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Tribuna abierta

Quién nos protege de los tribunales

Por Iosu Perales - Domingo, 1 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:03h

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Jueces y juezas con sus sentencias, son responsables de la enorme desafección entre ciudadanía y sistema judicial español. Son ya demasiadas las sentencias y fallos que la gente no comprende, lo que es tanto más grave siendo que los tribunales las dictan en nombre del pueblo. Desde luego, las juezas y los jueces, al igual que la actividad política, están sujetos a la crítica pública. La justicia la ejercen seres humanos con sus virtudes y sus defectos. Y en el caso español los defectos tienen nombres: mentalidad patriarcal, simpatía con el autoritarismo, conservadurismo y percepción de la libre expresión como amenaza, entre otros. Muchas de las juezas y jueces no están preparados para captar el sentir de la sociedad e interpretar el código penal de acuerdo con parámetros de una justicia actualizada. La sociedad ha avanzado más rápidamente que ellos. Además, actúan con frecuencia con soberbia y una vocación de ejercer política.

De hecho hay jueces y juezas que parecen saber muy poco de cómo es y evoluciona la sociedad a la que se deben. Su incapacidad para contextualizar hechos es muchas veces lamentable, incluso alarmante. Me pregunto si tienen conciencia de que algunas de sus decisiones desatan alarmas sociales que afectan a la convivencia y a la relación con las instituciones, e incluso a la confianza en la democracia. En cuestiones de género hay jueces y juezas patriarcales, subdesarrollados y que por lo tanto están prejuiciados de antemano. De hecho la cultura machista impregna el sistema judicial de tal manera que lo hace también culpable. Cierto que muchas veces el propio código penal no da respuestas apropiadas, es un problema y hay que cambiarlo;pero los jueces y juezas con demasiada frecuencia también lo son en la medida que lo usan inadecuadamente.

Que la sentencia ya dictada contra La Manada reconozca en la narración de los hechos la existencia de una agresión sexual continuada para en el momento de la calificación el tribunal quedarse en abuso, es una contradicción flagrante, insultante, que golpea en primer lugar a la víctima, y en segundo término a las mujeres, pero también a toda la sociedad. Es por ello que el movimiento feminista tiene razón cuando dice que ante la ausencia de una justicia justa emanada de los tribunales se impone la necesidad de una justicia social y feminista. Es la que piden multitudes en las calles. ¿Cómo podemos sentirnos seguras y seguros con tribunales que estando llamados a cuidar a la ciudadanía, la desprotegen? Por cierto, terrorismo es aquello que produce terror, ¿no creen de verdad que la víctima pudo estar aterrorizada?, ¿no hubo terrorismo en ese portal?

La calificación de abuso al hecho de que una mujer es conducida a un portal por cinco tipos, prácticamente secuestrada, aunque sea sin empujones, pero sí con malicia y engaño, y la agreden sexualmente y la violan uno tras otro hasta 18 veces mueve a la indignación. Hay violencia e intimidación en ese portal en el que se produce un acto de terrorismo. Terrorismo son las prácticas que producen terror, ¿no cree de verdad el tribunal que ha juzgado a La Manada, que la víctima pudo estar aterrorizada, siendo por consiguiente víctima de terrorismo?

Hay voces que dicen que hay que respetar el auto por el que se deja en libertad provisional a La Manada. Como muchísima gente yo no lo acepto y pienso que el exhorto tiene trampa. Este auto me parece sencillamente descabellado, legal, pero peligroso por el mensaje que resulta de ella. Viene a decir a las mujeres “protéjanse ustedes mismas”. Leyendo los fundamentos, me resisto a considerarlos de valor jurídico, más bien parecen opiniones de cafetería. Dice el auto que la pérdida de anonimato de los cinco individuos hace impensable que vayan a reincidir. Pero, ¿qué solidez tiene semejante argumento, cuando la historia de la delincuencia y más en delitos de género, nos dice con frecuencia lo contrario? ¿Es que se supone que todas las mujeres y toda la sociedad podemos reconocer a estos salvajes en cualquier calle de cualquier ciudad? El mismo simplismo se observa cuando señala que los cinco de la manada tienen prohibido pisar Madrid, siendo que es la víctima la perjudicada, al quedar encerrada en una jaula llamada Madrid, pues podría encontrarse con cualquiera de ellos en otra ciudad.

¿La justicia es igual para todos o es un menú a la carta según quienes sean los condenados? ¿Los tipos de la manada no ofrecen riesgo de fuga y los presos políticos catalanes sí? ¿Urdangarin puede elegir la cárcel y a los presos políticos catalanes se

En realidad todo el auto es un despropósito alejado del sentido común. Ciertamente la justicia ha sido arrastrada por los suelos. Creo que puede decirse que la puesta en libertad de La Manada es un desafío a la calle, a la ciudadanía. Y, en particular, una afrenta al feminismo.

