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Apresados en un limbo socio-sanitario

El incremento de reclusos con patología mental sigue siendo un problema no resuelto por las instituciones

Jorge Napal - Domingo, 22 de Julio de 2018 - Actualizado a las 16:01h

De la realidad penitenciaria aflora un problema que sigue sin ser abordado, al que la psicóloga Amaia Lasheras pone nombre y apellidos: limbo socio-sanitario. "Cada vez nos encontramos con más perfiles de personas que padecen un trastorno mental sin diagnóstico, o que quizá teniéndolo, deben aguardar seis meses para cumplimentar los requisitos de la Ley de Dependencia. Se hayan entre dos mundos, sin atender, algo que no puede ocurrir cuando su situación reclama a gritos una solución inmediata". Las asociaciones que trabajan con estas personas se encuentran ante la tesitura de no saber muy bien qué hacer con ellas durante ese eterno compás de espera. El número de personas con patología mental que cumple condena en prisión no deja de crecer. "Estamos ante un problema grave", alerta Lasheras.

Reinserción en entredicho

Roberto conoce a la perfección lo que se cuece de puertas adentro. "No veo reinserción por ninguna parte. En la cárcel la gente se droga, aumentan los problemas mentales ". El donostiarra ha sido un interno en PPS, abreviatura con la que se designa a los usuarios que se incluyen en el Programa de Prevención de Suicidios. Es decir, él acompañaba a los reclusos con idea de quitarse la vida. Amaia se sorprende: "Para que luego hablen mal de los presos. Resulta increíble que tengan que ser ellos mismos quienes realizan esa tarea".

Roberto asegura que ha visto a compañeros provocándose cortes en el brazo, intentando quitarse la vida con una soga al cuello. "También me ha tocado atender a personas desesperadas que se han tomado de golpe todas las pastillas de la semana y todas las que han conseguido. Ante esas situaciones tan extremas, los funcionarios te dicen que no son sanitarios, que ellos no están preparados y que no les pueden tocar. Pero son momentos en los que hace falta actuar. A mí me ha tocado tener que poner a un recluso en posición fetal para evitar que se ahogara tras sufrir una sobredosis".

Sorprende el relato de Roberto, imaginarlo salvando la vida de un compañero con el único conocimiento médico de "un curso en el que apenas aprendes nada". Amaia denuncia el actual modelo penitenciario. "No hay más que escucharle a Roberto para ver que no funciona. Hace falta gente más especializada. Además, deberíamos preguntarnos cómo es posible que España sea uno de los países con más presos mientras tiene una de las tasas de delincuencia más bajas", reflexiona.

Roberto pasa a hablar de su situación personal. Fue condenado por la comisión de siete delitos por robo. Una época que ya ha quedado atrás, en la que estuvo muy enganchado a la pasta base de cocaína (PBC), que tarda entre ocho y doce segundos en llegar al cerebro, donde su actuación es inmediata.

A partir de ahí se desata la dependencia, y el resto de consumo del cigarrillo es desesperado, compulsivo, hasta el punto de preparar otro antes de que el que está en la boca se consuma del todo. Así, en un bucle sin fin. "No tenía antecedentes penales. Cometí los delitos por la situación en la que me encontraba, pero me llama la atención los años de cárcel que me cayeron en contraste con la cuantía económica que me impusieron (2.020 euros) en concepto de responsabilidad civil para compensar a la víctima por los daños causados. Hay una desproporción abismal".

Los miembros de Arrats explican que los condenados que no tienen medios económicos para hacer frente a las cuantías impuestas pagan con días de cárcel. Comentan entre ellos lo poco que se valora la privación de libertad de una persona. "Siempre depende de cada juez, pero de media suelen ser unos seis euros los que vienes a pagar por cada día de prisión".


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