del Gobierno de Hadi-, fueron solucionadas con un acuerdo que permitió volver a normalizar una situación que amenazaba con abrir otro frente en la guerra.

La implicación iraní. La guerra, enmarcada en el conflictivo tablero regional, y reflejo de las intensas disputas entre Arabia Saudí, EEUU e Irán-, registró un repunte en septiembre de 2019 con una serie de ataques contra instalaciones petroleras saudíes. Riad informó de ataques contra dos instalaciones de la petrolera estatal Aramco con un total de diez drones, aunque sin causar daños personales, y la coalición acusó inmediatamente a Irán, pese a que los huthis reclamaron la autoría. Así, la coalición sostuvo que fueron perpetrados con armamento iraní y no partieron de suelo yemení, mientras que Teherán se desvinculó de lo ocurrido.