Hay que ejercer el derecho a disentir a un auto que me parece un disparate, y un disparate no se puede aceptar. En este punto, las voces corporativas que tratan de que comulguemos con ruedas de molino, deberían ser prudentes. Créanme, los jueces no son Dios. Yo soy de los piensan que hay jueces y juezas brillantes, pero que hay muchos que no están preparados para la profesión en el siglo XXI, y necesitan urgentemente una formación de género. Así que dejen de hacer llamamientos patéticos a que creamos en la justicia por acto de fe y hagan mejor su trabajo. La judicatura también debe ser fiscalizada por la sociedad y escrutada, criticada y denunciada si es el caso

La libertad sexual es un bien jurídico a proteger. Y la puesta en libertad de La Manada va en dirección contraria. He aquí algo inexplicable: antes de la sentencia permanecieron en prisión y, ahora, con las condenas ya dictadas y a la espera de que sean firmes, se les pone en libertad. ¿No es cierto que es ahora cuando pueden tener realmente la tentación de huir? Dice el auto que eso no es posible por carecer de recursos. Pero en cosa de horas cada uno ha encontrado 6.000 euros para pagar la fianza. Dictar justicia es interpretar las leyes a la luz de las necesidades de la sociedad, algo que en este caso no ha ocurrido. En este punto no puedo menos que hacer una comparativa.

¿La justicia es igual para todos o es un menú a la carta según quienes sean los condenados? ¿Los tipos de la manada no ofrecen riesgo de fuga y los presos políticos catalanes sí? ¿Urdangarin puede elegir la cárcel y a los presos políticos catalanes se les destierra lejos de sus domicilios? Cómo vamos a entender la aplicación de la justicia ejercida por personas que no dan el nivel de tranquilidad que la sociedad necesita. El caso de Altsasu es paradigmático. Decenas de miles de personas se han manifestado más de una vez exigiendo una justicia proporcionada a los hechos. No se pide impunidad para los autores de la agresión a los guardias y sus parejas. Yo tampoco la pido. Pero igualmente exijo proporcionalidad. La mujer agredida y violada por la manada en Iruña vivió un tiempo de terror, pero no ha habido acusación de terrorismo. Pero la trifulca de bar de Altsasu si es calificada de manera extremadamente grave, para dar un cauce judicial a la venganza.

En su momento, Joaquín Galve, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, además de manifestar su apoyo al ya famoso juez machista Ricardo González ha llamado ”turba” a la ciudadanía que se manifiesta en contra de la sentencia primero y ahora también del auto. Es grave que un magistrado desconozca el derecho de libertad de expresión y manifestación o al menos no lo respete. Lo que me da pie para decir que el estado de derecho es una construcción humana, no las leyes de Moisés grabadas a fuego en una lápida. Así pues, ¿qué ocurre si el derecho y sus guardianes, los jueces y magistrados, que son pilar del Estado, nos fallan de manera manifiesta? O peor aún, ¿qué sucede si el derecho con sus leyes es en realidad una camisa de fuerza incapaz de dar respuestas a una sociedad evolucionada y moderna? Caben tres tipos de respuesta: a) aceptar la inmutabilidad del derecho vigente y obedecerlo aun cuando sea injusto;b) modificarlo de manera diligente por la vía democrática para que se ajuste a los intereses de la sociedad;c) adoptar la desobediencia civil como alternativa pacífica y democrática, cuando la reforma de las leyes no sea posible por la negativa de quienes detentan una mayoría para hacerlo, y las sentencias judiciales sigan siendo motivo de divorcio entre sistema judicial y sociedad.

Quiero recordar que la desobediencia civil es parte de un Estado democrático y se practica en sociedades maduras que procesan sus conflictos desde la aceptación que las leyes e instituciones, por ejemplo judiciales, nos pueden “fallar”, aceptando que haya espacios pacíficos de contestación de la sociedad civil con el fin de impedir que lo injusto prevalezca y las leyes se corrijan al servicio del interés de la ciudadanía. John Rawls define la desobediencia civil como “un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno” apelando al sentido de justicia de la sociedad, todo ello cuando consideramos que los poderes constituidos no respetan los principios de justicia. Y lo cierto es que algunas sentencias son manifiestamente injustas.

Ocurre que estamos viviendo una época siniestra en la que actos de desobediencia civil pueden ser tildados de actos terroristas y quienes se manifiestan en las calles como turbas. La pérdida de norte es una hipótesis a la hora de juzgar a ciertos poderes en el Estado español, pero más bien pienso que se trata de una operación calculada o no de construcción de libertades e involución de la frágil democracia en la que vivimos. La pregunta es pertinente: ¿Quién nos protege de los tribunales?

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