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Editorial

Opiniones en vez de pruebas objetivas

Los recursos de la Fiscalía contra las sentencias de la Audiencia Nacional en los casos de Altsasu y los jóvenes de Errenteria y Beasain revelan un empeño por mantener vivo el fantasma de ETA con un fin punitivo de carácter geográfico

Viernes, 15 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:03h

el recurso de la Fiscalía a la sentencia de la Audiencia Nacional que descartó que la agresión a dos agentes de la Guardia Civil en Altsasu fuera un delito de terrorismo para insistir, precisamente, en que fue un acto de terrorismo y reclamar de nuevo penas de entre 12 y 62 años para ocho jóvenes es solo un despropósito más en el cúmulo de despropósitos que jalonan este montaje policial y judicial. Pero la Fiscalía va más allá, y también presenta recurso por el mismo motivo contra la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso de los cuatro jóvenes guipuzcoanos (tres de Errenteria y uno de Beasain), que descartó el delito de terrorismo y les imputó el de desórdenes públicos por los incidentes al término de una manifestación en Pamplona. Los recursos del fiscal José Perals, el mismo en ambos casos, trata malamente de colar a la desesperada las siglas de una ETA que ya ha desaparecido, retrocediendo décadas para mantener el montaje de la tipificación penal de terrorismo. En el caso de Altsasu, el juicio puso en evidencia la falta de pruebas objetivas que pudieran demostrar las acusaciones y la participación de los jóvenes en los hechos juzgados, las argumentaciones de la Fiscalía solo inciden en ese contexto de imaginativas creencias del fiscal sin aval probatorio alguno. Alegar que ETA se ha disuelto por la puesta en marcha de este procedimiento judicial contra ocho jóvenes de Altsasu, como afirma la Fiscalía como argumento, no solo es una falsedad objetiva demostrable por los hechos de los últimos diez años, sino que sitúa en toda su crudeza la falta de pruebas que avalen haber trasladado este caso a juzgar a la Audiencia Nacional, incluso que avalen el relato de los hechos de la propia sentencia de la Audiencia Nacional que les condenó a penas de 5 a 10 años de cárcel. En el caso de los jóvenes guipuzcoanos, pese a que el tribunal ya estableció en su fallo que actuar al amparo de una organización terrorista “es más que compartir fines”, el fiscal persiste en una construcción argumental que mira al pasado para convertir los desórdenes públicos de aquella jornada en una “herencia” a las órdenes del “entramado” de ETA y, por consiguiente, en un delito terrorista. Resulta escandaloso este empeño de la Fiscalía por mantener vivo a toda costa el fantasma de ETA con un fin punitivo de carácter geográfico, porque los mismos delitos a un lado u otro del río Ebro se tipifican de distinta forma.


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