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Editorial

Consenso y realismo

El futuro del sistema de pensiones, uno de los retos más serios y complicados a los que se enfrentan las instituciones y agentes sociales del Estado, requiere de soluciones para las que no existen varitas mágicas

Lunes, 27 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:02h

el futuro del sistema de pensiones es uno de los retos más serios y complicados a los que se enfrenta el Estado español, con el Gobierno central a la cabeza, como responsable único a día de hoy de la competencia en esta materia, pero también el resto de las administraciones, los partidos políticos y los sindicatos y organizaciones empresariales. La realidad demográfica, que arrastra desde hace años un preocupante envejecimiento progresivo de la población, provoca que la relación entre la población ocupada y el colectivo de receptores de las pensiones camine en una proporción inversa que aboca a un escenario de crisis si no se toman medidas correctoras. A las cifras objetivas de personas ocupadas hay que añadirle, además, la evidencia del deterioro de la calidad del empleo a la que se han enfrentado muchos trabajadores en los años más duros de la crisis, que continúa aún en muchos casos, y la realidad que viven los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, con contratos en precario y sueldos bajos. Todo ello redunda en menores ingresos en las arcas de la Seguridad Social. Si a ello añadimos la ineficiente gestión llevada a cabo por los gobiernos del PP, con una utilización banal de las reservas de la caja de las pensiones, el panorama que se presenta es poco alentador, incluso para aquellos que quieren lanzar una visión lo menos pesimista posible. En este escenario, es lógica la preocupación que vive el colectivo de pensionistas, que ha decidido movilizarse para dar la voz de alarma, de forma constante e ininterrumpida en los últimos meses en el caso de quienes se concentran y manifiestan cada lunes. Mañana trasladarán sus reivindicaciones al diputado general, Markel Olano, pero por ahora las competencias en esta materia siguen en manos de Madrid. En Euskadi hay 1,89 trabajadores por cada pensionista, un dato muy inferior a la media registrada en el conjunto del Estado, donde hay 2,17 empleados por pensionista. Estos datos en sí ponen negro sobre blanco la magnitud del problema y, al mismo tiempo, lo complicado de la solución. Es totalmente legítimo reclamar un sistema de pensiones justo y sostenible, en el que la cuantía de la pensión permita a sus perceptores llevar una vida con unos mínimos de dignidad, pero también hay que reconocer que no existen varitas mágicas ni soluciones milagrosas que vayan a surgir de hoy para mañana. La tarea requiere de consenso, tenacidad, generosidad y realismo a muchas bandas.


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