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Tribuna abierta

Migraciones y política común europea

Por Andoni Pérez Ayala - Martes, 14 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Migraciones y política común europea.

Migraciones y política común europea.

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Migraciones y política común europea.

N o hay día en el que los medios de comunicación no nos proporcionen nuevas noticias, la mayoría de las veces dramáticas, sobre las oleadas -y nunca mejor dicho, dadas las travesías marítimas que han de realizar- de migrantes que llegan a nuestras costas. Los que lleguen, habría que añadir, porque hay que recordar que muchos no llegarán nunca y quedarán sepultados bajo las aguas en esa inmensa fosa marítima en la que se está convirtiendo el Mediterráneo. No se trata de un fenómeno pasajero, producto de una coyuntura ocasional;nos hallamos, por el contrario, ante un fenómeno de carácter estructural, que está conformando un nuevo marco de relaciones en el que nos vamos a tener que desenvolver a partir de ahora.

Conviene tener presente, así mismo, que por más que quienes tratan de llegar a nuestras tierras en busca de un futuro mejor puedan tener orígenes lejanos, la cuestión migratoria no puede resultarnos a nosotros lejana;aunque solo sea por la elemental razón de que nos afecta directamente. La población migrante, que viene experimentando un crecimiento continuado desde hace años, está ya entre nosotros y ha venido para quedarse. Constituye un elemento estructural de nuestra población y previsiblemente, según todas las estimaciones, su peso, tanto en términos cuantitativos como por lo que se refiere a su incidencia en los comportamientos sociales, va a ser creciente. Ya lo está siendo, como los hechos corroboran y los medios de comunicación reflejan como uno de los temas de máxima actualidad.

Se trata, por tanto, de una cuestión a la que es preciso dedicarle la atención que se merece y que requiere, sobre todo, adoptar las decisiones que permitan afrontar los problemas que inevitablemente se derivan de un fenómeno como el de las corrientes migratorias. Partiendo de la premisa de que en este asunto, en particular, no existen soluciones fáciles ni mucho menos milagrosas capaces de zanjar de forma rápida y definitiva el problema. Lo que conviene dejar claro, antes de seguir, para evitar caer en las simplezas que a veces se pregonan ante un tema tan complejo y difícil como este, que no solo no aportan nada sino que para lo único que sirven es para alimentar las posiciones xenófobas y beligerantes en contra de la inmigración.

En cualquier caso, la primera medida que es preciso exigir, aunque pueda parecer sonrojante decirlo, es el cumplimiento de la ley;exigencia que, como es de conocimiento general, no cabe eludir y nos incumbe a todos, pero muy especialmente a las autoridades públicas que, entre sus deberes específicos, tienen el de cumplir y hacer cumplir las leyes. Pues bien, conviene recordar que existen una serie de normas jurídicas en materia de asilo, inmigración y asistencia a náufragos que regulan estas materias y que, sin embargo, las autoridades, tanto las estatales como las de la UE, no tienen ningún inconveniente en incumplir con la mayor naturalidad. Cabe mencionar los Convenios sobre Seguridad Marítima (Solas, 1974) y sobre Búsqueda y Salvamento en el mar (SAR, 1979), la Convención sobre Derecho del Mar (Convemar, 1982), por citar solo los que de forma más directa son aplicables a los casos de náufragos como los que están teniendo lugar últimamente.

La mención expresa de estos textos (y muchos más que se podrían añadir;entre ellos, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951) no responde a ningún alarde de erudición jurídica sino al obligado recordatorio de que existen normas jurídicas precisas (no solo principios difusos) que vinculan directamente a las autoridades de los estados que las han suscrito y cuyo incumplimiento sistemático por parte de estos está siendo la norma general de comportamiento. A lo que podría añadirse el incumplimiento de los propios compromisos de los estados sobre la materia, como el acordado para 2016-17 sobre la distribución entre los estados miembros de la Unión Europea (UE) de los migrantes en suelo europeo: fijado primero en 160.000, reducido luego a 120.000, de los que tan solo menos de 30.000 (menos del 25%) fueron finalmente reubicados en sus lugares de destino. Aquí la proporción fue todavía menor: de los casi 10.000 a los que se comprometió el Estado español, tan solo 1.250 tuvieron acogida efectiva (en torno al 13%).

