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Varapalo a Llarena

Sábado, 4 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:02h

La justicia

Es muy positivo y a la vez irritable que vayamos a tener muchos más tejados solares y parques eólicos más renovables. Son cada vez más baratos, crean empleo, no emiten gases de efecto invernadero, la dependencia energética y la fuente es infinita.

Las energías fósiles, con efectos sobre el clima y la salud son el pasado. El futuro será descarbonizado y basado en el autoconsumo. En los años cuarenta, pantanos pagados por todos se dieron a compañías hidroeléctricas con concesiones muy baratas que han explotado hasta ahora.

Por cierto, entre 2018 y 2023 caducan casi todas ellas. Sería magnífico que se negociaran esos contratos. Otro tanto pasó con el carbón y la nuclear. Tuvieron ayudas públicas y, sobre todo, tarifas excesivas que les dieron tantos beneficios. La clave es si, de esta nueva revolución, se van a aprovechar los de siempre o nos van a beneficiar a todos, empresas y consumidores, bajando nuestras facturas y mejorando nuestras vidas.

Las autoridades belgas presentan una petición al juez Llarena, para comparecer ante un tribunal de este país, el 4 de septiembre, demandado Puigdemont “por no respetar su derecho a la presunción de inocencia y por no ser imparcial”. El juez decano de Madrid ha juzgado la petición de “improcedente” y no se la cursará. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, “un juez no puede seguir una causa si ha sido demandado por una de las partes”. Argumentará en su respuesta al tribunal belga peticionario que “un juez de otro país no puede entrar a valorar la instrucción de otro por una mera petición de los investigados”. Alguien debería aconsejar a Llarena que se retire de la polémica judicial, pues cualquier iniciativa que toma se convierte en oportunidad para ser revolcado por los jueces extranjeros y en lugar de enjuiciar a Puigdemont va a tener que pedir su indulto a consecuencia de los errores que comete, pues la venganza va a ser su perdición. Ya lo dice el cínico: “Si no sabes cómo salir, evita entrar, pues vas a tener que pedir auxilio a tu enemigo”. Reiterarse en el error como lo hacen los jueces españoles, está logrando poner en su contra a los tribunales internacionales, quizá porque están habituados a que nadie ponga en duda sus sentencias. De todas formas nuestros jueces se deberán sentir confortados al comprobar la defensa numantina de la mayoría de los medios de difusión españoles que sobreviven gracias a los apoyos del Estado. Más que jueces vamos a necesitar un Redentor.

Pero la Constitución en el artículo 117.1 dice que la “la justicia emana del pueblo”. En resumen “se administra” por jueces y magistrados, pero la administración tiene que “emanar del pueblo”. La primera obligación de jueces y magistrados es “de la sumisión del juez al imperio de la ley”. Los poderes de naturaleza política, legislativo y ejecutivo son elegidos periódicamente por los ciudadanos en cambio el poder judicial no lo es.

Por tanto, tiene que justificar que no es su “voluntad particular” sino la “voluntad general” la que se impone con la sentencia que él dicta. La interpretación de la ley tiene que hacerse de manera que resulte inteligible para la opinión pública. No es imprescindible que la comparta, pero sí lo es que no le repugne. El juez tiene que conseguir que la ciudadanía acepte su independencia e imparcialidad en el proceso de administración de justicia.

Pedro Mari Usandizaga Añorga


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