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El sistema de voto de los juristas abre la puerta a un acuerdo plural en el estatus

NO HABRÁ SISTEMA PONDERADO, DE MANERA QUE | pnv y bildu tendrán dos votos sobre cinco, pero todos los expertos tendrán que tomar como base su acuerdo

Míriam Vázquez - Sábado, 15 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Los jeltzales Joseba Egibar, Andoni Ortuzar e Iñigo Iturrate, acompañados por el lehendakari Urkullu, ayer en la reunión del grupo parlamentario.

Los jeltzales Joseba Egibar, Andoni Ortuzar e Iñigo Iturrate, acompañados por el lehendakari Urkullu, ayer en la reunión del grupo parlamentario.

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Los jeltzales Joseba Egibar, Andoni Ortuzar e Iñigo Iturrate, acompañados por el lehendakari Urkullu, ayer en la reunión del grupo parlamentario.

Donostia- Los cinco juristas designados por los partidos para redactar el articulado del nuevo estatus de autogobierno tienen por delante una tarea que no será sencilla, y que llega envuelta en un halo de misterio porque tendrán autonomía para organizar su trabajo y, al menos sobre el papel, existe un compromiso de confidencialidad sobre sus reflexiones. El dato más relevante sobre el funcionamiento de este grupo radica en el sistema de voto que va a tener la comisión de expertos. En principio, abre la puerta a que pueda ampliarse el consenso sobre el nuevo estatus de autogobierno, aunque los trabajos van a tener claramente como base el documento acordado entre el PNV y EH Bildu.

En concreto, la ponencia no va a funcionar con el sistema de voto ponderado, donde cada jurista representaría el número de escaños que tiene el partido que le ha escogido. Ese modelo hubiera supuesto que Mikel Legarda (designado por el PNV) e Iñigo Urrutia (propuesto por EH Bildu) tuvieran mayoría absoluta en la comisión de juristas, como sucede con los dos partidos abertzales en la Ponencia de Autogobierno y en el propio Parlamento Vasco. Sin embargo, no se va a aplicar ese sistema, de manera que cada jurista tendrá un voto. Por ello, los planteamientos de PNV y EH Bildu dejarán de tener mayoría absoluta. Tendrían dos votos sobre un total de cinco.

Al tener un voto cada uno, desde el punto de vista estrictamente aritmético, los planteamientos de Legarda y de Urrutia valdrán lo mismo que los posicionamientos de Alberto López Basaguren (PSE), Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos) y Jaime Ignacio del Burgo (PP). Según este esquema, si Legarda y Urrutia se toparan con que sus compañeros de mesa votan en contra, deberían procurarse el respaldo de un tercero. Por ello, este sistema de voto puede provocar la necesidad de ensanchar el acuerdo por una cuestión de pura matemática, y a todo ello se le une la voluntad política expresada con claridad por parte del presidente de la ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, que quiere ensanchar el consenso y pide también al socialismo que se mueva. En cualquier caso, todo esto es matizable si se tiene en cuenta que las bases de PNV y EH Bildu tendrán un carácter preeminente y los juristas tienen el mandato expreso de ser congruentes con ellas, las compartan o no.

Elkarrekin Podemos ha sido el único grupo que ha protagonizado un mínimo acercamiento hacia las bases de PNV y EH Bildu, porque acordó el capítulo de los derechos sociales y la igualdad, y también respaldó los términos de la encomienda a los juristas, frente a la abstención socialista y el rechazo del PP. Sin embargo, el apoyo socialista es determinante para que el estatus supere el trámite del Congreso de los Diputados.

En puridad, teniendo en cuenta que todos los votos valen lo mismo, queda abierta la posibilidad de que aflore una combinación de socios completamente nueva y diferente, con respaldos de distintas sensibilidades, y que salga un texto diferente. De hecho, el mandato que han recibido por parte de la Ponencia de Autogobierno apuesta por buscar coincidencias con los votos discrepantes para ampliar los consensos. No obstante, también señala con claridad el camino que deben seguir sus reflexiones: tienen que tomar como referencia las bases pactadas por PNV y EH Bildu, y los votos particulares que se incorporen deberán ser congruentes con ellas.

