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Madrid destina 40 millones y apela a la solidaridad de las CCAA para atender a los menores extranjeros

El Gobierno Vasco y la Diputación valoran positivamente el real decreto y abogan por un reparto solidario de las personas atendidas Las comunidades tienen 15 días para presentarse voluntarias

Jorge Napal - Jueves, 6 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Un total de 47 personas de origen marroquí, entre ellos varios menores, esperando ayer en la playa de Bolonia en Tarifa (Cádiz).Editar

Un total de 47 personas de origen marroquí, entre ellos varios menores, esperando ayer en la playa de Bolonia en Tarifa (Cádiz).

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Un total de 47 personas de origen marroquí, entre ellos varios menores, esperando ayer en la playa de Bolonia en Tarifa (Cádiz).Editar

“La idea está sobre la mesa y ahora las comunidades tienen que decir si son solidarias” “A partir de ahora hace falta agilidad en la constitución de los grupos de trabajo” “Priorizamos con ellos el trabajo personal para que logren una inserción social”

solidaridad en albaola

donostia- Tres pilares se han sentado para paliar la saturación de los centros de atención a menores extranjeros no acompañados (menas). El Gobierno central anunció ayer en Madrid un plan de actuación con las siguientes medidas: un presupuesto de 40 millones de euros para la acogida solidaria entre las CCAA, dotar de mayores garantías a los menores que llegan sin referencias familiares y equiparar el modelo de atención en todo el Estado, cuyo peso principal lo soportan actualmente Andalucía, Catalunya, Euskadi y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Italia ha levantado un muro. El paso entre Turquía y Grecia también está sellado, por lo que no es extraño el incremento de flujos migratorios durante este verano. Se ha puesto el foco de atención en los migrantes adultos que buscan reencontrarse con los suyos en el norte de Europa tras su paso por la localidad fronteriza de Irun. El cierre de fronteras ha convertido al Estrecho en un corredor natural, pero esta penosa singladura no solo la cubren los mayores de edad. Según los datos ofrecidos ayer, en el Estado hay un total de 10.000 menores extranjeros no acompañados, una realidad insoslayable que pide a gritos una respuesta, por razones de interés público, social y humanitario.

A día de ayer eran 124 los menores extranjeros no acompañados atendidos en la red de la Diputación Foral de Gipuzkoa, según los datos ofrecidos a este periódico por el Departamento de Política Social. Desde enero de 2018 a agosto, la edad media de los chavales atendidos ronda los 16 años. Del total de notificaciones recibidas en lo que va de año, el 3% son referidas a mujeres y un 97% a hombres, apreciándose un ligero incremento en la llegada de chicas con respecto a los datos del año 2017.

El aumento de personas menores sin referentes familiares es constante desde hace seis años, incluso por encima del registrado en los años previos a la crisis económica. Durante este mes se mantiene la tendencia creciente de julio. La novedad estriba, según apuntan desde el Ejecutivo foral, en que Gipuzkoa ha dejado de ser un lugar de destino para convertirse en territorio de paso, a diferencia de lo que venía ocurriendo años atrás.

El Ejecutivo foral, que ejerce la tutela de los chavales, precisa que de los 561 menores que fueron atendidos en Gipuzkoa el año pasado, solo 70 decidieron instalarse en el territorio. El resto partió hacia Europa. De todo ello se deduce que solo uno de cada diez decide quedarse, si bien esta movilidad no oculta el problema.

No hay más que echar un vistazo a lo que ocurre en Bizkaia, territorio al que llegan los menores extranjeros con el deseo de quedarse. Según datos aportados por el Gobierno Vasco, Euskadi acoge actualmente a 700 menas.

reunión monográficaEn este contexto se celebró ayer en Madrid la reunión de la Mesa de Coordinación Interautonómica. El encuentro fue la respuesta a una de las peticiones realizadas por el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales en la reunión monográfica celebrada el pasado 4 de julio de 2018.

Un repaso a la lista de asistentes ofrece la verdadera dimensión del encuentro, con presencia del Gobierno central, las comunidades, la Fiscalía de Extranjeros y representantes de otros cinco departamentos. Las instituciones de Euskadi estuvieron representadas por la viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Lide Amilibia, y el director de Políticas de Familia y Diversidad del Gobierno Vasco, Ernesto Sainz Lanchares. También asistieron representantes de las diputaciones forales vascas, como Sergio Murillo, Maite Iturrate, Miren Saratxaga y Belén Larrion.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, señaló que el presupuesto de 40 millones de euros destinado a las comunidades responde a una “iniciativa excepcional” -hasta que estén aprobados los presupuestos de 2019- que tendrá una vigencia de seis meses para establecer un reparto de menores equitativo. El real decreto que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros establecerá las normas reguladoras para la concesión directa de estas ayudas para mejorar la atención.

Tal y como explicó la ministra de Sanidad, esta medida permite la posibilidad de que las comunidades autónomas acojan solidariamente a menores de otras regiones. Será, no obstante, una medida de carácter voluntario y contará con la autorización del Ejecutivo que velará por que se cumplan los requisitos de calidad en la prestación de estos servicios.

Las comunidades tendrán un plazo de 15 días para presentarse voluntarias y, una vez cerrada la acogida solidaria entre las regiones y fijado el número de menores por cada autonomía, se procederá al reparto de los fondos que se realizará mediante un anticipo de crédito que después cada CCAA tendrá que justificar. “La idea está sobre la mesa y ahora tenemos un trabajo muy intenso de 15 días en los cuales voluntariamente las CCAA tienen que decir si son solidarias en esta atención que queremos dar de calidad a los niños y adolescentes extranjeros”, indicó la ministra. Durante el encuentro, el Gobierno Vasco pidió “agilidad en la constitución de los grupos de trabajo”, y mayor corresponsabilidad entre territorios. La Diputación de Gipuzkoa, por su parte, reafirmó su compromiso con la atención. “Su dignidad es primordial. Es con ellos con quienes priorizamos el trabajo personal para que logren su inserción social y laboral en el territorio, y de este modo desarrollen su propia trayectoria de vida”, señaló la diputada de Política Social, Maite Peña. El ejecutivo puso en valor la mesa de coordinación. Supone, dijo la diputada, un paso importante para abordar a nivel estatal la situación global de los menores. “Es preciso un reparto solidario de los menas por las comunidades autónomas, porque eso permitirá una mejor inclusión social de los mismos”, expuso Peña.


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