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Biurrun niega que la ley de abusos invada la justicia

La presidenta de lo Social del TSJPV dice que la ley “no busca determinar responsabilidades individuales”

La jueza urge a resarcir a las víctimas policiales y a “conocer la verdad”

Lunes, 3 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Varios bomberos de la Diputación de Gipuzkoa respaldaron la protesta ayer en Donostia pidiendo la readmisión laboral del expreso de ETA Iñaki Igerategi.

Varios bomberos de la Diputación de Gipuzkoa respaldaron la protesta ayer en Donostia pidiendo la readmisión laboral del expreso de ETA Iñaki Igerategi. (Foto: Twitter LAB)

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Varios bomberos de la Diputación de Gipuzkoa respaldaron la protesta ayer en Donostia pidiendo la readmisión laboral del expreso de ETA Iñaki Igerategi.

donostia- La magistrada Garbiñe Biurrun no ve interferencias en la labor de la Justicia y de los jueces en la denominada Ley vasca de abusos policiales entre 1978 y 1999. Ni en el objetivo de la norma ni en el texto aprecia “invasión” de competencias del Gobierno Vasco en las labores propias del poder judicial.

La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) considera que la Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma Vasca aprobada por el Parlamento Vasco en 2016 y recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) un año después por el Ejecutivo español presidido entonces por Mariano Rajoy “nunca ha tratado de determinar responsabilidades individuales” en casos de abusos policiales fuera y dentro de las dependencias policiales.

Esta fue precisamente la principal objeción del Gobierno de Rajoy para presentar un recurso de inconstitucionalidad al entender que la norma vasca se atribuía facultades judiciales a través de una comisión de valoración de víctimas de abusos policiales instituida por el Ejecutivo de Gasteiz.

El argumento del PP, y de algunas asociaciones de víctimas y de policías, sigue siendo que ninguna institución al margen de la Justicia puede investigar hechos criminales. Sin embargo, Lakua subraya que la función de ese grupo de expertos consiste en la valoración de las solicitudes y denuncias de personas afectadas por una vulneración de derechos humanos por parte de funcionarios públicos (Guardia Civil, Policía española o Er-tzaintza) para su posterior admisión o su rechazo. En caso positivo se procederá a su reconocimiento público y a su reparación e indemnización.

Según recoge la norma, la vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política se podrá acreditar con la aportación de resolución judicial o administrativa que reconozca unos hechos ilícitos, que se relacionen causalmente con los daños o la afección a los derechos alegados o, subsidiariamente, en su defecto, por cualquier medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo.

En declaraciones ayer a la agencia Europa Press, Biurrun descartó en esta ley cualquier injerencia “en materias propias del Poder Judicial” y emplazó a “conocer la verdad de lo ocurrido en todos los casos y llegar a saber cómo han actuado los aparatos del Estado español y quién ha tomado tan tremendas decisiones o quién ha mantenido una política de silencio y ocultación, dificultando y evitando incluso el trabajo de los tribunales”.

A juicio de la presidenta de la Sala de lo Social del Alto Tribunal vasco el resarcimiento en todos los aspectos a las víctimas de los abusos policiales es “una asignatura pendiente” y no considera que haya una “invasión de competencias” ni siquiera en la norma recurrida por el Gobierno de Rajoy ante el TC. Con la llegada a Moncloa de Pedro Sánchez el pasado mes de junio, la situación ha variado ya que los gobiernos vasco y español alcanzaron un acuerdo para retirar la impugnación a cambio de introducir algunos retoques en la ley para superar los obstáculos de constitucionalidad. El Gobierno de Iñigo Urkullu aseguró que las modificaciones en ningún caso afectarían a la esencia de la norma. La jueza del TSJPV considera que la ley vasca nunca ha tratado de determinar responsabilidades individuales y cree que lo importante ahora es que tampoco el Gobierno actual lo entiende así, como lo muestra la retirada del recurso, “por lo que todo el mundo debe asumir que no se produce tal interferencia en materias propias del Poder Judicial”.

Tras el acuerdo entre ambos gobiernos y la retirada del recurso, el Gobierno Vasco devuelve el texto al Parlamento para discutir este otoño sobre las modificaciones planteadas. Además de PNV y PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos han mostrado su disposición a aprobar la ley, siempre y cuando los cambios no desnaturalicen la norma. En julio de 2016 fue aprobada con el apoyo de PNV y PSE, la abstención de EH Bildu, que la consideró insuficiente, y la oposición de PP y UPyD, que la consideraron “jurídicamente insostenible”. - N.G.


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