Quizás consciente de que el juego de mayorías queda abierto en el grupo de los juristas, la izquierda aber-tzale introdujo en la encomienda a los expertos la mención a la “salvaguarda” de las bases para que tengan un carácter preeminente. También se incluye en el encargo que el texto vuelva a la ponencia, una mención que no ha gustado al socialismo porque cree que es un corsé que impedirá que se ensanche la mayoría abertzale en la medida en que supone que se revise lo acordado por los expertos. De todos modos, el texto iba a pasar antes o después por el Parlamento, porque el articulado que redacten los juristas se va a tramitar como proposición de ley y volverá a negociarse vía enmiendas.

basaguren y del burgoEl mandato de ser congruentes con las bases abertzales vincula a todos los expertos, y en este punto surge la pregunta más repetida en las últimas horas: ¿Cómo van a atenerse Basaguren y Del Burgo a unas bases que consideran que son ilegales? Entre otros motivos, el socialismo se desmarcó de la encomienda a los expertos porque no consiguió los apoyos necesarios para que estos juristas estudiaran el encaje constitucional de las propuestas. El PSE cree que hace falta una reforma de la Constitución española para blindar las competencias y establecer una relación de igual a igual con el Estado. El PP, por su parte, pidió un estudio legal. En ese clima y con esas reservas, Basaguren y Del Burgo van a tener que trabajar sobre unas bases que no solo rechazan, sino que creen que son abiertamente ilegales.

Nadie se atreve a elucubrar qué puede suceder dentro del grupo. Es como tratar de imaginar el infinito. Basaguren y Del Burgo tendrán que trabajar con sus compañeros para traducir a lenguaje jurídico la nacionalidad vasca, propuestas como la consulta habilitante antes de ir al Congreso y, sobre todo, perfilar ya una relación de igual a igual con el Estado. A Basaguren se le presenta un dilema con los tiempos de este debate, porque cree que es necesaria una reforma constitucional con carácter previo a estas reflexiones.

En algunos grupos parlamentarios está sobrevolando el temor a que el PP quiera dinamitar este debate porque no comparte la necesidad de ampliar el autogobierno y reformar el Estatuto de Gernika. No en vano, la encomienda a los expertos contempla la posibilidad de que alguno de los juristas abandone el grupo, y se avisa de que esa renuncia no podrá detener los trabajos. El partido político que hubiera propuesto al dimisionario tendría catorce días para sustituirlo. El grupo, por su parte, dispondrá de ocho meses de plazo para redactar su propuesta. Ese plazo también alienta las opciones de ensanchar el acuerdo, porque evitará que el articulado se presente en pleno periodo electoral, antes de los comicios municipales y forales de mayo. Se sobreentiende que, en puertas de la cita con las urnas, el clima político se crispará por la disputa entre los partidos, y es posible que el vértigo electoral condicione el discurso de las formaciones e impida movimientos osados dentro de la propia ponencia de expertos.

El inicio de los trabajos lo marcará un acto oficial en el Parlamento Vasco, donde los juristas recibirán el encargo por parte de los grupos. Aún no hay fecha para el encuentro, y no se descarta que se produzca después de que Eusko Ikaskuntza presente sus aportaciones en el foro parlamentario. Su comparecencia tendrá lugar el miércoles 26 a las 9.30 horas.

La propuesta de PNV y EH Bildu se tomará como base para los trabajos. En ella se apuesta por la vía de los derechos históricos para actualizar el autogobierno e instaurar una relación de igual a igual con el Estado, donde los conflictos competenciales se resuelvan en una Comisión Mixta del Concierto Político. Se propone también una nacionalidad vasca (pero todos los ciudadanos seguirán teniendo derecho a los servicios sociales) y una consulta habilitante.

Resolución. PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos han encomendado a los juristas que redacten la propuesta de articulado “en congruencia y de conformidad con las bases y principios aprobados por la ponencia”, es decir, en congruencia con el acuerdo PNV-Bildu. Sin embargo, “se procurará la posibilidad de hallar puntos de conexión con los votos particulares presentados en la búsqueda de ampliar, si fuera posible, los consensos ya alcanzados”. Todo ello, desde la “salvaguarda” de las bases.

propuesta de lab

Legislación laboral. La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, intervino ayer en el debate del nuevo estatus de autogobierno para defender su posición desde una perspectiva sindical y laboral. En concreto, pidió que el nuevo estatus tenga competencias legislativas plenas en materia de legislación laboral y protección social, y anunció la apertura de una ronda de contactos con los sindicatos que “defienden el marco vasco”, y con los grupos parlamentarios, salvo PSE y PP.

Pensiones. La central sindical de la izquierda abertzale puso el acento en que, partiendo del derecho a decidir, el nuevo estatus “debe otorgarnos la posibilidad de desarrollar políticas propias en los temas que nos atañen a los trabajadores vascos, entre otros, para acabar con la brecha salarial y garantizar un salario mínimo de 1.200 euros y una pensión mínima de 1.080 euros”. También pidió soberanía para decidir sobre la negociación colectiva, el sector financiero y la energía.


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