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El soberanismo pide al Estado un giro en la causa del ‘procés’

Los abogados de los presos exigen a la Fiscalía que retire el delito de rebelión, y al Supremo que los libere

Míriam Vázquez - Sábado, 14 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:03h

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, con el president Torra, ayer

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, con el president Torra, ayer (EFE)

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El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, con el president Torra, ayer

Donostia- El soberanismo catalán cree que la decisión de la justicia alemana sobre la extradición de Puigdemont, que descarta la existencia de un delito de rebelión porque no hubo violencia en el procés más allá de incidentes aislados, pone en bandeja al Estado la posibilidad de rebajar las acusaciones contra los políticos presos y decretar su libertad provisional. El de rebelión era el principal delito que había señalado el juez Llarena, pero Alemania no lo ve y, además, lo descarta en el caso concreto del supuesto cabecilla, el expresident Puigdemont, de manera que juzgar a sus subordinados por ese delito sería una paradoja y podría quebrar el principio de igualdad. Los abogados de los presos comparecieron ayer de manera conjunta para anunciar una ofensiva en el Tribunal Supremo, donde presentarán un recurso la semana que viene para reclamar la libertad provisional de nueve encarcelados, entre los que se encuentran el exvicepresident Oriol Junqueras y los líderes sociales del independentismo, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. También piden que la Fiscalía rebaje la acusación. Hoy mismo recorrerá Barcelona una manifestación donde participará el president Torra para realizar una demostración de fuerza.

Este marcaje se produce en puertas de que el Ministerio Público formule su escrito. En las últimas jornadas han sido constantes los rumores que apuntan a que los fiscales van a revisar a la baja los delitos, en consonancia con el deshielo a nivel político entre los gobiernos español y catalán, hasta tal punto que la fiscal general Segarra tuvo que salir al paso para desmentirlo. El juez Pablo Llarena podría complicar cualquier rebaja si decide recurrir la decisión alemana ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para ganar tiempo y abrir la puerta a recuperar la acusación por rebelión. También se especula con que retire la euroorden. El Gobierno de Sánchez, por su parte, ha adoptado un perfil bajo y respeta la decisión de Alemania, dando por hecho que Puigdemont va a ser juzgado en España aunque sea por malversación, y sin considerar, por tanto, la opción de retirar la euroorden. La acusación popular de Vox sí pide retirar la orden, y el PP presiona a Sánchez para que la Fiscalía haga lo propio y no permita un juicio light al independentismo en el Estado.

“no se justifica la cárcel”En este contexto, ayer comparecieron de manera conjunta los abogados Xavier Melero (Joaquim Forn), Marina Roig (Jordi Cuixart), Jordi Pina (Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull), Andreu Van den Eynde (Oriol Junqueras y Raül Romeva), Mariano Bergés (Dolors Bassa) y Olga Arderiu (Carme Forcadell). Los letrados pedirán la semana que el Supremo decrete la libertad provisional. “No han cometido ningún delito que justifique que estén en prisión”, argumentaron. Aunque la decisión alemana no tiene una repercusión directa en sus procedimientos, “debería mover a la reflexión” al tribunal y los fiscales. “Sería una buena oportunidad para rebajar los planteamientos” por parte de la Fiscalía, según explicaron. Además, Jordi Pina anunció que ya ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante el juez Llarena contra lasuspensión de los cargos electos, porque su inhabilitación cautelar se había producido por la acusación de rebelión y ese delito debe ligarse a bandas armadas y organizaciones terroristas.

Los letrados también destacaron un dato relevante. Algunos de los presos solo están procesados por rebelión y no por malversación, como sucede con los Jordis y Carme Forcadell, de manera que, si se retirase la rebelión, no pesaría sobre ellos ninguna acusación que comporte penas de cárcel. Los abogados aseguraron que su apuesta supone que ganen tanto el Estado como los encarcelados, porque los presos quedarían en libertad y la justicia española recuperaría parte del prestigio perdido. La comparecencia conjunta perseguía escenificar también un cierre de filas de los abogados para desmentir que algunos de ellos contemplen un pacto con los fiscales a cambio de reconocer los delitos. Pidieron la puesta en libertad de los presos para no dificultar su derecho a la defensa.

la visión del governLos soberanistas miden al milímetro su presión sobre Sánchez, con quien han abierto una vía de diálogo que no tenían con Rajoy. No quieren trasladar la impresión de que los pasos que pueda dar la justicia son un pago al PDeCAT y ERC por su apoyo en la moción de censura. Saben que esa lectura sería letal para Sánchez y frenaría cualquier avance. No obstante, ayer trascendieron unas palabras del vicepresident Pere Aragonès que en algunos ámbitos se entendieron como una intención de condicionar la aprobación de los Presupuestos estatales a la situación de los presos. El Ministerio de Hacienda español lo desmintió, aunque la negociación en otoño va a coincidir con una etapa importante en el proceso judicial.

El president Torra, por su parte, volvió a pedir ayer la libertad de los presos durante la presentación de la memoria económica de 2017 en Catalunya. “Con la decisión del tribunal alemán cae un relato ficticio del Estado español. ¿A qué espera España para ponerlos en libertad?”, se preguntó. La portavoz Elsa Artadi aseguró que es un “buen momento” para que la Fiscalía aproveche la “oportunidad” y dé “un giro” en su postura en el juicio. En una entrevista concedida a Efe, pidió a la Fiscalía “un planteamiento nuevo sobre qué hacer con la causa” porque “todo el mundo que vive en Catalunya sabe que no hubo rebelión”.

Por otro lado, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, llamó ayer a participar en la manifestación por los presos para enviar un mensaje al Gobierno de Sánchez: “No aceptamos ni prisión, ni exilio ni extradición”. En una entrevista concedida a Europa Press, aseguró que Alemania ha hecho caer toda una instrucción “basada en falsedades”.

el despacho, en barcelonaEn pleno debate sobre los próximos pasos de la justicia española y el destino de Carles Puigdemont, ayer se conoció que la oficina que la Generalitat va a poner a su disposición en calidad de expresident se va a situar en Barcelona. Puigdemont, que se encuentra en Alemania, tendrá su despacho en el Palau Centelles de la capital condal, según informó ayer El Periódico. Es el mismo edificio donde tienen su sede el Consell de Garanties Estatutàries y el Institut d’Estudis de l’Autogovern. En cualquier caso, aún es toda una incógnita dónde establecerá su residencia el expresident, pendiente de las decisiones judiciales.

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