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Tribuna abierta

Pensiones públicas: Justicia, sostenibilidad, solidaridad

Sábado, 13 de Octubre de 2018 - Actualizado a las 06:03h

El futuro de las pensiones públicas es uno de los temas más delicados y difíciles de resolver, tanto económico como socialmente. Antes de la creación de la Seguridad Social, el trabajador recibía una remuneración por el trabajo realizado y si caía enfermo o ya no tenía fuerzas para trabajar no recibía ningún ingreso. Para paliar esta realidad, a comienzos del siglo XX, se organiza en diversos países de Europa la Seguridad Social. Pero el sistema, por diversas razones que luego veremos, empieza a fallar. Es por ello, que se precisa un acuerdo político entre los partidos políticos y las fuerzas sociales. Somos bien conscientes de la dificultad que ello representa y consideramos que cualquier solución debe responder a los siguientes principios:

Entre 2001 y 2017, la pensión media en el Estado ha pasado de 490 €/mes a 920 €/mes (14 pagas), es decir un aumento del 87,8%;y la mínima, en 2017, ha sido de 685,76 €/mes. En septiembre de 2018, en Euskadi esta pensión media es de 1.189,95 €/mes, habiendo aumentado este último año un 3,8%.

En 2017, tras el acuerdo alcanzado por EAJ-PNV con el Gobierno de Madrid, la pensión mínima se situó en 685,76 €/mes, habiendo aumentado el 17,57% entre los años 2007 y 2011. Esta subida es una de las más importantes en la Unión Europea y la pensión pública mínima en España se sitúa en el tercer lugar entre los países de la UE, a pesar de que el PIB per cápita de España se sitúe por debajo de la media de la UE. Además, la media que los jubilados han cobrado en 2016, es el 82% del sueldo que tenían en el momento de su jubilación (Tasa de Sustitución).

A la vista de estos datos, no podemos afirmar que nuestras pensiones públicas, incluso las mínimas, sean relativamente bajas. Lo cual tampoco significa que nos tengamos que conformar con la situación actual, pues hay mucha desigualdad en la retribución.

Por otro lado, a la hora de juzgar nuestras pensiones no podemos ignorar que en nuestra sociedad hay muchos trabajadores jóvenes (y menos jóvenes) que tienen ingresos parecidos o inferiores a estas pensiones, cuando deben hacer frente a gastos familiares mucho más elevados.

Mención especial se merecen las viudas, con quienes se sigue manteniendo una grave injusticia a pesar de haber mejorado algo su situación, fruto del último acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado. En 2018, la pensión media de viudedad en Euskadi se sitúa en 818 €/mes.

Sobre los principios de justicia, sostenibilidad y solidaridad urge reemplazar mediante un amplio acuerdo un sistema de pensiones que no responde a nuestra situación económica, política y social.

A la hora de juzgar nuestras pensiones no podemo

-La esperanza de vida de los varones (80 años) y de las mujeres (86 años) ha aumentado muchísimo desde que en 1961 se establecieron las pensiones. Entonces la duración media de una jubilación era de 3 años, hoy es de 15 o 16 años. Entre 2001 y 2017 el número de jubilados ha crecido 1.600.000 (22,5%).

-Consecuencia de la demografía, la pirámide de edades de nuestra población es muy desfavorable. No tenemos jóvenes, mientras que las personas de la tercera y cuarta edad se multiplican. De ahí que, si en 1981 teníamos 2,3 personas trabajando por cada jubilado, hoy esta proporción ha bajado a 1,8. La situación se hace insostenible.

-El paro tan importante, así como el gran número de empleos inestables, hace que el ratio de cotizantes por jubilado no mejore.

-La deuda pública (100% del PIB) y el déficit de estos últimos ejercicios no permiten un endeudamiento suplementario, por otro lado no deseable. Al contrario, se debe tratar de disminuirlos para evitar la sangría que supone el pago de los intereses de esta deuda.

En 1989, el Gobierno Vasco creó la Renta de Garantía de Inserción (RGI) para hacer frente a este tipo de casos. Aquel año se destinaron 4,2 millones de €;en 2014, 435 millones de €, lo que representa el 40% de todo lo que el Estado gasta en concepto de RGI. Con estas ayudas cualquier persona de más de 65 años que viva sola cobra en Euskadi como mínimo 700 €/mes, a lo que se puede añadir un complemento por pago de alquiler o de crédito de 220 €/mes.

Con todo lo anterior se podría concluir que, por lo menos en Euskadi, cualquier persona de más de 65 años, pensionista o no, tiene asegurado el mínimo vital económico. En nuestro país ningún pensionista se muere “de hambre”, pero sí de soledad o de sentimiento de abandono. También las instituciones, multitud de asociaciones, vecinos, amigos y familiares se empeñan en acompañar a estas personas en la mayoría de los casos. Sin embargo, todavía tenemos esta asignatura pendiente y se trata también de un deber, prioritario, de toda nuestra sociedad y especialmente de quienes son más próximos a esas personas.

La relativa mejora de la economía deja albergar un poco de optimismo, pero está muy claro que el sistema actual de pensiones no responde a nuestra situación económica, política y social. Urge remplazarlo, fruto de un amplio acuerdo de todos los implicados, basándose en los tres principios ya señalados de Justicia, Sostenibilidad y Solidaridad.


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