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La derecha española abre la guerra de las lenguas para recuperar el poder perdido

UPN, PP y C’s promueven el enfrentamiento lingüístico en Navarra, Valencia y Baleares

Ibai Fernandez - Lunes, 21 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Vista general de una de las áreas del último Nafarroa Oinez, celebrado en octubre de 2017 a beneficio de Tantirumairu Ikastola de Lesaka.

Vista general de una de las áreas del último Nafarroa Oinez, celebrado en octubre de 2017 a beneficio de Tantirumairu Ikastola de Lesaka. (Foto: Javier Bergasa)

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Vista general de una de las áreas del último Nafarroa Oinez, celebrado en octubre de 2017 a beneficio de Tantirumairu Ikastola de Lesaka.

Pamplona- Hay muchas cosas que tienen en común Navarra, Baleares y la Comunidad Valenciana. Tres territorios marcadamente plurales, con diversidad identitaria y dos lenguas propias. Las tres hacen frontera con comunidades mayoritariamente nacionalistas con las que mantienen importantes vínculos históricos y culturales, algo que genera recelo en una parte importante de su población. Desde 2015 tienen además gobiernos socialmente progresistas y transversales en lo identitario. Y la derecha, que históricamente ha gobernado con comodidad en las estas regiones, está hoy en la oposición agarrada a la batalla lingüística como estrategia para recuperar el poder en 2019.

Son muchos los paralelismos que se pueden tejer en la historia reciente de las tres comunidades. Las fuerzas nacionalistas tradicionales han evolucionado hacia organizaciones más sociales y menos marcadas en lo identitario, como Geroa Bai, Compromís o MÉS, que han logrado muy buenos resultados, llegando incluso a gobernar. La irrupción de Podemos ha facilitado los cauces de diálogo con el resto de las fuerzas progresistas, permitiendo que las dos corrientes sumaran fuerzas hace tres años para desplazar a la derecha del poder en torno a un programa de reconocimiento de la pluralidad y de regeneración social y democrática. Un éxito electoral al que también ha contribuido el desgaste de la derecha por los distintos casos de corrupción o irregularidades administrativas que han llevado a los tribunales a expresidentes de las tres comunidades.

Tres gobiernos de autonómicos que, junto con las alcaldías de las principales ciudades, con Barcelona y Madrid a la cabeza, representan el vuelco electoral que se produjo en España en 2015. Un cambio que no logró tener su traslación al Gobierno del Estado, y que ahora sobrevive en medio de una corriente recentralizadora que, a la sombra del conflicto catalán, está impulsando a Ciudadanos a lo más alto de las encuestas con un programa antagónico.

En definitiva, tres ejecutivos autonómicos, dos liderados por el PSOE y uno por Geroa Bai, que son objetivo de la derecha política española, que con el apoyo mediático de grandes grupos de comunicación trabaja para recuperar en 2019 el poder territorial perdido. Y que en Navarra cuenta además con el apoyo del PSN, la única de las tres federaciones socialistas que está en la oposición.

La lengua como atajoLa vía elegida en todos los casos ha sido la misma: promover el conflicto identitario y la confrontación de lenguas azuzando el miedo a la pérdida del puesto de trabajo o a la exclusión. “Seremos parias en nuestra tierra”, repite habitualmente el líder de UPN, Javier Esparza. Un argumentario muy similar al que utilizan los portavoces de la oposición en Valencia y Baleares, donde es habitual escucharles hablar de “imposición lingüística” exagerando la realidad o descontextualizando los datos.

Lo ha sido así en el caso de Navarra, donde cualquier decisión del Ejecutivo foral ha sido elevada a la categoría de “imposición” del euskera. Los impresos bilingües en los trámites con la Administración Pública, la ampliación de la zona mixta a los municipios que mayoritariamente lo han solicitado, rótulos en los que se lee Navarra-Nafarroa a la entrada de la Comunidad, el derecho a estudiar en el modelo D en la zona no vascófona y, por supuesto, cualquier convocatoria de oferta pública de empleo.

Se ha insistido así en que en Navarra es imposible lograr una plaza si no se conoce el euskera y que la lengua será obligatoria para que las empresas puedan trabajar con la administración. Afirmaciones falsas desmentidas con los hechos. Porque la ley lo único que exige es un plan de formación para los empleados que deban atender al público y que voluntariamente quieran aprender euskera. Y porque en la última OPE de Salud el euskera puntuó un máximo de 2,73 puntos sobre 100, cuando el inglés o el alemán lo hicieron en 2 puntos. 0,73 de diferencia que da prueba del nivel de imposición real.

Más ambiciososEs evidente que en Navarra se han dado pasos en el ámbito lingüístico. Entre otras cuestiones porque se partía del absurdo de que en toda la comunidad no hay ni una plaza de bibliotecario con requisito en euskera, a pesar de que buena parte del material de consulta está en esa lengua. O porque había una requisitos mínimos que atender en relación con un idioma que el Gobierno anterior había intentado invisibilizar todo lo posible.

Los pasos dados, sin embargo, quedan lejos de los que se han dado en la Comunidad Valencia y en Baleares, ambas gobernadas por el PSOE, y donde el idioma es requisito, no un mérito. En esta última, contar con un nivel básico de catalán es requisito para que los médicos puedan promocionar internamente o para tocar en la orquesta sinfónica de la comunidad, lo que le ha generado duras críticas a Francia Armingol (PSOE).

En Valencia, en cambio, la polémica ha venido de la mano del modelo educativo del Gobierno liderado por el socialista Ximo Puig. El Ejecutivo valenciano ha eliminado la exención de conocer y estudiar el valenciano en las zonas históricamente castellanohablantes, y ha aprobado una ley de plurilingüísmo que fija en la educación de todos los escolares un mínimo del 25% de horas lectivas para el valenciano y el castellano, y de entre un 15% y un 25% para el inglés.

Ataques de la derechaLas medidas adoptadas en ambas comunidad, al igual que en Navarra, han propiciado una virulenta respuesta de la oposición. Tanto que el próximo 2 de junio coincidirán dos manifestaciones a la misma hora en Pamplona y en Valencia con el mismo objetivo, convocatoria similar a la que el pasado febrero tuvo lugar en Palma de Mallorca “contra la imposición del catalán”.

En Valencia, el PP ha calificado de “dictadura lingüística” la actuación del Ejecutivo autonómico. Considera que se persigue el “adoctrinamiento catalanista” y un “’procés’ valenciano”. E incluso ha vinculado las denuncias por los casos de corrupción a que los miembros del Gobierno autonómico “no quieren que Valencia esté al nivel de Barcelona”. En las islas, mientras, el PP ha denunciado que “es más importante saber catalán que medicina” y que se está “catalanizando la educación”.

La disputa ha saltado ya al ámbito nacional. Rajoy ha anunciado un recurso al Tribunal Constitucional contra la norma lingüística de la Generalitat por la “imposición del valenciano”. El portavoz del PP, Rafael Hernando, habla directamente de “adoctrinamiento” en las aulas de Valencia y Baleares. Mientras que Ciudadanos habla ya de prohibir por ley que la lengua cooficial sea requisito para ser funcionario.

Las lenguas cooficiales se han convertido así en eje vertebrador de la confrontación prácticamente desde el inicio de la legislatura en los tres territorios. Una tensión política que ha subido varios todos en los últimos meses, amplificada por determinados medios desde Madrid, y que irá a más conforme se acerquen las fechas de las próximas elecciones. Con la economía en auge y las coaliciones progresistas cohesionadas, que el eje identitario se imponga al social es la última carta que le queda a la derecha para recuperar el poder autonómico perdido en 2015.


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