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El Congreso refuerza a Sánchez para que exhume a Franco y retrata a PP y C’s

La abstención de los ‘populares’ se ve sacudida por dos votos en contra y la negación de los trabajos forzados en el Valle

Míriam Vázquez - Viernes, 14 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Donostia- Mientras buena parte del interés mediático se centraba en la tesis doctoral de Pedro Sánchez y los efectos que tendría en el futuro político del presidente español, la sesión celebrada ayer en el Congreso de los Diputados daba un paso histórico para sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos. El Congreso ratificó el decreto de Sánchez con la abstención del PP y Ciudadanos, de manera que el presidente español tiene ahora tras de sí un colchón y un respaldo político que refuerza las intenciones que ya había puesto en marcha desde el Consejo de Ministros con ese decreto. Antes de que acabe el año, el dictador dejará de estar enterrado con sus propias víctimas en un monumento de Estado y, además, su salida del Valle evitará que se produzcan actos de enaltecimiento en el mismo suelo donde reposan los represaliados. Mañana mismo acaba el plazo para que los siete nietos del dictador decidan dónde lo entierran, aunque extraoficialmente ya se asume que no se harán cargo del cuerpo y plantarán batalla en los tribunales. Si nada cambia, Sánchez, que tiene tras de sí el apoyo parlamentario, decidirá dónde lo entierra.

El Congreso dio luz verde al decreto en un Pleno que retrató a PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, los únicos en abstenerse. Los populares tuvieron una intervención que probablemente no dejará de perseguirlos en el futuro. Su apuesta por aparentar indiferencia y perfil bajo con una abstención se agrietó por tres razones: la diputada Isabel Borrego, encargada de recordar a sus compañeros el sentido de voto, se equivocó y les indicó que votaran en contra, aunque después rectificó ;dos diputados, uno de ellos el expresidente del Congreso Jesús Posada, pulsaron el botón rojo “por error”;y el exministro Jorge Fernández Díaz, que ejerció de portavoz del PP en este debate, se descolgó con una polémica recomendación cuando pidió a los diputados que lean la obra Los presos del Valle de los Caídos, de Alberto Bárcena, que asegura que el monumento no se construyó con trabajos forzados, sino que los presos republicanos se prestaron a esas labores por las condiciones salariales y para acortar su condena. “Son ocho años de investigación”, puso en valor.

El decreto de convalidación sumó 172 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, Compromís, ERC, PDeCAT, PNV, EH Bildu, Nueva Canarias y Coalición Canaria), 164 abstenciones y dos rechazos del PP. La vicepresidenta española, Carmen Calvo, fue la encargada de defender la propuesta y argumentó que “no hay respeto, no hay honra, no hay justicia, no hay paz ni concordia mientras los restos de Franco estén en el mismo lugar que las víctimas”. Recalcó que el Valle fue construido en condiciones inhumanas con mano de obra de represaliados, y puso en evidencia la “anomalía extraordinaria que consiste en tener al dictador en un mausoleo de Estado y un lugar donde puede ser exaltado”. Sánchez valoró después de la sesión que “España da un paso histórico”. “Hoy nuestra democracia es mejor”, sentenció. Los trámites arrancan cuatro décadas después de morir Franco.

La votación tiene una relevancia política indiscutible para Sánchez porque la exhumación es una actuación de gran simbolismo, y con ella pretende pasar a la historia. La votación le dio aire en una jornada para olvidar, marcada por su tesis doctoral. Además, tuvo la satisfacción de que sus apoyos fueron los mismos que en la moción de censura, una mayoría precaria que está por ver si se repite en los Presupuestos por los recelos del PDeCAT y ERC.

El PP y Ciudadanos se quedaron fuera de la fotografía aunque se afanaron en defender que lo hacían por razones de forma, y no de fondo. Se abstuvieron con el argumento de que no es una cuestión urgente que justifique el empleo de un decreto. El exministro Fernández Díaz se pronunció en un tono irónico. “Es urgente exhumarlo 43 años después... Un respeto al sentido común”, lanzó. Desde Ciudadanos, Villegas concedió al resto de grupos que “una democracia no puede tener un monumento que exalta al dictador”, pero igualmente se abstuvo porque no comparte la urgencia y porque el decreto no aborda la reconversión del Valle en un monumento para la concordia. La convalidación del decreto en la sesión de ayer puede dificultar un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, la familia no puede acudir en ningún caso a esa instancia judicial, porque solo están legitimadas las instituciones o un grupo de 50 diputados como mínimo.

opinionesLa nota discordante la puso un reducido grupo de partidarios de Franco en puertas del Congreso, con pancartas que exigían dejar intacto el Valle. También estuvieron los familiares de las víctimas. En el hemiciclo, en la tribuna de invitados, el abogado memorialista Eduardo Ranz no pudo contener las lágrimas. En los próximos meses, se tramitará la reforma de la Ley de Memoria Histórica como proyecto de ley para abrir el foco hacia otras cuestiones como la exhumación de los represaliados que están en las cunetas, la anulación de los juicios franquistas o la retirada de símbolos y calles de la dictadura.

Desde el PNV, Mikel Legarda compartió la urgencia de la exhumación y recordó que el Valle “se construyó para recuerdo y como símbolo de su golpe de Estado, de la dictadura que vino a continuación y de los crímenes cometidos durante su casi medio siglo de duración, y Franco es el único que sin haber muerto en la Guerra Civil se encuentra ahí enterrado”. También aludió a la reforma de la Ley de Secretos Oficiales propuesta por su grupo, que se encuentra varada y permitiría acceder a documentación de la dictadura. Beitialarrangoitia, de EH Bildu, apoyó el decreto pero lo consideró un “mero golpe de efecto”.

El obstáculo más evidente que puede cruzarse en la exhumación es la judicialización por parte de los nietos del dictador. No pueden recurrir el decreto porque solo puede hacerse en el TC, pero sí pueden llevar a la justicia decisiones de menor rango, quizás cuando se señale el nuevo lugar de enterramiento. El Arzobispado de Madrid, por su parte, se limitó a pedir el “mayor consenso posible”, aunque hace días ya aclaró que acataría un mandato legal firme.


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