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se le requerirá diversa documentación

La macrooperación por amaños de tráfico salpica al Ayuntamiento de Gasteiz

EFE - Martes, 3 de Julio de 2018 - Actualizado a las 11:02h

La Policía Nacional ha desalojado el Ayuntamiento de Teruel de la mayor parte del personal para registrar las dependencias municipales en el marco de la marcrooperacion abierta contra la corrupción en consistorios de varias comunidades autónomas por posi

La Policía Nacional ha desalojado el Ayuntamiento de Teruel de la mayor parte del personal para registrar las dependencias municipales en el marco de la marcrooperacion abierta contra la corrupción en consistorios de varias comunidades autónomas por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico (EFE)

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La Policía Nacional ha desalojado el Ayuntamiento de Teruel de la mayor parte del personal para registrar las dependencias municipales en el marco de la marcrooperacion abierta contra la corrupción en consistorios de varias comunidades autónomas por posi

La macrooperación policial que tiene lugar hoy en varias comunidades autónomas por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico afecta al parecer también al Ayuntamiento de Gasteiz, al que se requerirá diversa documentación.

GASTEIZ. Según informa la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad barcelonesa de Badalona ha ordenado la entrada y registro en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para completar la investigación sobre la empresa Aplicaciones Gespol, S.L. (integrada actualmente en el grupo Valoriza servicios medioambientales).

Esta habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local.

En concreto, ese juzgado de Badalona ha autorizado la práctica de entradas y registros en los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lleida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

Además, el juzgado ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación, que deberán ser cumplimentados en presencia de la Policía, en Vitoria, así como en la Diputación de Alicante y en los siguientes municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandia, Logroño, O'Grove y Sant Vicent del Raspeig.

El dispositivo, en el que participan 580 policías, está a cargo de la UDEF y "se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal".

Según la Fiscalía, los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la Administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Se trata de la "Operación Enredadera" y el juzgado de instrucción ha declarado secretas las actuaciones.

Además, fuentes cercanas a las investigaciones han explicado que las pesquisas se iniciaron en este juzgado y se extendieron después a municipios de otras provincias españolas, en relación con una trama que presuntamente manipuló licitaciones en ayuntamientos para adjudicar aplicaciones informáticas de gestión del tráfico rodado.

En el centro de esta trama estaría la empresa Aplicaciones Gespol, perteneciente al Grupo Sacyr, que comercializa productos para la regulación del tráfico que pueden detectar las infracciones de los vehículos en los semáforos, según las mismas fuentes, que han adelantado que se prevé la detención diversos cargos técnicos de los consistorios investigados, aunque no de cargos electos.


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