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PNV y Bildu pactan que el estatus respete el “principio de legalidad”

Podemos y PSE critican su acuerdo pero rechazan el encargo de redactar el título competencial

Míriam Vázquez - Jueves, 24 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Los representantes de Elkarrekin Podemos, con Lander Martínez a la derecha, ante el paso de los parlamentarios de EH Bildu.

Los representantes de Elkarrekin Podemos, con Lander Martínez a la derecha, ante el paso de los parlamentarios de EH Bildu. (efe)

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Los representantes de Elkarrekin Podemos, con Lander Martínez a la derecha, ante el paso de los parlamentarios de EH Bildu.

Donostia- El preámbulo del nuevo estatus de autogobierno que han pactado PNV y EH Bildu y que fue presentado ayer en la Ponencia incluye varias alusiones explícitas al principio de legalidad y un enganche concreto para actualizar el marco siguiendo los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico: la vía de los derechos históricos reconocidos en la Constitución española y el Estatuto de Gernika. A pesar de ello, tanto el PSE como Elkarrekin Podemos los acusaron de desbordar la legalidad. En el caso de la coalición morada, se da la paradoja de que el párrafo sobre el derecho a decidir que se incluye en la propuesta del PNV y EH Bildu es prácticamente palabra por palabra el que planteó Elkarrekin Podemos en su documento inicial, donde asegura que el estatus será resultado de la libre decisión de los vascos expresada en referéndum y a través de sus representantes en el Parlamento.

El PNV ha mantenido esa redacción tal cual porque la pactaron en las conversaciones a tres mantenidas la semana pasada, aunque la coalición de izquierdas decidió desmarcarse y ha planteado un voto particular a la totalidad de la propuesta. Además, en el texto de ocho puntos, dos de ellos se dedican al pacto social y la igualdad entre hombres y mujeres, pero Podemos cree que su presencia es anecdótica y que el nuevo estatus es identitario. La coalición morada siempre ha compartido la idea de blindar el autogobierno, pero ahora matiza que el modelo de Estado no se puede cambiar desde un Parlamento autonómico, y plantea negociar con Madrid una Ley de Claridad de inspiración canadiense para decidir en un referéndum. Toda reforma estatutaria prevé ya una consulta final de ratificación y pasar antes por el Congreso de los Diputados.

En la reunión de la Ponencia de Autogobierno celebrada ayer en el Parlamento Vasco, el PNV presentó el preámbulo, donde se apuesta por invocar los derechos históricos para actualizar el autogobierno y conseguir el blindaje de las competencias y una relación bilateral, de carácter confederal, con el Estado. El preámbulo ya ha quedado cerrado con el rechazo de Elkarrekin Podemos, PSE y PP, y será enviado en unos meses a un grupo de juristas, cuando termine el debate sobre todos los títulos. En el documento, se conjugan el principio de legalidad y el principio democrático, para que la decisión expresada por los vascos tenga un valor normativo relevante. El siguiente punto que se va a debatir es el Título Preliminar, partiendo de la propuesta de síntesis de EH Bildu, donde se abre la puerta a regular en una ley posterior la nacionalidad vasca, “habida cuenta del carácter plurinacional del Estado”, sin que ello suponga que exista una discriminación por nacionalidad ni que un ciudadano pueda ser privado arbitrariamente de ella. Fuentes del grupo aseguraron que es una propuesta de base con ideas de todos, que no está pactada con nadie y que no es definitiva. El PP reveló hace unos días que ese punto es del PNV.

Se intentará llegar a un acuerdo para el miércoles. Después se abordará el Título I, el reparto competencial. La intención era hacer un encargo rotatorio y que le tocara a Elkarrekin Podemos, pero fuentes parlamentarias aseguraron que tanto la coalición moradacomo el PSE y el PP declinaron. Le tocará otra vez al PNV. EH Bildu prevé ya que los dos grupos aber-tzales tengan que asumir la redacción de todos los textos por la incomodidad que genera el debate al resto de partidos, con adscripción en Madrid.

El preámbulo considera que la aprobación del estatus será en sí mismo el ejercicio del derecho a decidir, con lo que no detalla un procedimiento de referéndum para decidir sin límites en el futuro sobre escenarios como la independencia, una mención que había sugerido EH Bildu en los primeros compases de la ponencia.

DERECHOS SOCIALESEl preámbulo se divide en ocho puntos, y solo en el capítulo sobre la violencia hubo un voto particular de EH Bildu. Se mantiene la mención a Euskal Herria como pueblo vasco asentado en siete territorios, pero dejando claro una vez más que corresponden a realidades institucionales diferentes (la CAV, Nafarroa e Iparralde). Se concreta de manera expresa que el estatus se refiere únicamente a la comunidad autónoma, es decir, a Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. Además, la redacción es muy escrupulosa con la voluntad de los ciudadanos navarros y de Iparralde. Contempla la posibilidad de establecer relaciones, pero “siempre desde el máximo respeto a la voluntad de sus instituciones respectivas y atendiendo a la normativa sobre la materia de los distintos territorios y Estados, así como de la Unión Europea”.

El documento apuesta por “el reconocimiento formal de los derechos sociales, económicos y culturales” de los vascos, y asume “el compromiso de hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en todos los órdenes de la vida”, y erradicar toda forma de violencia contra la mujer.

Plantea actualizar los derechos históricos y encarrilar este proceso atendiendo “al principio de legalidad”. “No obstante, el respeto a la legalidad no debe provocar la vulneración del principio democrático. Un principio que exige dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca”, concluye. Los grupos abertzales confían en que la entrada en escena de los juristas abra el debate sobre los conceptos que ahora demonizan los partidos estatales.

Podemos presentó un voto discrepante donde asegura que la propuesta “desborda completamente el actual marco jurídico” y “no respeta la pluralidad de identidades”. Reprocha al documento cuestiones que tienen que ver con el lenguaje (que aluda varias veces a los derechos históricos, y no tanto a la ciudadanía) y que “rebaje” lo social. Como cuestión de fondo, pide una Ley de Claridad. Desde el PSE, Pastor coincidió en que el texto es una “síntesis entre las diferentes visiones del nacionalismo”. El popular Sémper compartió los argumentos. Desde EH Bildu, sin embargo, Maddalen Iriarte vio un paso importante. El jeltzale Joseba Egibar puso en valor el acuerdo, aunque confió en que esa mayoría se ensanche. “Seguiremos actuando bajo ese principio”, dijo. Cree que la propuesta pasaría la criba del Constitucional por el enganche de los derechos históricos, y defendió el principio democrático.

voto particular

Violencia. El único voto particular que planteó EH Bildu se refirió a la lectura del pasado y las décadas de violencia, un asunto que cree que debe abordarse en la Ponencia sobre Memoria y Convivencia. El PNV aludía a la Guerra Civil, la dictadura, el terrorismo de ETA y los contraterrorismos ilícitos, todos ellos violencias injustas. EH Bildu asegura en su propuesta que la violencia “ligada al conflicto político” ha producido un “grave sufrimiento”, y concibe el nuevo estatus para asentar una cultura democrática basada en los derechos y el “destierro definitivo del uso de la violencia política para dirimir nuestras diferencias políticas”.


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