A la vista de los hechos, no puede decirse que la actitud mostrada por las autoridades estatales haya sido precisamente ejemplar. Y no solo por lo que se refiere a los casos más flagrantes y que mayor proyección mediática han tenido, como el de las autoridades italianas prohibiendo el acceso a sus puertos de los barcos con náufragos rescatados en el Mediterráneo;lo que no es sino una muestra de una situación más generalizada que se extiende, bajo formas diversas, a otros países -Baviera, Austria, grupo de Visegrado: Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia…- que se niegan a aceptar cualquier regulación común en materia migratoria. Una actitud que además de vulnerar las normas vigentes, tanto estatales como de la UE, hace imposible articular el más mínimo atisbo de política común europea en materia de migraciones.

Hay que tener en cuenta, además, que las dimensiones que presentan en la actualidad los movimientos migratorios sobrepasan ampliamente cualquier marco estatal y sitúan la cuestión, y las repuestas a dar, en un marco más amplio, que en nuestro caso no es otro que el de la Unión Europea. Y en este sentido, es obligada la referencia a la reciente cumbre europea de los pasados 28 y 29 de junio en Bruselas, en la que el tema central fue precisamente el de las respuestas a dar a la cuestión migratoria;lo que, entre otras cosas, no hace sino confirmar el papel central que este asunto tiene hoy entre nosotros, los europeos. Aunque, a la vista de los acuerdos alcanzados en ella, solo cabe lamentar que una vez más se haya perdido una buena oportunidad, no ya para dar la solución total y definitiva al problema migratorio, lo que no sería realista, pero sí al menos para fijar unas líneas de actuación claras y vinculantes para todos los países miembros de la UE que contribuyan a encarrilar, sobre bases razonables, la nada sencilla cuestión de la gestión de las migraciones en el momento actual.

No puede resultar satisfactorio, al menos para quienes defendemos la necesidad de políticas comunes europeas en este terreno, que el único acuerdo alcanzado en la cumbre europea sea precisamente para constatar la falta de acuerdo para desarrollar una política común en materia de inmigración. A falta de posiciones comunes desde las que afrontar uno de los principales problemas que tenemos hoy los europeos, como sin duda es la cuestión migratoria, no puede extrañar que el único resultado de la cumbre europea haya sido sentar el principio de voluntariedad en materia de inmigración;es decir, que las autoridades de cada país hagan lo que quieran con sus inmigrantes. Voluntariedad estatal que implica la renuncia a la aplicación del principio de solidaridad, que de acuerdo con los propios tratados constitutivos de la UE ha de guiar las relaciones entre los Estados miembros de la UE, sin que queden excluidas de esta previsión las políticas migratorias.

Independientemente de las decisiones que puedan adoptar las autoridades estatales y las de la UE (aunque estas últimas parece que renuncian a afrontar el problema, escudándose en el descubrimiento reciente del principio de voluntariedad), lo que no ofrece duda alguna es que los migrantes van a seguir llegando a nuestras ciudades. Y que esta cuestión, que se plantea más allá de los marcos estatales existentes a escala supraestatal europea, va a ser (ya lo es) una de las que va a marcar nuestra agenda política -la de todos los países de la UE y la de la propia UE- en los próximos años. Conviene ser conscientes de ello y dedicar al tema la atención que se merece para, al menos, poder tener unas bases en las que asentar una política común europea en materia de inmigración que hasta ahora (el último Consejo europeo del pasado mes es la muestra más patente de ello) no ha sido posible tener;y ello, a pesar de ser una de las áreas en las que más necesarias son las políticas comunes a escala europea.


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