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Jueces y fiscales exigen a Sánchez que asuma la defensa de Llarena

Aluden a la soberanía jurisdiccional de España y acusan al Ejecutivo de “dejación de funciones”

Domingo, 26 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo.

Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo.

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Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo.

madrid- Cinco asociaciones de jueces y fiscales exigen al Gobierno de Pedro Sánchez, a través de un comunicado “en defensa de la soberanía jurisdiccional de España”, que asuma la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la justicia belga por la demanda civil que Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers han planteado contra él. En la nota, que está firmada por la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales, acusan al Ejecutivo español de “dejación de funciones”.

El comunicado se hizo público después de que la vicepresidenta del Gobierno socialista, Carmen Calvo, asegurase que el Ejecutivo defenderá la jurisdicción de España en la demanda civil contra Llarena en Bélgica, pero dejara claro que el amparo legal y el apoyo al juez le corresponde al propio Poder Judicial. Los jueces y fiscales argumentan que “el ministerio ofrece reparos a las conclusiones del Servicio Jurídico del Estado, y condiciona la personación ante la justicia belga a los términos en los que resulte admitida la demanda”.

Los firmantes, además de mostrar su “estupor ante un proceso judicial como el iniciado en los tribunales belgas”, defienden la integridad de los jueces españoles, la independencia del poder judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que no puede ser fiscalizada -directa o indirectamente- por los tribunales de un país extranjero “valiéndose además de cauces que incurren en claro fraude de ley”. “Las asociaciones judiciales y fiscales quieren expresar, en primer lugar, su sorpresa ante lo que solo puede calificarse como una clara dejación de funciones por parte del Gobierno de España”, agrega.

Recuerdan que “en el informe de la Abogacía del Estado de hace tan solo unos días se entendió que concurrían los requisitos contemplados en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado para que España, a través del Ministerio de Justicia, se personase ante los juzgados y tribunales belgas en este asunto”. “La afirmación de que si la jurisdicción española si se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda, el Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España, solo se entiende desde el desconocimiento absoluto de los trámites procesales -o peor aún, desde el propósito de no hacer nada”, explican los firmantes.

Y señalan que “el ordenamiento belga exige que, previamente a la vista que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la demanda, se aleguen -previa personación- las cuestiones que pudieran obstar para la admisibilidad, en particular las de carácter procesal como la inmunidad jurisdiccional o la falta de jurisdicción, de manera que, si no se invocan con antelación, una vez iniciada la vista -y admitida, en su caso, la demanda- ya no podrán ser alegadas”.

opiniones privadasAñaden en la nota que “tampoco cabe entender improcedente la defensa por parte del Estado español del magistrado Llarena ante acciones legales en el extranjero bajo la excusa de que éstas pueden tener causa en opiniones privadas, que ni siquiera se citan”. Asimismo, solicitan del CGPJ que “se adopten las medidas necesarias para materializar la declaración de amparo que realizó en defensa de la independencia de Pablo Llarena. - Efe


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