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Gobiernos central y vasco esperan desbloquear en julio el conflicto sobre la ley de víctimas de abusos policiales

Loza explica que la solución pasaría por "adaptar" la norma para facilitar la retirada del recurso de inconstitucionalidad

EUROPA PRESS - Miércoles, 4 de Julio de 2018 - Actualizado a las 19:00h

El delegado del Gobierno español en la CAV, Jesús Loza.

El delegado del Gobierno español en la CAV, Jesús Loza. (Foto: Efe)

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El delegado del Gobierno español en la CAV, Jesús Loza.

VITORIA. Los gobiernos central y vasco esperan alcanzar este mes un acuerdo sobre la modificación de ciertos aspectos de la ley vasca de abusos policiales, con el fin de facilitar la retirada del recurso de inconstitucionalidad presentado el año pasado por el Ejecutivo del PP contra esta norma, según ha informado el delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, tras una reunión mantenida en Vitoria con el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Loza, en declaraciones a los medios de comunicación tras su encuentro con Urkullu, ha destacado que el objetivo de ambas administraciones es buscar "el máximo consenso posible" en las cuestiones que afectan a Euskadi y al conjunto del Estado español.

Uno de los asuntos abordados en la reunión entre ambos dirigentes ha sido la situación de la conocida como ley de abusos policiales, una norma aprobada en 2016 por el Parlamento Vasco y en la que se contemplan medidas de reconocimiento y reparación para las personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre 1978 y 1999.

Algunos aspectos de esta ley, aprobada en 2016 con el apoyo del PNV y el PSE-EE, permanecen suspendidos de forma cautelar por el Tribunal Constitucional (TC), que adoptó esta medida ante el recurso presentado por el Gobierno central del PP contra esta normativa.

La suspensión del Tribunal Constitucional afecta a ciertas partes de la ley que regulan el funcionamiento de la comisión de valoración que prevé esta normativa, como órgano encargado de analizar las peticiones de reparación presentadas por las víctimas de abusos policiales. El TC considera que la creación de este organismo plantea un "riesgo de interferencias" con la acción de la Justicia.

"PREOCUPACIÓN"
Loza ha explicado que tanto a él como al lehendakari les "preocupa" la situación en la que se encuentra esta ley, dado que la "paralización" a la que se ha visto sometida debido al recurso del anterior Gobierno impide que las personas que han sido víctimas de abusos por parte de las fuerzas policiales puedan ser "reconocidas y compensadas".

Por ese motivo, ha confiado en lograr una "solución", algo que espera que se pueda producir este mes, puesto que "el tiempo aprieta". El delegado del Gobierno ha explicado que el "desbloqueo" de este problema pasaría por efectuar ciertas "adaptaciones" en la ley vasca, con el fin de facilitar la retirada del recurso presentado en su día ante el Tribunal Constitucional.

POLÍTICA PENITENCIARIA
En el encuentro entre Loza y Urkullu también se han abordado asuntos como el de las posibles modificaciones en la política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA o la transferencia a Euskadi de las competencias previstas en su Estatuto de Autonomía pero que aún siguen en manos del Gobierno central.

Aunque ambas cuestiones ya fueron debatidas por Urkullu y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en su encuentro de la semana pasada, Loza ha reiterado la disposición del Ejecutivo central para mantener "informada" a la Administración autonómica sobre las medidas que vaya a adoptar en el ámbito de la política penitenciaria.

Loza, que ha subrayado que la "discreción" en este ámbito resulta "fundamental", ha afirmado que "las cosas están bien orientadas" y, ha anunciado que "en un plazo breve" se podría producir algún movimiento en este campo.

En el ámbito de las transferencias pendientes, Loza ha reiterado que su papel es "subsidiario", puesto que el "protagonismo" de las negociaciones sobre este asunto es del Gobierno Vasco y del Ejecutivo central.
En la reunión de este miércoles, Loza y Urkullu han coincidido en la conveniencia de suscribir un "pacto institucional" para dar una respuesta adecuada al fenómeno de la migración.

Loza ha afirmado que el Ejecutivo vasco "ya está trabajando" en la preparación de dicho pacto, y ha afirmado que la vasca es una sociedad "solidaria" que puede servir de "ejemplo" sobre la importancia de abordar este fenómeno desde una perspectiva de "solidaridad" y de respeto a la "dignidad" de las personas.


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